* Hoy lunes 29 de agosto, la presidenta apartada del poder comparecerá ante el Senado brasileño para defenderse de las acusaciones por alteraciones en el presupuesto estatal sin aprobación del Congreso y peticiones de crédito a bancos públicos.

Diputados oficialistas se toman el plenario de la Cámara de Diputados y gritan consignas contra el impeachment, levantando pancartas con mensajes como "No al golpe" y "Fuera Cunha" (el Presidente de los diputados), impidiendo por breves minutos que se realicen las intervenciones de los parlamentarios. Una campana suena, con el objetivo de llamar al orden y seguir con la labor parlamentaria. Es la escena que se vivió este domingo en Brasilia, la capital brasileña. 

Ayer y luego de 3 días de intensos debates, los diputados brasileños decidieron por 367 a favor y 167 en contra el darle luz verde al juicio político o impeachment contra la Presidenta Dilma Rousseff. Ahora será el turno del Senado, el cuál decidirá por mayoría simple (41 de los 81 senadores), si aprueba la resolución de la Cámara Baja e inicia el proceso de destitución de la mandataria brasileña.

Aunque la Cámara Alta no tiene un plazo establecido para decidir, se espera que la votación sea a principios de mayo. De aprobar éstos el comienzo del impeachment, la Presidenta será apartada de su cargo por hasta 180 días (por lo que podría perderse los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro), plazo que tendrá dicha cámara para realizar en una tercera votación parlamentaria, el juicio político, que condenará o absolverá a la Mandataria. En ese lapsus de tiempo gobernaría de manera provisional el actual vicepresidente Michel Temer.

Temer, antiguo aliado de Rousseff, es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mayor partido político en Congreso, el cual a fines de marzo rompió con el gobierno, inclinando la balanza en el parlamento a favor del impeachment. El vicepresidente, según ha trascendido, llevaría algunas semanas negociando secretamente la conformación de un nuevo gobierno; para ello, cuenta con nombres ilustres de la oposición para que asuman carteras centrales como las de Hacienda y Salud.

La destitución de la mandataria por el parlamento es justificada por su uso ilegal de las llamadas "bicicletas fiscales" , mecanismo consistente en usar dinero de los bancos del Estado para pagar cuentas y prestaciones sociales y en el periodo fiscal siguiente se le devuelve.

¿De qué se acusa a Dilma?

Este proceso de juicio político, que llevaba meses en discusión en la comisión parlamentaria y en la opinión pública, se inició oficialmente el pasado 2 de diciembre, cuando el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, decidió aceptar dicha petición hecha por un grupo de diputados. El lunes 11 del mismo mes, esa solicitud fue aprobada en una comisión de la cámara de diputados por 38 votos contra 27, decidiendo que habían razones suficientes para juzgar a la presidente por presuntos crímenes "de responsabilidad", tales como el uso de dinero de bancos públicos para pagar programas de gobierno y maquillar el déficit fiscal, violando normas que prohíben dicha práctica. Una especie de "bicicleta fiscal".

En los últimos días, el gobierno intentó por todos los medios posibles evitar el juicio de los diputados brasileños, apelando a la justicia para que detuviera el proceso, acción que fue en vano, en la medida que el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la solicitud de medidas cautelares para suspender la votación.

El pasado sábado, en una de sus ultimas medidas tras el traspié en la justicia, la mandataria realizó un discurso en cadena nacional, en donde acusó a la oposición de querer, mediante el impeachment, "tomar por la fuerza lo que no conquistaron en las urnas", acusando a sus rivales de no haber reconocido su derrota en las elecciones de 2014, buscando por todos los medios removerla del poder. 

De confirmarse esta destitución, Rousseff seria la segunda Mandataria de Brasil en ser apartada de la presidencia por el parlamento. En 1992, Fernando Collo de Melo debió renunciar para evitar su inminente expulsión, tras ser acusado de delitos de corrupción.

El intento de sacar a la presidenta de su puesto, en todo caso, no es sólo un asunto entre fuerzas políticas. Desde hace más de 2 años Brasil vive bajo un contexto de malestar social y político que ha llevado a que miles de personas hayan salido a la calle en todo el país. El día de mayor concentración, en marzo de 2015, se movilizaron 1,7 millones de personas pidiendo la salida de la Presidenta. Un año más tarde, el pasado 13 de marzo, las manifestaciones alcanzaron una magnitud inédita, al reunir a más de tres millones de brasileños en todos los estados del país.

Las causas del descontento son muchas, pero se deben principalmente al destape de múltiples casos de corrupción que sacuden a toda la clase política brasileña, especialmente al oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y a la crisis económica que el país más poblado de América Latina vive desde 2014.

En 2015, el PIB de ese país (que es la séptima economía del mundo) se contrajo en un 3,8%, su peor resultado en 25 años. Para este año el FMI proyecta un nuevo retroceso similar y para 2017, crecimiento cero.

El lento crecimiento económico (o abierto decrecimiento), viene además acompañado de una inflación que sobrepasó la barrera del 10%, al mismo tiempo que sube las cifras del desempleo y el déficit fiscal.

Por otro lado, desde que en marzo de 2014, estalló el escándalo de Petrobras o Lava Jato, consistente en un sistema generalizado de sobornos pagados durante una década por grandes constructoras brasileñas a funcionarios de la petrolera estatal y políticos a cambio de contratos, la popularidad de Dilma se vió desplomada.

Esto, en la media que las investigaciones han arrojado que parte de esos sobornos llegaron a miembros del PT y a otros partidos de la coalición de gobierno. Rousseff estuvo buena parte de esos años al frente del consejo de administración de Petrobras, pero no ha podido probarse su responsabilidad directa ni implicarle en la malversación de fondo alguno. Por su parte, el ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva llegó a ser brevemente detenido el 4 marzo para declarar en la causa. Rouseff intentó reclutarlo para un cargo de ministro, lo que le otorgaba fuero y le ponía a salvo de la investigación, pero dicha movida fue anulada transitoriamente por la justicia.

En ese sentido, la figura de la Presidenta se ha convertido en una suerte de chivo expiatorio de los males que enfrenta el país, siendo su posible destitución una suerte de catarsis a los males que el país experimenta hace más de 2 años. El mismo senador brasileño José Serra, quien compitiera contra Rousseff en la elección de 2010, aseguró a fines de marzo que la posible destiución de Rousseff no resuelve la crisis política y económica, puesto que esta tiene raíces más profundas. 

Los presidentes destituidos en los últimos 11 años

En Latinoamérica, la remoción de presidentes es una práctica de larga data y que ha sido llevada adelante en todos los países. A lo largo del siglo XX fueron numerosos los casos de golpes militares que destituyeron los gobiernos constitucionalmente constituidos siendo de lo más recordados: los derrocamientos del presidente brasileño João Goulart en 1964 en Brasil, de Salvador Allende en 1973 en nuestro país y de Isabel Perón en Argentina en 1976.

Sin embargo, durante los comienzos del siglo XXI la remoción de los presidentes se ha realizado de una manera incruenta, aunque no por eso exenta de polémica, apelando a procedimientos y mecanismos constitucionales, tales como fueron los casos de las destituciones: de Lucio Gutiérrez (Ecuador), Manuel Zelaya (Honduras) y Fernando Lugo (Paraguay).

El primero de estos fue en abril de 2005, luego de que Lucio Gutiérrez sufriera fuertes cuestionamientos por prácticas de nepotismo y corrupción en su gobierno, las cuales, sumadas a las promesas incumplidas y su giro a la derecha, colmaron la paciencia de los ciudadanos, especialmente los de la capital Quito que llevaron adelante multitudinarias manifestaciones en su contra. A los pocos días de comenzadas las protestas, Gutiérrez escapó del palacio presidencial por los techos a bordo de un helicóptero del Ejército ecuatoriano, maniobra que fue aprovechada por el entonces Congreso Nacional, el cual decidió la destitución del presidente, basados en una cláusula de la entonces constitución ecuatoriana que permitía al parlamento la remoción del presidente en caso de "abandono del cargo". Ese mismo día, asume en su lugar el vicepresidente Alfredo Palacio, antecesor del actual presidente Rafael Correa.

El segundo caso corresponde a la destitución en 2009 del presidente hondureño Manuel Zelaya, el cual fue removido por el Parlamento de manera unánime, acusado de "reiteradas violaciones" de la Constitución. Zelaya fue arrestado y expulsado a la fuerza en avión a la vecina Costa Rica por fuerzas militares, después de que el Tribunal Supremo ordenara al Ejército hondureño detener al mandatario por su intento de efectuar un referéndum no vinculante para modificar la Constitución y permitir, entre otras cosas, la reelección presidencial. En esa oportunidad, Roberto Micheletti, el entonces presidente del Congreso hondureño, fue nombrado presidente interino. Mientras, la OEA suspendió la membresía de Honduras hasta que Profirio Lobos asumió democráticamente en 2011.

En el caso de Paraguay, su presidente, el ex sacerdote católico Fernando Lugo, fue removido de la presidencia por el parlamento, en un juicio político (similar al que deberá llevar adelante Rousseff), proceso que duró solo 48 horas y terminó cuando el Senado decidió destituir al Mandatario por 39 votos contra 4 votos. Al Mandatario se le acusaba entonces, entre otras cosas de: falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en un enfrentamiento en el marco del conflicto de los "sin tierra" al nordeste del país; la autorización del uso del ejército contra colonos en conflicto de tierras en el departamento de Alto Paraná, y de incapacidad de poner en marcha una política eficaz para disminuir la inseguridad ciudadana. Frente a dicha decisión del parlamento, la Unasur condenó la remoción de Lugo y la consideró como una "nueva modalidad de golpe de Estado". El Mercosur, por su parte, suspendió a Paraguay del organismo de integración sudamericano, hasta agosto de 2013, cuando asume Horacio Cartes.

¿Inestabilidad o institucionalidad?

Al igual que con la probable remoción de Rousseff del poder mediante el impeachment, las destituciones de los presidentes Gutiérrez, Zelaya y Lugo generaron gran controversia en la región. Para algunos, estas remociones mediante mecanismos institucionales pueden ser entendidos como una señal de que América Latina está avanzando en su desarrollo institucional y democrático, en la medida que estos mandatarios fueron destituidos de manera pacífica y legal, significando que en la región los conflictos se están resolviendo de maneras no violentas y no mediante golpes militares o guerras civiles intestinas.

Para otros, sin embargo, este tipo de remociones puede ser interpretados como una mera mutación de los viejos métodos de golpe de Estado del siglo XX, salvo que ahora en vez de usar la violencia mediante el uso de las armas de las FF.AA, ahora se dan "golpes blancos". En este tipo de golpe de Estado, los grupos de poder derrocan gobiernos que le son adversos a sus interés, ya no de forma violenta, sino mediante el uso de dudosos mecanismos constitucionales, que aunque pudiendo ser legales, son viciados e injustos, lo que reflejaría que en Latinoamérica aún hay inestabilidad y falta de democracia en muchos países.

En este sentido, ha sido el mismo gobierno de Rousseff , mediante el abogado general del Estado José Eduardo Cardozo, que encabeza la defensa de la Presidenta, el que ha acusado al proceso del impeachment de ser un intento de golpe de Estado, asegurando que todo el proceso carece de base legal.

Para Cardozo, los delitos que se le acusan a la Presidenta no son susceptibles de una destitución y que, en realidad, todo el proceso de juicio político obedecía a una venganza de Cunha, el cuál está fuertemente vinculado con el escándalo de Petrobras, a fin de escapar, mediante el impeachment, de su propio procesamiento. En ese sentido, la ONG Transparencia Brasil calcula que un 58% de los 513 diputados de la cámara enfrentan o enfrentaron cargos por corrupción, asesinato y violación, dejando en claro que los problemas de corrupción en Brasil van mucho más allá del gobierno de Rousseff.

¿Crees que la destitución de Dilma es legítima?