Si usted piensa que los mapuche reclaman por la ocupación de los conquistadores españoles o que desean que el Estado les devuelva todo el sur del país, está equivocado. Y si cree que la violencia representa el sentir mayoritario de los indígenas, se equivoca también. Lo invitamos a leer este artículo para entender el origen del conflicto y exactamente qué pide este pueblo de parte del Estado.

Cada vez que hay fuego y llamas, se vuelve a encender también en el país el debate sobre lo que pasa en la Araucanía. Culpas van y culpas vienen cuando se habla de las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado, mientras los hechos que se ganan las portadas de los diarios, huelgas, atentados y asesinatos, donde los mapuche son víctimas o victimarios, nos recuerdan que hay deudas pendientes.

¿Por qué no se ha podido solucionar estos desencuentros? Es una cuestión que se viene arrastrando por siglos y que no ha sabido encontrar su estabilidad, con visiones muy encontradas y, sobre todo, donde no ha habido un diálogo fecundo. Algunos ignoran el problema y prefieren mirar a otro lado, otros asignan culpas sin entender bien y otros proponen medidas insólitas.

Para aclarar un poco de qué se trata este mal llamado "conflicto" mapuche, intentamos simplificar un caso que ha sido bastante complejo. Aquí les contamos su historia y desarrollo.

La raíz del problema: ocupación de las tierras

Poco tienen que ver en el caso actual los conquistadores españoles siglos atrás. La conquista española y la guerra generaron un trauma en el pueblo mapuche, como en todos los pueblos indígenas del continente, debido a la imposición cultural y el arrebato de tradiciones y cultura de sus ancestros, pero la responsabilidad no recae en esos hechos.

Como nos aclara el historiador Juan Carlos Painequeo, en la época colonial, hubo un momento en el que se hacían tratados entre autoridades e indígenas, se organizaban parlamentos donde los líderes de ambas partes dialogaban y se respetaba el territorio a través del establecimiento de una frontera, donde se les asignó a los mapuche una autonomía política y geográfica.

Las reivindicaciones que clama hoy el pueblo mapuche se remiten, en realidad, al siglo XIX. El problema actual con las tierras tuvo su origen en la década de 1860 por la ocupación de la Araucanía o también la mal llamada "Pacificación" de la Araucanía, una medida que utilizó el Estado para consolidar su soberanía en esta zona considerada rebelde, que dividía al país en dos y amenazaba la consolidación de la Republica. Esto, intensificado por el aparecimiento del francés Orélie Antoine de Tounens, quien se autoproclamó Rey de La Araucanía y de La Patagonia, declarando esos territorios bajo protección de Francia con apoyo de algunos lonkos locales. Además, otra razón de justificar la ocupación fue el aprovechamiento de las tierras de manera más productiva. El general Cornelio Saavedra estuvo al mando de esta operación.

El ejército ocupó el territorio del sur y, junto con eso, vino la colonización de los extranjeros alemanes, italianos y otros, donde paulatinamente se fueron reduciendo las tierras del pueblo mapuche, hasta quedar con un 5% de su territorio tras una radicación que terminó en 1929.

¿Qué pasó con las tierras ocupadas? Algunas fueron entregadas colonos, otras vendidas y otras sacadas a remate por el Estado.

Como este proceso fue lento y complicado, se facilitó además la ocupación ilegal, por parte de particulares, de tierras indígenas que consiguieron mediante presiones legales y artimañas, perdiéndose los territorios de más de doscientas comunidades indígenas que tenían sus títulos de merced (títulos de tierras que el Estado entregó a los mapuche después de la ocupación). Esas tierras usurpadas fueron legalizadas en las oficinas de los conservadores de bienes raíces y notarías.

El proceso de radicación concluye en 1927 con la promulgación de una ley que inicia el proceso de división de los títulos de merced que aún retenían las comunidades mapuche, entregando la tierra como propiedad a cada miembro particular de la comunidad, en lugar de a la comunidad como un todo, como había sido hasta entonces.

Al final del proceso, los mapuche solamente quedaron en posesión de 500 mil hectáreas, una proporción ínfima comparado con las 10 millones que poseían. Además unos 33.000 indígenas quedaron sin tierras o no fueron radicados.

Hay que entender lo que significó esto para un pueblo que se autodenominaba "gente de esta tierra" (mapuche). Todo ese sistema al que fueron sometidos los indígenas provocó una crisis en la sociedad mapuche, ya que se les obligó a vivir de un modo completamente distinto de sus formas tradicionales, instalados en espacios pequeños y delimitados, donde se comenzaron a desarrollar disputas internas y externas. El empobrecimiento de su sociedad fue una consecuencia ineludible: las familias crecieron, muchos terrenos se degradaron, perdiendo su calidad y productividad.

Esto motivó la primera movilización masiva de protesta y se formaron organizaciones que lideraron la voz de denuncia y protesta contra el trato hacia el Pueblo Mapuche y en la defensa de sus tierras. Ese es el principal problema que no se ha logrado resolver hasta nuestros días.

Intentos de solución… y desilusión

Así se inicia la larga lucha de los mapuche por la búsqueda del bienestar social y la reivindicación de sus derechos. Desde 1930 en adelante fue un período marcado por la discusión sobre la división de tierras, donde los primeros pasos se dieron con Venancio Coñuepán como Ministro de Tierras y Colonización, que en 1953, siendo director de la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN), continuó el proceso de división de las comunidades siguiendo la lógica de dividir las tierras para aumentar su productividad; el primer programa de becas para estudiantes indígenas y un sistema de créditos financiados por el Banco del Estado.

El panorama cambió en los años 60, con un contexto marcado por la Guerra Fría que favoreció una creciente polarización política e ideológica de las demandas del pueblo mapuche. En 1968 se reunieron decenas de organizaciones mapuche en el Congreso de Ercilla, donde se estimó que no era posible resolver el conflicto por vías pacíficas y legales. Así comenzaron las tomas de terreno como presión y estrategia de recuperación de tierras y resolución de problemas.

Para resolver las demandas, durante la Unidad Popular se devolvieron parte de las tierras que ocupó el estado bajo la intervención de Saavedra a las comunidades mapuche que estaban en manos de grandes propietarios (80 mil hectáreas), a través de la Reforma Agraria. Pero éstas se devolvieron sólo con títulos de usufructo (derecho a usarlas, pero sin propiedad). Además, se dio origen a la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas y se trasladó a Temuco a todo organismo público de agricultura, lo que se conoce como el Cautinazo. Se incorporó el concepto de "tierras indígenas" y "ser indígena" con la creación de la ley 17.729.

El régimen militar, con criterios geopolíticos y económicos muy diferentes, dictó en 1978 una ley que terminó con la categoría de "tierras indígenas" para la división total de las tierras comunitarias, traspasando los títulos a dominio particular, con el objetivo de generar un mercado de tierras e intentar resolver de esta forma el problema.

Vuelta a la democracia: las tierras y los eternos pendientes

Con el regreso a la democracia, comienzan a desarrollarse nuevas ideas mapuche con la tramitación de la Ley Indígena que se aprobó en 1993, creando también la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) con la función de devolver territorio al pueblo mapuche y promover el desarrollo de todas las etnias originarias.

La ley fue un avance considerable, pero, según dice Painequeo, no se cumplieron muchos de los acuerdos con respecto a las tierras. Había muchas restricciones para la devolución del territorio, lo que fue considerado una traición por ciertos grupos que se radicalizarían a fines de los '90, con el Consejo de Todas las Tierras y después la Coordinadora Arauco-Malleco, considerada responsable de muchos de los ataques a predios en la zona y que ha sido acusada de actos terroristas.

Las demandas por la recuperación de las tierra ha continuado constantemente, donde los propietarios particulares no son los únicos involucrados, sino también empresas hidroeléctricas y, principalmente, forestales, que con sus plantaciones de pino y eucaliptos impedirían el desarrollo de otras especies junto al bosque. Las comunidades aledañas a estos terrenos se quejan de no obtener beneficios, sino perjuicios, como el deterioro económico, social y ecológico del territorio.

¿Cuáles son esas tierras? Se ubican principalmente en la provincia de Cautín y Malleco, y están identificadas en el Informe del Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas.

Las otras demandas del pueblo mapuche

Para gran parte del pueblo mapuche, el Estado tiene una deuda pendiente y el pago de dinero para comprar tierras es algo mínimo que tiene que hacer. Las demandas giran mayoritariamente en torno a la recuperación de tierras y autonomía jurisdiccional (derecho propio), pero también al reconocimiento de la identidad cultural y beneficios económicos.

En todos estos aspectos trabaja activamente con todos los pueblos indígenas la Conadi, con diferentes mecanismos y sus fondos de Desarrollo, de Cultura y Educación y de Tierras y Aguas. Pero, como se observa en los hechos, falta aún más.

Violencia y prejuicios

El movimiento mapuche no se puede generalizar, porque es variado como cualquier sociedad, explica Painequeo: "Se genera una idea, mirada desde la violencia, desde la crónica roja, solo hay titulares de atentados (…) Es difícil revertir esa tendencia en el imaginario de las personas. Complica trabajar para otros mapuche que tienen idea de cómo hacerlo".

En los últimos 6 meses se han registrado 160 incendios en la Araucanía, donde solamente 15 tienen alguna relación con el pueblo mapuche, según datos de carabineros.

Además esos hechos violentos son desbordes del movimiento que no representan el sentir de muchos que están trabajando para mejorar el diálogo. El abogado Matías Meza-Lopehandía, del Observatorio Ciudadano Indígena que defiende las demandas territoriales y políticas del pueblo mapuche basándose en los derechos internacionales, asegura que evidentemente se repudian todos los casos de violencia contra personas y propiedades: "Ese no es un camino que nos permite transitar hacia una verdadera relación pacificada e intercultural que nos enriquezca a todos".

Por estas divisiones internas del movimiento y "distracciones" en casos urgentes, para el Estado tampoco ha sido sencillo satisfacer las demandas, pues los radicales opacan a los moderados.

"Tiene que primero haber un dialogo entre el Estado y el pueblo mapuche (…) Las dos partes han tenido culpabilidad al no dialogar, pero tiene que estar condicionado con medidas concretas (…) El Estado tiene que sentar a las dos posturas. Apenas lo ha hecho, ha pasado plata de mala manera e irresponsablemente", considera Painequeo.

No basta comprar tierras, por comprar

La compra de tierras debe ser reglamentada de mejor manera, ya que como evidenció la revista Capital, ha sido irregular y no ha dado los resultados esperados. El enorme y creciente gasto del gobierno para devolver terrenos no ha logrado disminuir los focos de violencia. Las cifras son elocuentes: se invirtieron 19 mil millones de pesos en 2004, $ 44 mil millones en 2014 y este año se prevé una inversión $ 78 mil millones.

Tampoco han podido ser bien resueltas las demandas por falta de capacidad de la Conadi y se ha generado además toda una maquinaria de corrupción a partir de la especulación de precios de las tierras que el Estado compra para las etnias originarias. Por último, según un estudio de la Universidad de la Frontera, el 60% de esa tierra devuelta queda abandonada y muchas veces no tienen luz, ni agua, sin ninguna productividad.

Andrés Matta Cuminao, presidente de la Comisión de Compra de Tierras de la Conadi, cree que la ley es vaga, y que no permite que las comunidades tengan claro el horizonte de sus demandas. Considera que hay que establecer límites a los derechos que corresponden a quiénes tuvieron una pérdida territorial ancestral y a quienes no sufrieron esos abusos.

Por otro lado, hay una fracción de los mapuche que considera que las tierras que entrega el Estado como compensación podrían ser reemplazadas por otros beneficios, asegura Claudia Hernández, investigadora de Libertad y Desarrollo.

Alternativa discutida: la expropiación

El gobierno anunció este año un aumento presupuestario, donde $ 78 mil millones de pesos serán destinados al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, que se utilizan para la compra de terrenos según las necesidades de las nueve etnias reconocidas en Chile, pero también para mejorar la habitabilidad de las comunidades y aumentar la productividad de los predios entregados.

Lo importante es lo que sucederá con ese mecanismo de compra de tierras, ya que tanto la Conadi como Libertad y Desarrollo, entre otros, han constatado que cuando el arreglo queda entre particulares, los precios de los terrenos se van a las nubes y pueden subir hasta un 800% su valor original. ¿Qué sería lo más justo?

Meza-Lopehandía explica que a nivel internacional, la restitución de tierras supone en primer lugar compatibilizar con los derechos de colonos y empresas. Recordemos que la mayoría de ellos o sus antepasados compraron sus terrenos al Estado con apego a la ley vigente en su época y son, por lo tanto, los dueños legítimos de dichos terrenos. El modo violento en que el Estado obtuvo esas tierras en primer lugar, en modo alguna invalida su derecho de propiedad sobre esas tierras.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la manera de subsanar, proteger y amparar esos derechos es expropiar e indemnizar por dicha expropiación. Esto se traduce en pagarles el precio de mercado razonable del terreno, cosa que puede ser difícil de determinar.

La expropiación es lo que apoya también Painequeo y sugiere comenzar por las forestales, que concentran grandes terrenos, en vez de afectar en primer lugar a propietarios particulares.

Y ahora, ¿qué?

Junto a revisar y evaluar el mecanismo de adquisición de esas tierras que le corresponderían a los indígenas hay que seguir robusteciendo otros aspectos. Al parecer, nuestro país está un tanto atrasado en los reconocimientos indígenas con respecto al Convenio 169 de la OIT que Chile ratificó en 2009, como explica Pedro Cayuqueo al criticar la "inoperancia" de la Conadi.

Participación política, derechos, autonomía, son elementos que requieren más que una ley, más bien volver a pensar la institucionalidad del Estado, opina Meza-Lopehandía. Los exitosos casos de Nueva Zelanda o Canadá con sus indígenas hay que tomarlos como ejemplo, pero no hacer una réplica de estos modelos, porque se trata de realidades muy diferentes. ¿Debiésemos ser un Estado plurinacional? Es una de las preguntas que queda abierta al debate.

Alberto Pizarro Chañilao, Director Nacional de la Conadi declaró: “Sus demandas deben ser atendidas por una nueva institucionalidad que actualmente se encuentra en proceso de consulta en todo el país: el futuro Ministerio de Pueblos Indígenas y la representación a través del Consejo de Pueblos Indígenas”.

El ministerio del interior, en voz del subsecretario Mahmud Aleuy, aseguró que se evaluará la efectividad del programa de compra de tierras y se diseñará un plan global de acción. “La solución del Estado tiene que abordar aspectos constitucionales, aspectos productivos, de seguridad. Es decir, hay que mirar el conjunto del problema y a partir de eso, construir una solución que apele al conjunto de conflictos”, señaló.

No todo es negro, porque se ha avanzado en el tiempo, pero falta un buen pie en el acelerador. Los fondos de la Conadi han sido de gran aporte, cada vez se genera una visión más inclusiva del pueblo mapuche y dentro de la economía regional. Con el gesto simbólico del intendente Francisco Huenchumilla, que comenzó inéditamente pidiéndoles perdón a nombre del Estado, se abren nuevas posibilidades.

"Falta sentarse a la mesa y bajar los egos por los dos lados (…) Las nuevas generaciones vienen con nuevas ideas, creo que se ve auspicioso. Con más propuestas y no tan marcados por la discriminación positiva o negativa", comenta Painequeo, "Se trata de otra mentalidad".

¿Crees que la expropiación es la mejor solución para resolver el problema de las tierras? ¿Qué otros aspectos están pendientes con el pueblo mapuche?