Si te preguntaran qué es lo que hace un contralor ¿sabrías qué contestar? Quizás tienes una idea general de su trabajo, pero en realidad, para un cargo de tal importancia, es bastante poco conocido. En parte, puede que se deba a la atmósfera de independencia que rodea al cargo, lo que hace que generalmente los contralores sean reservados y rara vez entreguen declaraciones a los medios.
Cómo no, si tienen uno de los trabajos más importantes y delicados del país: liderar a la Contraloría General de la República. Este organismo es autónomo, es decir, que goza de independencia para el ejercicio de sus funciones y no depende de ningún poder del Estado (así que no le pide permiso a nadie). Además, es el máximo ente fiscalizador de la administración pública y entre sus funciones están:
- Fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, las municipalidades y otros organismos.
- Llevar la contabilidad general de la Nación.
- Ejercer control sobre la legalidad de los actos de la Administración.
Para hacerse una idea de cómo trabaja, veamos algunos casos en que su accionar apareció en la prensa:
En el 2009, la Contraloría sancionó al ex subsecretario de Cultura, Arturo Barrios, con tres meses de suspensión en cargos públicos. ¿El motivo? Se demostró que estaba usando un vehículo fiscal para fines personales. El 2012 fue acusado por lo mismo el ex Seremi de Gobierno de la Región de Los Lagos, Claudio Mansilla, pero a él le descontó el 5% de su sueldo.
¿Se acuerdan del caso de Yasna Provoste? La entonces ministra de Educación durante el primer mandato de Bachelet –y actual diputada por Atacama– fue destituida el 2008 y se le prohibió ejercer cargos públicos durante cinco años, por un informe de la Contraloría, que resultó en una acusación constitucional en su contra. En este informe se demostró que alrededor de $260 mil millones en subvenciones escolares no estaban adecuadamente respaldados.
El 2013 hizo noticia un descubrimiento de la entidad fiscalizadora, en el que acusó a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas de arreglar concursos públicos para favorecer los nombramientos de funcionarios de confianza. Al final los cargos se mantuvieron, pero sentó un precedente para que existiera mayor rigurosidad en las demás elecciones.
Harto trabajo, ¿no? Por eso llama la atención que la cabeza de la institución esté vacante. De hecho, lleva casi siete meses disponible y la última vez que tardó tanto su designación fue en la administración anterior de Bachelet. Ahí pasaron nueve meses hasta que llegó alguien al cargo, sin embargo, antes había sido elegido con relativa rapidez (en no más de 30 días).
Esto ocurre porque no existe un plazo definido para elegir a un contralor una vez terminado un período. Pero como decía el Chapulín Colorado: “que no panda el cúnico”, porque la subcontralora, Patricia Arriagada, ha estado subrogando el sitial que dejó Ramiro Mendoza en abril de este año.
Mendoza, quien ocupó el puesto de contralor desde el 2007, terminó los ocho años que dura la gestión con una positiva evaluación. Y es que su trabajo estuvo marcado por un sello de imparcialidad, reflejo de su carrera cercana al mundo académico/jurista y lejana de la arena política. Esto quedó demostrado cuando no tuvo pelos en la lengua al decir en su última cuenta pública –en medio de los estallidos de los casos Penta, SQM y Caval- que “la corrupción ha llegado”.
De todos modos, algunos creen que no es sano que un puesto de tanta importancia esté siendo subrogado durante tanto tiempo. Sobre todo en medio de una crisis de credibilidad en las instituciones.Y parecía que la ausencia de contralor iba a llegar a su fin el mes pasado, cuando finalmente se dio a conocer al candidato de la Presidenta Bachelet para ocupar el cargo. Pero las cosas no salieron como se esperaba y ahora están viendo un plan B.
Enrique Rajevic había sido el elegido por la Mandataria para suceder a Ramiro Mendoza. El abogado de la Universidad Católica y cercano a la Democracia Cristiana, se desempeñaba como asesor en el Ministerio de Vivienda en el momento de su designación.
Precisamente, uno de los principales impulsores para su nombramiento fue el ministro del Interior, Jorge Burgos (militante DC). Incluso, fue él quien lo propuso a la Presidenta y, según su entorno, esto fue para que alguien de su confianza ocupara el cargo de contralor.
Sin embargo, la decisión final tiene que ser ratificada por el Senado. Así que durante un poco más de un mes, el ministro del Interior mantuvo un diálogo constante con los parlamentarios para conseguir los 22 votos necesarios para su aprobación. De hecho, la votación se aplazó 30 días para tener más tiempo de convencer a los senadores clave. El ministro contaba con conseguir algunos votos de la oposición, por la conocida cercanía de algunos senadores de la Alianza al candidato.
A medida que se acercaba la fecha de la elección, se podía notar la tensión en la Moneda. Y es que varios cuestionamientos surgieron en contra de Rajevic, la mayoría de ellos apuntando a su cercanía con el Gobierno; algo que podría problemático para un cargo que está llamado a fiscalizar, entre otras cosas, al mismo Ejecutivo.
Además, se le acusó desde de mantener contratos con el Gobierno por más de $20 millones, hasta de "no pagar su beca del doctorado", si bien esta acusación se refería más bien a no haber cumplido con ciertos plazos que imponía su beca para trabajar en el sector público, situación que, según su explicación, había sido por razones de causa mayor, notificada oportunamente y aceptada por el CDE, que en teoría había dado de baja el caso.
La razón de fondo para su rechazo, sin embargo, tuvo más que ver con cierta resistencia al interior de la Nueva Mayoría, debido a su vínculo con la Democracia Cristiana. Finalmente todo eso terminó pasándole la cuenta y su designación fue rechazada en el Senado el pasado 14 de octubre con 21 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones.
La noticia no fue bien recibida en la Moneda y se le consideró incluso como una derrota política. Ahora algunos proponen que el próximo contralor sea alguien que ya esté haciendo carrera en la institución, mientras que el Gobierno anunció a los presidentes de los partidos oficialistas que se encuentra trabajando en una nueva nómina para sugerírsela a la Presidenta.
Sin embargo, esta vez Burgos no presentaría un nombre (¡auch!) y a diferencia de la designación anterior, ahora el candidato saldría dentro de un grupo de nominados –los que aún se desconocen-. Esto, ya que al parecer Rajevic habría sido la única carta que se barajaba en el reciente proceso que terminó con un final “amargo”, según el mismo ministro del Interior.