*Esta nota fue originalmente publicada el 9 de febrero de 2018.
Chile quiere saber más sobre la salud mental y las distintas enfermedades psiquiátricas que aquejan a nuestra población. Urge desmitificarlas y sacarlas a la luz, para que todos podamos empatizar, generar conciencia al respecto y velar y exigir su prevención, detección temprana y el alcance público de sus tratamientos.
Y esto urge de verdad, por estas razones:
- Los trastornos neuropsiquiátricos son responsables de un 23% de la carga de enfermedad en el país.
- Cerca de un 80% de chilenos con enfermedades psiquiátricas no está diagnosticado, según informa Dr. Paul Vöhringer, psiquiatra y académico de la Universidad de Chile.
- La cesantía es 7 veces mayor entre personas con trastornos mentales severos que entre personas sin trastornos mentales; y el 75% de los empleadores señalan tener dificultades para contratar a personas con enfermedades mentales, aunque se estén tratando debidamente.
- Chile cuenta con la segunda mayor tasa de aumento de suicidio de los países de la OCDE, después de Corea del Sur, duplicando al resto.
- Las licencias médicas por enfermedad mental ocupan, desde el año 2008, el primer lugar entre las causas de licencia médica. De acuerdo a FONASA, las licencias por salud mental dan cuenta del 27% de los días totales de licencias autorizados y del 30% del gasto total de las licencias médicas.
Y hay otro factor fundamental que debemos considerar. Los pacientes deben ser tratados adecuadamente, pues sus enfermedades pueden traducirse en homicidios, suicidios, accidentes automovilísticos, embarazos adolescentes, consumos de substancias, VIH/Sida, abuso infantil, abuso a mujeres y otros tipos de violencia.
A pesar de todo lo anterior, sólo un 20% de las personas afectadas por enfermedades de carácter mental en Chile tienen hoy acceso a un tratamiento médico. Y eso que Chile ya cuenta con cuatro patologías neuropsiquiátricas cubiertas actualmente por el AUGE/GES: depresión (para mayores de 15 años), trastorno bipolar (para mayores de 15 años), esquizofrenia y consumo perjudicial o dependencia de drogas y alcohol.
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¿Qué pasa entonces? Las listas de espera son eternas y hay muy pocos profesionales de la salud en el sistema de salud público en comparación a la cantidad de pacientes: el promedio de la OCDE es de 16 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y el de Chile es de 5. Es decir, 3 veces menor y además estos profesionales se concentran en la zona central del país y en el sector privado.
Pero también nos falta educación al respecto. La población mantiene una percepción de que los tratamientos psiquiátricos no son tan efectivos o creen que el problema lo resolverán ellos mismos, entonces intentan manejarlo sin ayuda externa.
Por otro lado, hay barreras directas que entorpecen los tratamientos: problemas financieros, insuficiente disponibilidad de servicios, miedo al diagnóstico, falta de conocimiento de las enfermedades mentales y el estigma asociado a ellas.
A esto se suma que el gasto público en las patologías mentales se sitúa en torno al 2,1% del presupuesto total que maneja el área de salud (un 7,8% del PIB Nacional). El promedio de los países de la OCDE, triplica esa cifra. En el caso de Uruguay, por ejemplo, llega al 9% y de Canadá al 12%.
Y según el Minsal, esto reduce la cobertura y obliga a desarrollar tareas principalmente curativas, mientras genera gastos de bolsillo a las personas, aumenta la automedicación de psicofármacos y sobrecarga a los equipos de salud primaria y especializada, entre otras consecuencias.
Mauricio Gómez, jefe del Departamento de Salud Mental del Minsal, sostiene que para que un tratamiento sea efectivo, debe tratarse al paciente de forma integral, es decir con psicólogos y terapia, no sólo con fármacos. Y para esto es fundamental que se dispongan más recursos para la salud mental.
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Por todo lo anterior, el Ministerio de Salud presentó en octubre del año pasado un Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025, el que espera impulsar la Ley de Salud Mental e implementar mejoras y soluciones urgentes en el área de salud mental, instando a otras carteras y organismos privados a ser partícipes activos en este tema.
Con este plan, que tiene como lema "no hay salud sin salud mental", se busca además alcanzar mayor equidad y terminar con la discriminación, exclusión y estigmatización del enfermo mental.
Con este esfuerzo, Chile adhiere al Plan de Acción para la Salud Mental de la OMS, que incluye 10 recomendaciones para reducir las deficiencias en el tratamiento de la enfermedad mental, entre ellas, hacer más accesibles los tratamientos a través de la atención primaria, educar a la población, mejorar el entrenamiento profesional y la investigación e incrementar lazos con otros sectores gubernamentales y no gubernamentales.
El objetivo principal del Plan Nacional es "contribuir a mejorar la salud mental de las personas, mediante estrategias sectoriales e intersectoriales, para la promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales, atención garantizada de salud mental e inclusión social, en el marco del modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario".
La idea es no solo centrarse en la atención y el tratamiento, sino en la promoción, prevención y rehabilitación de las enfermedades mentales. Para eso, se definieron 7 líneas de acción: regulación y DDHH; provisión de servicios; financiamiento; gestión de calidad, sistemas de información e investigación; recursos humanos y formación; participación; e intersectorialidad. Cada una de estas líneas tiene objetivos estratégicos definidos por áreas y metas específicas a cumplir entre este año y el 2025.
Es importante que conozcamos tanto los factores de riesgo como de prevención, para reconocer nuestra situación de salud mental y aquello que nos ayuda a mantenernos sanos; y para que las autoridades enfoquen adecuadamente las políticas públicas. Según la evidencia acumulada, los principales factores protectores y de riesgo para la salud mental son:
De este modo, para promover la salud mental previniendo al mismo tiempo los trastornos mentales, es necesario un trabajo intersectorial que apunte desde mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas y de los/as niños/as, pasando por mejorar las condiciones habitacionales y el acceso a la educación, además de fortalecer las redes comunitarias, entre otras cosas.