Comenzó como una maraña de escándalos político/financieros a fines del verano del 2015 y que de cierta forma remecieron al país. No por nada, gracias a los casos Penta y SQM se cambiaron una serie de reglas del juego cuando de financiamiento de política se trata: las empresas ya no pueden aportar dinero a campañas (sino que solo pueden hacerlo personas naturales como Pedro González, en vez de Refrigeradores Pedro González Corp Ltda.), se redujo la cantidad de dinero que se puede aportar por persona (pasando de más de CLP$ 28 millones a no más de CLP$ 750 mil) y se instauró un aporte estatal para estos fines, entre otras normas que puedes ver aquí.

Primero fue el estallido del caso Penta. En pocas palabras, consistió en que un grupo de políticos principalmente de derecha emitieron una serie de boletas “ideológicamente falsas” al grupo Penta (un conglomerado de empresas del mundo inmobiliario, financiero, de salud y hasta de educación).

Esas boletas eran “ideológicamente falsas” porque se usaron para recibir dineros de empresas a cambio de servicios que realmente nunca se prestaron, como asesorías, por ejemplo. Al final, era un mecanismo para recibir aportes de privados sin someterse a la ley de financiamiento de ese entonces (que establecía un tope de donación, las que tenían que ser anónimas para evitar conflictos de interés).

Algo parecido ocurrió al tiempo después con el caso SQM. En esta oportunidad, la mayor productora de litio de Chile y una de las más importantes a nivel mundial se enfrentó a la lupa del país tras conocerse que, al igual que el grupo Penta, estuvo financiando de manera irregular a una serie de políticos. También con boletas truchas, pero ahora a un grupo bastante más colorido de banderas políticas, las que iban desde la izquierda hasta la derecha (PS, PPD, DC, RN y UDI).

¿Y qué pasó con eso?

Ya se cumplieron dos años desde ese entonces y ha corrido bastante agua bajo el puente. Aunque parece que esas aguas van a terminar de moverse y se quedarán más bien estancadas. Esto, ya que el Servicio de Impuestos Internos (SII) llevó a cabo una serie de acciones que dan a entender que se terminarán archivando las causas pendientes en estos temas. ¿Por qué?

Bueno, para entender esto hay que tener presente cinco datos clave:

- Existen diferencias importantes entre lo que son las demandas, las denuncias y las querellas. Una de las más relevantes para este caso es que solo las denuncias o querellas pueden terminar en resultados penales (como la cárcel) o de multas, mientras que las demandas tienen que ver con aspectos más “domésticos”, como para declarar la existencia de un contrato de trabajo, por ejemplo.

- Ahora, cuando se trata de delitos impositivos (como los de Penta o SQM) solo el SII está capacitado para perseguirlos penalmente (o querellarse), debido al artículo 162 del Código Tributario. Es decir, la única manera de llevar estos temas a la justicia penal es teniendo al SII como querellante. Si no, naca la pirinaca.

- El asunto "se puso feo" cuando un reportaje de La Tercera (16 de abril), planteó que el SII había desestimado la vía penal para las causas pendientes en el marco de las investigaciones SQM-Penta. La última acción judicial de la entidad por la arista política del caso Penta fue en octubre del 2015 y en el caso SQM, fue en mayo del 2016. Es más: durante las últimas semanas, el organismo fiscalizador envió cartas de denuncia a las empresas involucradas para informarles que se continuará por la vía pecuniaria.

- ¿Pecu qué? La salida pecuniaria tiene que ver estrictamente con las sanciones que pueden imponer los Tribunales Tributarios Aduaneros y básicamente consiste en dinero. Ahí se rectifican declaraciones tributarias y se pagan reajustes y multas. Pero de resultados penales, ni hablar.

Se destapa una nueva olla

El reportaje de La Tercera fue altamente comentado en todos lados. Después de todo, daba la impresión que los rollos Penta y SQM quedarían hasta ahí no más, especialmente si consideramos que, en caso de no emprenderse una querella por parte del SII, las causas deben archivarse.

Pero el organismo cuestionado salió al paso y dio a conocer dos elementos que no dejaron indiferente a nadie. Lo primero, que se dejarían de perseguir penalmente algunas causas de la investigación por los bajos montos del perjuicio que ocasionaron, la baja reiteración de los hechos indagados, y porque las empresas se habían autodenunciado, rectificado el pago de sus impuestos y que ahora solo les queda pagar una que otra multa.

Lo segundo, es que presentó cinco nuevas querellas en el marco de estas investigaciones. Eso sí, cuatro de ellas tienen que ver con ampliaciones de otras acciones penales o de querellas hacia imputados que ya estaban involucrados en el embrollo. O sea, es poco probable que aparezcan caras nuevas en los tribunales.

Y llueven las críticas

En medio de todo esto, se cuestiona que la falta de interés por emprender nuevas querellas tengan que ver con la idea de frenar las investigaciones dentro del mundo político. ¿Las razones? Son variadas y algunas caen en el ámbito de la especulación, pero dentro de ellas se encuentra lo que planteó Ciper en una serie de reportajes: habría presión por parte del Gobierno para detener el avance de estos casos.

Ojo, que el director del SII es nombrado por el Ejecutivo, así que hay una cercanía que puede llegar a ser incómoda en estos casos. Aunque la entidad ha desmentido que haya habido algún grado de presión en ese sentido (pese a que ahora el ex director del organismo se dio vuelta la chaqueta y aseguró que sí las hubo).

Por su parte, la Contraloría (máximo órgano fiscalizador del Estado), entró ayer al baile cuestionando la actitud del SII frente a la opción de no emprender más querellas en contra de quienes estén involucrados en las investigaciones Penta-SQM. A través de un dictamen con varias palabras rebuscadas y con un tono que dista de ser confrontacional, la entidad dejó entrever que le hace ruido la manera en la que el SII está haciendo las cosas. Aquí va:

"Pese a tratarse de una atribución discrecional del Director del SII, resulta indispensable que las decisiones que adopte en materia tengan un fundamento racional, ya que conforme al principio de juridicidad, es importante que estas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad", planteó la Contraloría. Ouch.

Además, un grupo de 43 diputados solicitó a la Cámara hacer una sesión especial con el director del SII, Fernando Barraza, para analizar su idea de desestimar las vías penales para seguir con las causas de financiamiento irregular de la política.

Sí, están todos los ojos encima de la entidad que nos hace nuestra querida devolución de impuestos (si tenemos suerte).

¿Quiénes sí han sido formalizados?

A propósito de todos estos cuestionamientos, Fernando Barraza dio a conocer un balance de organismo en el que se detallan todos los movimientos que han emprendido entre el 2013 y el 2017 respecto a las investigaciones de financiamiento irregular de la política.

En total, se han hecho 41 procedimientos de sanciones en los Tribunales Tributarios y Aduaneros, 35 querellas por delitos tributarios, cinco denuncias y en 21 casos el SII determinó que en realidad no habían méritos suficientes como para proceder de alguna manera.

Entre las empresas que deberán someterse a la vía pecuniaria están Bci, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, entre otras.

Respecto al arista política, son 27 los políticos que han sido formalizados a propósito de las causas SQM y Penta. 14 de ellos son de Chile Vamos y 13 son de la Nueva Mayoría.

Y aunque suene cliché, la verdad es que de aquí en adelante, cualquier cosa podría pasar. Por un lado está el escenario en el que el SII se “arrepienta” de desestimar la vía penal para seguir con las investigaciones y, en la otra vereda, está la opción de que mantenga su posición y finalmente terminen archivándose las causas.

¿Crees que las acciones del SII han sido correctas?