En los últimos años hemos visto a jueces que se han transformado en protagonistas de decisiones importantes para las políticas públicas del país. Hemos sido testigos de tribunales que utilizan como supuesto el que las tomas de los colegios son un hecho lícito, de Cortes que paralizan proyectos energéticos y de magistrados que en sus fallos entregan opiniones sobre cuál debiera ser el mejor sistema de salud debiéramos adoptar.

En ocasiones, este tipo de decisiones se encuentran justificadas en reglas aprobadas por el Congreso. Lamentablemente, las excepciones abundan. Casos como Castilla y Pitronello demuestran que es posible que las convicciones personales de algunos jueces excluyan las decisiones adoptadas mediante leyes. 

Este tipo de sentencias plantean preguntas relativas a la posición que ocupan -o deben ocupar- los jueces dentro del sistema democrático. ¿Qué metodologías deben utilizar los jueces para diferenciarse de los parlamentarios en la toma de decisiones? ¿Hasta qué punto es legítimo que los tribunales revisen los actos de órganos elegidos como el Presidente de la República y el Congreso? ¿Cuáles son los límites de los poderes protegidos bajo la independencia de los jueces? 

Una aproximación para tratar estas preguntas, es lo que un tipo de literatura denomina como “activismo judicial”. Esta literatura tiene una pretensión empírica (detectar casos activistas) y también normativa (criticar las sentencias). La crítica a los jueces desde esta perspectiva no tiene por objeto refutar los contenidos de las sentencias, sino que se dirige en contra de la legitimidad y la falta de capacidad de los magistrados al condicionar los resultados de sus sentencias por criterios que no fueron adoptados democráticamente. En consecuencia, si algunos críticos utilizan la denominación de “activismo judicial” para denunciar comportamientos judiciales que simplemente no comparten, deben abandonar el lenguaje del “activismo”.

En el plano empírico, la ciencia jurídica contemporánea entrega herramientas para detectar los casos de activismo con relativa objetividad. Si bien existen diferencias en torno al mejor tipo de indicadores, parece haber cierto acuerdo en que las metodologías deben ser cualitativas. 

Con el objeto de identificar si casos como Castilla o Pitronello son verdaderos ejemplos de activismo judicial, recientemente publicamos “Activismo Judicial en Chile. ¿Hacia el Gobierno de los Jueces?”, donde intentamos entregar bases teóricas consistentes al análisis aplicado de numerosos casos chilenos.