“Si se quiere acabar la guerra con otra guerra, nunca se alcanzará la paz […] Debemos hablar y luchar, pero mediante los libros, los lápices y nuestra voz”. Esta frase, expresada por la activista pakistaní y Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, resume lo que por años ha sido la dura lucha por un derecho tan fundamental como lo es la educación.
El Proyecto de Ley Aula Segura, es una iniciativa propuesta por el Ejecutivo nacional como respuesta a los diversos actos violentos acontecidos durante el último año en varias instituciones educativas de la Región Metropolitana.
Para algunos, será el marco legal que permita poner fin a las tomas violentas de colegios y a actos que involucren violencia en general por parte de estudiantes, dentro de las instituciones educativas. Para otros, es solo un mecanismo autoritario que no aborda el problema desde su raíz. ¿Qué contempla esta nueva ley y por qué la comunidad educativa tiene posturas opuestas sobre su aplicación?
La génesis de la propuesta
El 20 de septiembre, en un acto celebrado en el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmaron y enviaron al Congreso el Proyecto de Ley Aula Segura, documento que estipula una modificación del artículo sexto del Decreto de Fuerza Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación.
Dicho cambio, faculta a los directores de establecimientos educacionales a expulsar y cancelar la matrícula de manera inmediata a aquellos estudiantes que estén involucrados en actos violentos y que causen daños a la institución o generen algún perjuicio a quien forme parte de ella.
Tras 54 días de discusión en el Congreso, la propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados por 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, y representa un acuerdo que, en palabras de la ministra Cubillos, "refleja lo que era esencial para el gobierno y para la oposición".
¿Cuál es el propósito de la modificación?
Según lo señalado en la legislación vigente, "las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar". La modificación de este apartado pasa por establecer y especificar los motivos que ameriten sanción por parte del director de la institución, y así no queden a arbitrio de cada uno.
Originalmente, el Proyecto de Ley consideraba las siguientes causas como motivos para expulsión y cancelación de matrícula:
1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov.
2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
Sin embargo, durante el proceso de discusión del Proyecto de Ley en el Congreso, las causas anteriormente mencionadas fueron resumidas y ameritarán castigo casos como porte de armas y lesiones graves, sumando también hechos de agresión sexual o daños a la infraestructura.
Proceso de reconsideración
¿Cómo procede la ley? Aula Segura establece que, cuando el director decida expulsar o suspender la matrícula de algún estudiante que haya incurrido en las faltas establecidas, debe notificar por escrito su fallo, tanto al alumno como a sus padres o apoderados y a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación.
El o los afectados, contarán con la opción de solicitar una reconsideración del castigo ante la autoridad del establecimiento educativo, teniendo un plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación previamente señalada.
Sin embargo, "la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula", por lo que los estudiantes sancionados permanecerán apartados de la institución hasta que su petición sea resuelta por el Consejo de Profesores y el director, esto para garantizar la seguridad de quienes se vieron envueltos en el suceso violento o fueron víctimas de él.
Una vez tomada la decisión y según lo establecido en la legislación vigente, "corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias".
¿Entrada en vigencia?
Aún no hay una fecha exacta para la entrada en vigencia de la Ley Aula Segura, pues primero debe recibir la aprobación del Jefe de Estado, para luego ser promulgada y publicada, tal y como lo establece la Constitución Nacional en los artículos 72 y 75.
Sin embargo, todo indica que esta nueva ley empezará a aplicarse a partir del próximo año.
Opiniones encontradas
La aprobación por parte del Congreso del Proyecto de Ley Aula Segura, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y educativo.
Una de las primeras personas en manifestarse fue la ministra Cubillos, quien afirmó que con esta ley se le da a los directores "las herramientas para poder proteger al resto de los estudiantes y también a los profesores".
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera agradeció al Congreso por la aprobación de Aula Segura, "una ley urgente y necesaria [...] en beneficio de la calidad de la educación".
Pero hay quienes no ven con buenos ojos las modificaciones realizadas a la legislación actual, pues consideran que no hace frente al problema real de los escenarios violentos en escuelas e instituciones.
"La solución que nos entregaron nos parece pobre [...] la violencia escolar tiene raíces profundas y pretender que se va a resolver únicamente porque aumenta la velocidad de expulsiones o porque se meten elementos más duros de sanciones y no ir a causa del problema, es simplemente querer tapar el sol con un dedo", aseguró el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.
Por otro lado, Amanda-Luna Cea, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), calificó la Ley Aula Segura como una "política represiva" e incluso instó a desobedecerla.
Establecer mecanismos legales que involucren menores de edad, en la mayoría de los casos, es un escenario complejo y más cuando están sobre la mesa de discusión cosas fundamentales, como en este caso sucede con la educación.
¿Qué opinas sobre las medidas que establece la Ley Aula Segura?
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