La masacre de los 43 estudiantes secuestrados por narcotraficantes, sacudió hace unas semanas a México, un país herido hace tiempo por las consecuencias de la corrupción y la violencia. Por eso, en medio de la peor crisis de su gobierno (y tal vez la peor crisis para México en muchos años) el Presidente Enrique Peña Nieto anunció un paquete de reformas y profundos cambios constitucionales destinado a poner fin a dos graves problemas del país: la inoperancia policial y judicial y la enorme violencia que desgarra al país.

Una nueva policía

Para hacer frente a este problema, Peña Nieto anunció la disolución de todas las policías municipales que están repartidas en 1.800 entidades y que contienen más de 17.000 agentes. Estas se integrarán en 32 cuerpos estatales, comenzando con los estados más complicados: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

El tema policial no es menor en un país como México. Según el diario El País, el 90% de la población considera que la Policía es una de las instituciones más corruptas.

"Esta propuesta tiene como propósito lograr que los mexicanos tengamos policías bien capacitados y equipados para poder llevar a cabo su misión de manera muy eficaz", explicó a la BBC el portavoz presidencial, Eduardo Sanchez, quien citó el ejemplo del Estado de Nueva León donde la limpieza de la policía consiguió algo que el calificó como "resultados extraordinarios".

Sin embargo, aún hay preguntas que no tienen respuesta sobre cómo operará este sistema. "No está claro si están hablando de eliminar 1.800 policías municipales o pasarlos bajo el control de la policía estatal. No es lo mismo", comenta a la misma cadena el analista Alejandro Hope. También duda que el ejemplo de la policía en Nuevo León, en la violenta región noreste del país, debe ser un modelo para todo el territorio nacional.

Peña Nieto también enviará un contingente policial (alrededor de 10.000 agentes federales) a Tierra Caliente, una región violenta en la que está el principal foco de crimen del país y los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

No más alcaldes corruptos

Por otro lado, el plan contempla crear una ley que permitirá luchar contra la infiltración del narcotráfico en las corporaciones municipales. Este problema lo sacó a relucir el caso de Iguala, donde la policía local y también el alcalde estaban aliados con el cartel Guerreros Unidos.

Esta reforma permitirá que las autoridades federales asuman el control de los ayuntamientos (municipios) y podrán disolverlos directamente cuando hayan indicios de que estén actuando a través de las órdenes del crimen organizado

"Esto es un modelo de ley que ya se sigue en Italia", explicó Eduardo Sánchez, vocero de gobierno de Peña Nieto. "El modelo italiano planea un procedimiento a través del cual en un plazo muy corto, prácticamente de unos días, se hace una investigación. Y si de la investigación se derivan indicios sólidos de que el presidente municipal o el ayuntamiento está vinculado con el crimen organizado, en ese momento el poder ejecutivo federal interviene para garantizar la prestación de los servicios municipales".

Quienes están en contra de esta iniciativa, aseguran que  lo que se debe hacer es darle más libertad a los municipios, en vez de restringirlos. "Lejos de entender que se deben fortalecer las comunidades locales, con más espacios de libertad y responsabilidad, siguen arrancando funciones y tareas a las localidades. Esto va a generar mayor debilidad institucional", asegura a El Definido el político mexicano del PAN (Partido Acción Nacional) y quien fue Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Diputado Federal y Senador, Ramón Galindo.

Galindo, que representa al partido de oposición, aseguró que él haría dos cosas para terminar con la violencia en su país. "Primero, daría facultad a estados y municipios para que pudieran modificar sus modelos políticos, incluyendo un gran capítulo de participación ciudadana que incluyera toma de decisiones sobre el funcionamiento de la localidad donde viven. También daría participación a estados y municipios de los impuestos federales que se cobran en cada uno de ellos".

Controlar las desapariciones

El crimen es un tema de todos los días. Cada día se registran en promedio 63 homicios, 20 desapariciones y 5 secuestros. Y el 97% de las denuncias por asesinato quedan sin culpable penal y desde el 2006, no se ha impuesto ninguna condena por desaparición forzosa, según datos de Human Rights Watch. Según el Instituto Nacional de Estadística, sólo el 2% de los secuestros son denunciados a las autoridades.

Por ello, se realizará una reordenación de competencias penales para clarificar la lucha contra el narcotráfico. Se trata de la creación de un documento nacional de identidad que reforzará los sistemas de control de la tortura, las desapariciones forzadas y la corrupción. Para este último punto, va entrar en funcionamiento un sistema especial de vigilancia a las autoridad y empresas que trabajen con la Administración.

"Es una buena idea", comentó Alejandro Hope a BBC. "Puede tener algunas dificultades prácticas de implementación, porque ya hay un número (la CURP). Pero en este registro no hay datos genéticos. El esfuerzo es casar identidad jurídica con identidad física". Sanchez también aseguró que esto permitirá "por primera vez en su historia, que México tenga un registro confiable de toda su población".

El fono denuncia

También se anunció la creación de un número de teléfono único para emergencias a nivel nacional. Esto no existía en México anteriormente. A pesar de esto, el nivel de desconfianza es tan grande en estos momentos que algunos creen que tal servicio no podría funcionar.

"Un número nacional podría ser importante", dijoel activista Alejandro Ramos, cercano a los familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, a BBC, "pero tal como están las cosas ahorita, en realidad hay una desconfianza en la sociedad. En estos momentos no veo que la sociedad tenga la confianza para llamar un número de las policías o de cualquier institución del Estado para denunciar algo... Nadie va a querer hablarle a los mismos policías que te ayudan, sabiendo que son parte de la misma delincuencia organizada".

Atacar las causas

Para cerrar estas reformas el Presidente mexicano anunció medidas sociales para paliar la desigualdad y la pobreza de los estados más pobres. Recordemos que Guerrero, la zona que impactó al mundo por la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes, es una de las más pobres del país.

"En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional, que no podemos ignorar. Un grupo criminal que controlaba el territorio; autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva; policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes", aseguró Peña Nieto al anunciar las reformas.

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