Como te comentamos hace un tiempo, los notarios son los encargados de firmar una ruma de documentos todo el día, actuando como un tercero imparcial (ministro de fe) que interviene en las actuaciones y da garantías a ambas partes de que una persona firmó, se llevó a cabo un acto jurídico y los involucrados son quienes dicen ser, efectivamente. Por ejemplo, si vas a firmar una promesa de compra venta, si necesitas legalizar algo o incluso para un poder, tienes que recurrir a ellos.
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Y lo más probable es que ya has tenido que pisar una notaría más de una vez, aguantando una fila eterna, el pago y papeleos infinitos, solo para esperar la firma de la señora o señor notario (siempre abogado). ¿Cómo en el siglo XXI esto sigue igual?, se preguntan muchos.
Pero este trámite casi “prehistórico” al que ya estamos acostumbrados, estaría a punto de ser sometido a una modernización que busca simplificar la existencia a todos los chilenos. Este lunes, el presidente anunció un proyecto para transparentar el sistema de notarios, conservadores y archiveros en Chile. ¿Cómo?
Eliminando trámites innecesarios, aumentando la oferta de servicios, incrementando el uso de tecnologías y bajando los costos para las personas. Aquí te detallamos los cambios que se busca implementar.
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El proyecto propone la creación de la figura del “fedatario”, anexo al notario, que también actuará como ministro de fe, pero no en todos los trámites que un notario tradicional tiene a su cargo.
Tendrá presencia y competencia en todo el país y la facultad para dar fe de algunos hechos. En total, el proyecto propone que puedan firmar 17 trámites simples, como autorizar firmas en finiquitos, cartas de renuncia, salvoconductos para el cambio de domicilio, contratos de arrendamiento, declaraciones juradas, autorizaciones para salir del país, poderes simples, etc.
La idea será que por cada comuna del país, haya al menos un fedatario (no habría límite de cupos para este cargo). Quienes quieran postular deberán cumplir con ciertos requisitos como: ser abogado con cinco años de experiencia, aprobar un examen de ingreso y contar con una oficina en un domicilio conocido. Los fedatarios podrán estar durante tres años en su cargo, pero tendrán la posibilidad de renovar por otro período si acreditan que cumplen con los requisitos.
Además, los oficiales de las 477 oficinas del Registro Civil y los 359 secretarios de los juzgados de policía local, también podrán realizar la misma labor que los fedatarios, lo que ayudaría a descongestionar las notarías.
Según un informe de la Fiscalía Nacional Económica, actualmente existen 205 trámites notariales vigentes, un número que este proyecto pretende reducir. Por eso, ya se habla de la "desnotarización" de la vida de los chilenos. ¿Cómo?
Reduciendo la lista de trámites que deben ser necesariamente efectuados ante o por un notario, y también tiene que ver con ampliar las facilidades para realizar los trámites más comunes.
“Ahora no solamente los notarios van a poder certificar, sino que en algunos trámites, los que no son más complejos, van a haber fedatarios, oficiales del Registro Civil y secretarios del Juzgado de Policía local, que van a realizar todos los trámites más cotidianos que requiere la gente”, explicó el ministro de Justicia Hernán Larraín, como te explicamos recién.
El proyecto también considera la opción de que el presidente pueda, vía Decreto con Fuerza de Ley, eliminar algunas diligencias, aunque esa lista todavía no está hecha, por lo que no se conocen los detalles.
Los notarios, conservadores y archiveros, solo permanecerán en sus cargos hasta cumplir 75 años o veintiún años de servicio en el cargo. La medida busca eliminar los cargos vitalicios que aún existen en el sistema. Esto, ya existe desde 1995, cuando se modificó la Ley N° 19.390, estableciendo como tope de edad los 75 años.
Sin embargo, todavía hay quienes asumieron en alguno de los cargos antes del 31 de mayo de 1995 y que, por lo tanto, siguen en sus funciones de forma vitalicia. Entonces, en caso de aprobarse el proyecto, ellos deberían abandonar sus cargos apenas cumplan con una de las dos condiciones mencionadas.
Actualmente cada notaría cobra lo que quiere (sin respetar los aranceles) y tampoco existe un control de los cobros. Entonces, para ordenar el cuento, existirá un sistema de fiscalización encargado de controlar el buen funcionamiento de las notarías. Una de sus funciones, será el respeto de los aranceles. Existirá un arancel establecido con piso y techo, es decir, ninguna notaría podrá cobrar más por cada trámite que lo que se establezca.
"Cada notario va a tener que certificar en su página web los aranceles que puede cobrar y cada persona, cuando se salga el notario de ese rango que autoriza la ley, puede reclamar al fiscal judicial", explica el ministro.
La idea es que como existirán las alternativas a las notarías (Registro Civil, juzgados de policía local y los fedatarios), la competencia debería llevar a la baja de precios, ya que por lo menos el Registro Civil y los juzgados de policía local, cobrarán el piso de los aranceles.
El proyecto también busca que el cargo de notario esté abierto a todos los abogados que cumplan con los requisitos y que prime la meritocracia. Así, cualquiera que rinda una prueba de conocimientos, podrá postular y las Cortes de Apelaciones serán las encargadas de armar las ternas con quienes obtengan mejor puntuación en el examen.
Luego, un Consejo Resolutivo —presidido por el Ministro de Justicia e integrado por un decano de una Facultad de Derecho acreditada (designando por el Senado) y un miembro del Consejo de la Alta Dirección Pública- elegirá a una persona dentro de la terna previamente seleccionada por la Corte de Apelaciones correspondiente.
Actualmente, los nombramientos de notarios los hace el ministro por delegación del presidente, luego de realizadas las pruebas en un proceso de selección llevado a cabo por la Corte de Apelaciones (en esta nota más detalles). Sin embargo, según el ministro de Justicia, estos procedimientos "no son siempre los más transparentes", por lo que el sistema propuesto en el proyecto busca terminar con los apitutados.
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Aparte de lo latero que es ir a hacer trámites a las notarías, también, en algunos casos, entrar a ellas es literalmente como un viaje al pasado. Quizás en un intento por mantener un estilo vintage, algunas de niegan a pasar de la máquina de escribir a los computadores, pero esto estaría llegando a su fin, porque serán obligadas a pasar a la era de la modernidad.
El proyecto les exigirá a los notarios, conservadores y archiveros, adaptarse a los nuevos tiempos y así contar con sistemas tecnológicos que permitan realizar trámites de forma remota, consultar información en línea, suscribir documentos a través de firma electrónica, eliminar los libros gigantescos y los registros en papel. ¡A invertir en tecnología se ha dicho!
En una entrevista con T13 AM, la vicepresidenta de la Asociación de Notarios, María Soledad Lascar, explicó que si bien está de acuerdo con algunos de los puntos del proyecto, no le parece la idea de delegar la fe pública en los fedatarios.
"Creo que efectivamente hay trámites que no deberían realizarse en notaría, trámites que bien podrían dar otras instituciones, estamos de acuerdo en que hay trámites inútiles, pero desgraciadamente es la burocracia lo que lo ha pedido, felices de que quiten trámites y que la gente pueda simplificar sus vidas, pero eso no significa que la fe pública pueda ser reemplazada”, sostuvo.
Lo mismo advirtió el presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martin, quien teme por la inclusión de la figura del fedatario: “El fedatario tiene una duración limitada, lo natural es que vaya a maximizar su rentabilidad en este corto período".
Las medidas anunciadas buscan mejorar el sistema, ampliar la cantidad de personas que tengan la facultad de firmar ciertos documentos y evitar que los trámites notariales sean considerados como una verdadera pesadilla. Su implementación y verdadera utilidad, está por verse.