En varias oportunidades les hemos presentado estos alarmantes números: cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos terminan anualmente en la basura, según un estudio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Por otro lado, tan sólo el 25% de esos alimentos desperdiciados podrían salvar la vida de las 795 millones de personas en riesgo de morir de desnutrición. Y si le sumamos las 3.300 toneladas de dióxido de carbono que provoca ese desperdicio anual, es para quedarse sin palabras.
Menos mal el mundo está reaccionando y cada día surgen nuevas iniciativas para disminuir el desecho de alimentos y fomentar además su consumo responsable. Y uno de los grandes referentes de esta cruzada, es Francia, sin duda.
Es el primer país que cuenta con una ley que prohíbe el desperdicio industrial de los alimentos sobrantes. La Ley de Transición Energética promulgada en 2015, dentro de sus apartados, obliga a los supermercados de todo el país a no desechar los alimentos que están cerca de su fecha de vencimiento. En su lugar, deben asociarse por contrato a organizaciones sociales o bancos de alimentos para distribuirlos gratuitamente.
Si los supermercados no cumplen con el contrato, son penalizados con multas de hasta 75.000 euros o dos años de prisión. También es ilegal la práctica de arruinar los alimentos con cloro (usada por algunas cadenas) para impedir que las personas los saquen de la basura.
Quien inició la campaña anti desperdicio de alimentos, que luego terminó siendo ley, fue el concejal de Courbevoie, Arash Derambarsh.
Desde su rol en este municipio, ubicado al noroeste de París, Arash inició su campaña contra el desperdicio de alimentos, lanzando una petición en internet (Change.org) que recogió, en pocos días, más de 211.000 firmas; recibiendo más apoyo que cualquier otra petición en línea sobre ecología o agricultura en Francia.
Cuenta que su lucha comenzó cuando era estudiante de leyes y debía subsistir con 400 euros al mes, incluido el pago de la renta; por lo que sólo podía permitirse una comida decente al día. "Es difícil estudiar o trabajar cuando uno tiene hambre y no sabe de dónde vendrá su próximo alimento", señalaba el concejal.
A esto se sumó los resultados de un estudio del 2014 que arrojó que en Francia, cerca de unos 7 millones de toneladas de comida son tirados a la basura al año; por parte de los propios consumidores, restaurantes, tiendas y supermercados. ¿Qué hizo entonces?
Arash comenzó a recoger los alimentos desechados de supermercados, tres veces por semana, y los repartía a cientos de personas en Courbevoie. "Cada día ayudábamos a cerca de 100 personas. La mitad eran madres solteras con niños, jubilados o trabajadores con salarios muy bajos. La otra mitad eran personas que vivían en refugios o en la calle".
A la iniciativa del joven político le sucedieron protestas de consumidores y activistas contra la pobreza; y así fue como el tema llegó al Parlamento el año 2015, transformándose de forma unánime en Ley.
Jacques Bailet, jefe de una red nacional de bancos de alimentos franceses, describió la ley como positiva y muy importante a nivel simbólico: “Lo más importante es que los supermercados estarán obligados a firmar un acuerdo de donación con organizaciones benéficas, y así seremos capaces de aumentar la calidad y la diversidad de la comida que distribuimos”, señaló, agregando que "en términos de balance nutricional, actualmente tenemos un déficit de carne y una falta de frutas y verduras. Esperemos que esto nos permita impulsar esos productos".
¿Cómo asegurar que las organizaciones sociales harán una buena distribución de los alimentos? La Ley les impone obligaciones: recoger y almacenar los alimentos en condiciones higiénicas y distribuirlos adecuadamente. Deber ser entregados en un centro apropiado, donde se fomente el contacto humano y la conversación.
Francia está tomando un rol importante para frenar el desperdicio de alimentos, pero, como bien señaló Arash, es necesario que el Gobierno impulse iniciativas similares en los restoranes, tiendas, colegios y hogares, para generar así un impacto completo.
A un año de su implementación, un informe reveló algunos datos sobre su impacto. Si bien Thibaut Turchet, de la organización de residuos alimenticios Zerowaste, comentó que ayudaba a concientizar, hay algunos desafíos pendientes para que pueda ser más efectiva.
Por un lado, se comentó la necesidad de apoyo gubernamental para la redistribución (transporte y refrigeración) de los alimentos, que es algo costoso. Se indicaba también que, por ejemplo, en la provincia de Isére menos del 24% terminó en asociaciones benéficas. ¿Por qué? La ley no establece la cantidad de excedente que debe donarse, por lo que hoy con un 1% ya se considera como algo cumplido. Estos son aprendizajes de un país pionero, que sirven como lecciones a la hora de querer aplicar medidas similares.
¿Lo positivo? Esta ley puso sobre el tapete la urgencia del tema en la Unión Europea, tal como quería Arash y los activistas, pues el desperdicio de alimentos en el continente es notorio. La UE lo abordó finalmente este año y los diputados europeos aprobaron un informe con un conjunto medidas concretas para el 2030, entre ellas, facilitar la donación de alimentos.
Propusieron medidas como la exención de impuestos en las donaciones alimenticias o financiar a través del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados, los costos de almacenaje y transporte de alimentos donados.
Luego se abrió el diálogo entre el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento para establecer los marcos normativos para los próximos 14 años y esto derivó en una resolución no legislativa. ¿Qué significa? Que nos es obligatoria y por el momento, en la mayoría de los Estados miembros, solo se ha tomado como sugerencia.
De todos modos, España es un nuevo caso donde se ha dado un primer paso, con el proyecto de ley del Buen Samaritano para que las empresas y también particulares puedan donar alimentos, mejorar la eficiencia del suministro y consumo de los mismos y reducir los niveles de despilfarro de comida. De ser aprobada, estaría lista en noviembre de este año.
Esperemos que más países, europeos y del mundo, comiencen a tomar medidas al respecto.