* Luego de meses, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca desmunicipalizar la educación pública en Chile. Ahora será evaluada por la Comisión de Educación. Te dejamos aquí un artículo que escribimos hace un tiempo, aclarando los objetivos de esta iniciativa impulsada por el gobierno.
Un lápiz, un papel y la firma de la Presidenta Michelle Bachelet abrieron las puertas al proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, donde ya no serán más las municipalidades, sino el Estado, el sostenedor de las escuelas públicas de país.
Esta devolución de la administración al Estado, será gradual y en un plazo de seis años, para asegurar un cierre adecuado y un traspaso exitoso. La idea es hacerlo con un "Plan de Transición" que buscará mejorar el sistema actual previo al traspaso (para que no queden en el aire todas esas generaciones de estudiantes que se graduarán en el sistema actual), y que suscribirá convenios entre el MINEDUC y las municipalidades.
"La calidad de las escuelas y liceos ya no dependerán de cómo le vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo el país. Así, vamos a dar el soporte necesario para garantizar que en cada rincón de Chile exista una propuesta educativa de calidad”, dijo la mandataria.
El financiamiento provendrá directamente del Presupuesto Nacional y la asignación de los recursos considerará los lugares donde existan más necesidades.
La Ministra de Educación, Adriana Delpiano afirmó que "todos los países donde Chile se mueve y son sus contrapartes, los de la OCDE, los de América Latina, tienen una educación pública fuerte, del orden del 80% a 90%, y nosotros con esto aspiramos también a tener una educación que marque estándar y dé calidad en todas las comunas del país".
La iniciativa, que hoy mismo comenzará a ser revisada por la Comisión de Educación, señala como principales objetivos el reforzar la calidad de manera integral, a través de proyectos educativos colaborativos, participativos, inclusivos, diversos, laicos y gratuitos.
Busca también asegurar el derecho al acceso, potenciar los talentos y capacidades de los estudiantes, y situar a la escuela y comunidades educativas en el centro de la política pública, dando espacios para que éstas últimas puedan participar de la discusión y construcción de estrategias para potenciar la educación.
Las escuelas públicas están en manos de las municipalidades, desde 1986. El financiamiento lo reciben del Estado, que paga un monto por cada alumno que asiste a clases en cada colegio. También, dependiendo de la vulnerabilidad de los alumnos y otros aspectos, el establecimiento puede recibir otras subvenciones.
Los colegios son administrados por el alcalde y las DAEM (Dirección de Administración de Educación Municipal), mientras el Estado fiscaliza la asistencia, el uso adecuado del dinero y mide resultados, mediante el SIMCE, principalmente.
¿Los principales problemas? El cambio en la descentralización fue drástico y traspasó las responsabilidades a personas poco expertas en educación, sin darles las herramientas necesarias para hacerse cargo. Por otra parte, los alcaldes administran muchas cosas en sus comunas y no todos priorizan la educación.
Además aumentó la desigualdad de la educación a nivel general, en gran parte porque los municipios con más ingresos aportan dinero extra a sus colegios, mientras otros se endeudan para mantener funcionando sus colegios, pues se argumenta transversalmente, que el dinero que otorga el gobierno central no alcanza para todas las obligaciones que se deben cumplir.
Quienes defienden la administración municipal apuntan a que la falta de calidad no depende del sistema en sí mismo, sino de la falta de recursos por el modo de financiamiento y de otros factores como los docentes, el currículum, las metodologías, etc. Otros apuntan a que se debiese intervenir a aquellos municipios donde no funciona bien, pero permitirles seguir a quienes han tenido éxito.
El nuevo sistema que ha propuesto el gobierno volverá a centralizar la administración y dejarla en manos del Estado, pero para llevarla a cabo existirán 4 entidades a cargo de la educación pública para todas las escuelas del país:
1. Ministerio de Educación
A cargo del diseño de las políticas educativas del país, de la orientación de éstas y de las innovaciones educativas, y del apoyo a través de su estructura territorial y personal a los establecimientos públicos del país a través de los Servicios Locales de Educación (SLE).
2. Dirección de Educación Pública
Organismo dependiente del MINEDUC que debe coordinar a los SLE, fomentando su trabajo en red. Además ha de garantizar que éstos impulsen la mejora de la calidad en los establecimientos que agrupa y propone la "Política nacional de fortalecimiento de la educación pública". Se agrega a sus funciones la distribución de los recursos.
3. Servicios Locales de Educación (SLE)
Estas entidades descentralizadas combinarán dos funciones para la gestión escolar: administrativa-operativa de los establecimientos y de acompañamiento técnico-pedagógico. Tendrán recursos provistos por Ley de Presupuestos y serán 67, agrupando en promedio cinco comunas, a cargo de un mínimo de 8.000 alumnos y un máximo de 200 colegios.
4. Consejos Locales de Educación
Su función es asesorar y colaborar activamente con el director de la SLE, representando los intereses de las comunidades educativas y locales, a fin de que se consideren las necesidades particulares en cada territorio.
Cada consejo estará compuesto por representantes de estudiantes, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados pertenecientes a consejos escolares; un representante del gobierno regional; un representante del Centro de Formación Técnica de la región; un representante de la Facultad de Educación de una Universidad acreditada por cuatro años o más; y los alcaldes y alcaldesas cuyas comunas estén insertas en la red del Servicio Local de Educación.
Los extremos norte y sur del país serán los primeros en experimentar los cambios que trae el nuevo sistema desde el 2017,y al 2022 debería estar implementado por completo en todas las regiones. Según informa el Gobierno, será Magallanes la primera donde se establecerá un SLE, con un plazo de ingreso entre el 1 de enero al 30 de junio de 2017.
Luego le seguirá Atacama, con dos SLE, donde uno de ellos tiene plazo de ingreso desde el 1 de junio del mismo año. La Metropolitana, que tendrá 16 SLE, será la más numerosa y el primero ingresará a principios de enero de 2018, indica La Tercera.
Los objetivos del proyecto suenan bien, y de tener los efectos que el gobierno plantea, podría ser un gran paso para la educación escolar; pero apenas aprobado por la Presidenta y mientras se revisa el proyecto, ya han surgido críticas que invitan a tener en cuenta algunos aspectos.
- Podría aumentar la burocracia y disminuir la localidad
Desde la oposición se comentó principalmente los problemas que podría traer la centralización. Mario Olavarría (UDI), alcalde de Colina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile comentó que al concentrar la educación en agencias dependientes del MINEDUC, podría afectar la gestión sobre los colegios, porque generará "burocracia, cuoteo político y lejanía del lugar donde se toman las decisiones". Este último aspecto también debido a que los SLE administrarán colegios en varias comunas.
"No es obvio que las fórmulas que se han presentado ahora signifiquen una mejor calidad", comentó Jaime Bellolio (UDI).
- Cambios al sistema de financiamiento
Como les explicábamos, las subvenciones a los colegios funcionan por asistencia, donde el Ministerio paga a los establecimientos un monto por cada alumno que asiste a clases. Aunque el nuevo sistema fija un presupuesto específico, no cambia el modo de financiamiento, lo que generó algunas críticas de parlamentarios y personas expertas en educación.
Aunque algunos defienden la idea de controlar la asistencia de los alumnos, varios comentan que el hecho de que la subvención dependa de ella no asegura la calidad, hace competir a las escuelas en condiciones desiguales, agregando que además sería "absurdo" que el Estado se subsidie a sí mismo. Son los comentarios de Jaime Gajardo, presidente del Colegio de profesores, la diputada Cristina Girardi (PPD) y Camila Vallejo (PC), presidenta de la Comisión de Educación.
En todo caso, según informa El Mercurio, el cambio en el financiamiento está considerado y será parte de un segundo proyecto de ley.