“La idea es que quienes le han fallado a la sociedad ayer, reciban hoy las herramientas para no cometer el mismo error y pongan sus capacidades al servicio de nuestra comunidad”, dijo la Presidenta, Michelle Bachelet esta semana en el acto oficial donde el Ministro de Justicia, Jaime Campos, le hizo entrega de la primera Política Pública de Reinserción Social.
Hace un par de semanas te adelantamos un poco sobre esto. Bueno, ahora queremos explicarte en detalle en qué consiste.
¿Qué es la reinserción social?
Aunque ya se ha repetido hasta el cansancio, nunca está de más recordar que la cárcel –la que priva de libertad a las personas que cometen un delito- no es una medida efectiva.
Para que esta realmente cumpla su objetivo, debe ir acompañada de una buena política de reinserción social que permita disminuir la reincidencia y reintegrar a la persona condenada a la sociedad; en Chile, 5 de cada 10 personas vuelven a la cárcel.
Hablamos y hablamos de que es necesaria la reinserción social, pero ¿de qué se trata realmente?
Consiste en un proceso bastante largo; comienza cuando la persona que infringió la ley empieza a cumplir su condena y sigue una vez que sale en libertad y vuelve a la comunidad.
Es una compleja tarea que tiene que incidir justamente en aquellos factores que llevaron a una persona a delinquir, para así reducir su reincidencia, favorecer el cambio hacia conductas más amigables y promover su integración a la comunidad.
Nadie dice que es una tarea es fácil, porque quienes cometen un delito tienen desafíos sociales, económicos y personales, que hacen mucho más difícil su integración en la sociedad: historias de marginación social y laboral, estilos de vida vinculados al delito, consumo temprano de drogas y alcohol, entre otros.
Es por lo anterior que Chile requiere un modelo que garantice a quienes cometen un delito, atención de salud física y mental, acceso a educación, capacitación y trabajo. También necesitan actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales, vinculación familiar y acceso a la información.
Sin embargo, lo que se ha venido haciendo hasta ahora, es revisar la legislación penal, prevenir y reprimir el delito con penas cada vez más duras, lo que no va en línea con lo que se recomienda internacionalmente.
El plan de acción
En junio del año pasado, se reunieron distintos actores, -públicos y privados (académicos, ex ministros/as de la cartera, sociedad civil, etc.)- para participar en el diseño y planificación de este documento que se enfoca específicamente en la población penal adulta, a través de un Comité Asesor para la Reinserción Social (puedes ver quienes participaron en la pág. 14 del documento).
Ahora vamos a ver qué resultó y cómo es esta nueva política:
La estrategia
La Política Pública es extensa, pero acá te resumimos algunos de los puntos más importantes.
1. Acceso a la justicia para todos
Apunta a promover acciones que entreguen a los presos información básica sobre sus derechos, procedimientos y requisitos para su defensa en todos los ámbitos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asegura que es consciente de que estas personas tienen obstáculos para acceder a la justicia y por eso se propuso llevar a cabo una serie de medidas que buscan superar esta barrera.
2. Condiciones carcelarias
No es novedad que existe hacinamiento en las cárceles y esto genera condiciones que afectan la futura reinserción de los reclusos. ¿Por qué?
Porque el hacinamiento aumenta las fricciones y los brotes de violencia al interior, también genera un ambiente propicio para la propagación de enfermedades, restringe y dificulta el acceso a servicios básicos, de salud y a programas de rehabilitación.
El documento asegura que incluso a veces los espacios diseñados para las actividades de reinserción social son destinados para otros fines como, por ejemplo, para alojar a las personas.
Por eso aseguran que es importante poder implementar un nuevo procedimiento de visitas en las cárceles para que la autoridad judicial pueda conocer el estado de seguridad, orden e higiene, si las personas están cumpliendo sus condenas y también poder oír sus reclamos. La idea es que después de cada visita (cada 6 meses) se haga un informe, que llegue a manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para tengan conocimiento de la situación que se vive en cada una de las cárceles del país y así puedan intervenir si es necesario.
3. Protección de la maternidad y de niños, niñas y adolescentes
El vínculo entre un hijo y sus padres es fundamental, sin embargo, cuando uno de los papás está en la cárcel (o ambos) el contacto se dificulta por diversos motivos, y esto los desalienta a seguir visitándolos (por eso es que programas como este, son tan valorados por los reclusos).
El procedimiento de revisión al entrar a la cárcel puede vulnerar la dignidad de los menores y el ambiente durante la visita no les entrega la protección necesaria, porque los lugares donde se pueden encontrar, son poco aptos y amigables.
Es por eso que la Política Pública de Reinserción Social indica que se deben contemplar normas y medidas que tengan presentes a los niños, niñas y adolescentes que visitan a sus padres.
4. Oferta programática
Entregar herramientas a las personas en diversos ámbitos; como educación, salud, capacitación laboral, intervención psicosocial, entre otros. Esto es clave para lograr una verdadera reinserción. La cobertura, calidad y pertinencia de la oferta programática, son fundamentales.
Algunas de las medidas propuestas en este ámbito son, por ejemplo:
- En educación, asegurar la oferta educativa en todos los recintos penitenciarios del país y diagnosticar brechas y necesidades de las personas condenadas, para que puedan ejercer su derecho a la educación.
- En trabajo, poder acceder a un empleo permanente y a un salario justo. Esto permite que puedan adoptar hábitos y competencias para que ganen un salario y así evitar que vuelvan a cometer un delito.
- En deporte y cultura, realizar un diagnóstico y fortalecer la oferta actual de actividades recreativas, deportivas y culturales a través del fomento de la colaboración público-privada.
En cuanto a la formación valórica y ciudadana, fortalecer y asegurar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y espiritual
Además, consideran importante fortalecer el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas LGBTI y extranjeros (que corresponden a un 4% de las personas condenadas)
Es importante también contar con un sistema de cumplimiento que potencie la salida de las personas privadas de libertad en distintas etapas (a trabajar, por ejemplo), y así minimizar el tiempo de encarcelamiento y promover un acercamiento paulatino a la comunidad.
Para quienes salen en libertad, es necesario aumentar la cobertura y oferta de programas que los ayuden a rehacer su vida, conseguir un trabajo y contar con ayuda psicológica, por ejemplo.
¿Cómo garantizar que se lleven a cabo estas propuestas?
Explican que para poder alcanzar los objetivos y medidas planteados, es necesario contar con mecanismos de financiamiento adecuados y sistemas de monitoreo y evaluación sistemáticos y periódicos.
Para ello, se necesita un trabajo conjunto y colaborativo entre el sector público y privado, que permita llevar adelante las acciones, planes y programas que garanticen los objetivos de esta política.
Este es el primer paso para los cambios hacia los que debería comenzar a apuntar el país en esta materia. Por eso, la presidenta fue enfática en asegurar que: “no es posible pensar en una reinserción eficaz, si no hay verdaderamente acceso a oportunidades. La condena no puede ser sinónimo de profundizar carencias que, sabemos, muchas personas privadas de libertad han tenido que enfrentar en sus vidas”.
¿Qué crees que es lo más importante para poder mejorar las cárceles?
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