Paralelo al auge de las investigaciones por corrupción relacionadas a Penta o SQM, se conocieron antecedentes de irregularidades al interior del Ejército. Distintas aristas pero con un problema en común: la poca o nula fiscalización que tiene la institución militar en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de la ley reservada del cobre, que más adelante te explicaremos, ni siquiera la Contraloría o el Congreso tienen acceso a revisar a qué se destinan los recursos recibidos.

Con toda esta libertad, no faltaron los pillos que se quisieron pasar de listos. El problema es que el dinero que se llevaron a sus bolsillos es de todos los chilenos. Cierto, no son buenas noticias, pero no es nuestro estilo quedarnos en eso, pero sí lo es el poder explicarles de qué se trata el asunto y poder tomarlo como una oportunidad para volvernos un país más transparente, donde no se acepten los abusos de poder.

Aquí les preparamos un especial para que puedan entender de forma simple de qué rayos se tratan los casos que tanto aparecen en la prensa.

Milicogate

El caso de más repercusión pública. En resumen, el fraude se desarrolló así: un coronel del Ejército (Clovis Montero) se junta con un cabo (Juan Carlos Cruz) para darle una misión que nada tenía que ver con la seguridad del país: el cabo, coludido con su superior, debía ir hasta un proveedor de repuestos de vehículos militares (Francisco Huincahue) para comprar ficticiamente unos productos para el Ejército. El proveedor recibió el dinero y emitió las facturas.

Obviamente, los artículos nunca se vendieron. Todo estaba acordado con anticipación. Tras falsificar las firmas de la orden de compra, los tres artífices de la estafa se llevaron una tajada de la plata. ¿La gravedad? Su fraude al fisco generó pérdidas de más de 5 mil millones de pesos al Ejército , dinero que correspondía a la Ley Reservada del Cobre.

Esta ley se creó en 1958, bajo el gobierno de Carlos Ibañez del Campo. La última modificación fue en 1985, donde se estableció que el 10% de los ingresos anuales de Codelco deben ser dirigidos a las Fuerzas Armadas. Al ser una ley reservada, los recursos no están sujetos a la fiscalización del Congreso ni la Contraloría. Es decir, el Ejército no está obligado a explicar en qué gasta este dinero. Por eso nadie externo al Ejército se percató del fraude.

El tesorero del Ejército, Samuel Poblete, revisó la orden de compra utilizada para la estafa. Todo estaba perfecto, pero vio un pequeño detalle: uno de los firmantes era Pedro Ferrer, por esos días Coronel, y que aparecía firmando como Teniente Coronel. A Poblete le pareció extraño y llamó a Ferrer, quien le aseguró jamás haber firmado ese papel. Decidieron investigar lo sucedido. Así nació Milicogate.

Una Tesorería en sospecha

La Tesorería del Estado Mayor General del Ejército (uf, largo nombre) es un pilar fundamental en el organismo. Y también, según un informe de la Contraloría, está bajo sospechas de irregularidades. Se asegura que existe un desorden preocupante y falta de control en algunos movimientos de platas, principalmente licitaciones, que salieron de esta Tesorería. En síntesis, el problema más recurrente fue no avisarle a Contraloría sobre varios contratos millonarios que firmaron con empresas privadas, tal como lo pide la ley.

Existen dos aristas principales en la investigación. La primera, tiene relación con viajes en avión por parte de funcionarios sin documentos de respaldo ni justificación. El Ejército se defiende diciendo que fueron viajes imprevistos. La Contraloría asegura que los viajes tenían como destino ceremonias y actos programados con antelación.

La segunda arista importante es un contrato firmado con Entel para la instalación de internet en dependencias del organismo, a cambio de $449 millones el trienio. La normativa vigente dice que después de firmar un contrato que supere las 5 mil UTM el Ejército debe informar a Contraloría. En este caso fueron casi 11 mil UTM y la Contraloría nunca se enteró.

El Ejército aseguró que no hubo pérdida de dineros fiscales, que tras las investigaciones iniciaron sumarios internos para determinar los errores en los procedimientos y que cambiarían los protocolos que fueran necesarios para que esto no se vuelva a repetir.

Comandante en Jefe y su patrimonio inexplicable

Juan Miguel Fuente-Alba fue comandante en Jefe del Ejército entre 2010 y 2014. Recibió el sueldo más alto de la institución, que al terminar su mandato ascendió a $ 3,5 millones líquido. En el caso hipotético que el General hubiese ahorrado el 100% de su sueldo en su periodo como máximo jefe de la institución militar, al finalizar hubiese obtenido una recaudación de $168 millones aproximadamente.

Sin embargo, según datos que maneja la Fiscalía Centro Norte, Juan Fuente-Alba tendría un patrimonio de más de tres mil millones de pesos, entre propiedades, autos y cuentas bancarias. De hecho, analizando sus ingresos en los 44 años de servicio que tuvo, los números no concuerdan. Es por esto que la fiscalía investiga al militar en retiro (R) por presunto enriquecimiento ilícito.

Tratando de explicar el origen del dinero, la investigación encontró varias formas de enriquecimiento. Fuente-Alba presuntamente se dedicaba, asociado con el dueño de una concesionaria de Audi, a comprar vehículos a precio de costo para luego venderlos al precio normal. La diferencia de la llevaba el General (R).

Otra extrañeza que se investiga es la compra y venta de casas, departamentos y terrenos que mantenía desde 2005 Fuente-Alba con algunos familiares (entre ellos sus tres hijos). En pocos años un mismo departamento era comprado por Fuente-Alba, vendido a uno de sus hijos, recomprado por el general, vendido nuevamente a otro hijo, para ser otra vez adquirido por el ex comandante en jefe. Se presume que sea una acción para justificar ingresos inexplicables y evitar declaraciones e impuestos de recursos que no tienen un origen claro.

La investigación pretende determinar también si parte del dinero del general salió de la ley reservada del cobre.

¿Y ahora qué?

Como vemos, todos estos casos se originan debido a la poca fiscalización que tienen las Fuerzas Armadas de nuestro país, pues sólo existe una fiscalización interna. Pero como bien nos enseñó el Milicogate, es "fácil" que el fraude se desarrolle, y es estamos hablando de mucho dinero, el que además es un aporte del Estado.

Este hecho lamentable, a fin de cuentas, abre la posibilidad de discutir y repensar el aporte que se entrega a las Fuerzas Armadas, desde los montos hasta el destino de éstos. Y también, aunque la noticia no sea agradable y pueda causar decepción, es una buena oportunidad para integrar a las instituciones militares a las fiscalizaciones, como todos los organismos que reciben dinero estatal y desarrollar mejores herramientas de transparencia, que le devuelvan la confianza a los ciudadanos. Que estos casos no se presten sólo para individualizar culpables, sino que se miren con perspectiva, para que, por consecuencia de un análisis serio, mejore la institucionalidad.