Dependiendo del contexto, todos podemos ser discapacitados: hay ocasiones en que no hace falta ser sordo, ciego o tener movilidad reducida para sentirnos segregados y excluidos de la vida urbana. Ya sea por un accidente, un embarazo o por el resultado natural de la vejez, todos podemos caer en una situación de discapacidad temporal o permanente.

Por eso tenemos que empezar a comprender el tema de la accesibilidad más allá del binomio discapacitados/no-discapacitados, en donde quienes no padecemos de algún problema de movilidad, no veamos la necesidad de crear una ciudad amigable como un acto de caridad con quienes sí lo tienen, sino como un acto de responsabilidad cívica. Al final del día el impedimento de desplazarse por la ciudad nos afecta a todos.

Y como presenciamos recientemente en los Juegos Paralímpicos Rio 2016, el tener un problema de movilidad no es sinónimo de total dependencia, si no que con los instrumentos adecuados, las personas con movilidad reducida pueden desarrollarse de manera autónoma y plena en la ciudad.

Nueva perspectiva

No cabe duda que en los últimos 40 años (podemos marcar la primera Teletón de 1978 como un hito a la hora de concientizar a la población sobre la temática) han habido grandes avances a la hora de implementar infraestructura para facilitar la movilidad de los discapacitados en la ciudad, ya sean rampas (por ley desde 1980 todos los edificios públicos debe ser accesibles para los discapacitados) o avisos sonoros para señalar paradas de metro o bus, o algunos cruces. Sin embargo, éstos no se han hecho en el marco de algún política estructurada o, en muchos casos, se ha realizado mal.

Es usual que, por ejemplo, pese a que las instalaciones públicas suelen tener rampas, éstas no se hagan correctamente (no tienen el tamaño adecuado) o una vez adentro, no existen ascensores que permitan el moverse dentro del edificio. Una deficiencia en la infraestructura que no solo afectan a las personas que requieren sillas de ruedas o muletas para moverse: también hay situaciones en que los edificios públicos no tienen información disponible en braille para que las personas ciegas puedan utilizar las disposiciones de manera autónoma.

Y es que la búsqueda de soluciones que les permita autonomía a las personas discapacitadas, es el cambio de paradigma principal (que está insertado en la legislación actual) y debe ser implementado por las autoridades y por la sociedad en general. Bajo esta nueva mirada la persona con movilidad reducida debe dejar de ser percibida de manera paternalista; como sujetos de caridad incapacitados de realizar su vida diaria sin "ayuda".

Para cumplir este objetivo, es fundamental que las autoridades no solo se dediquen a construir infraestructura, sino que también fiscalicen, haciendo que se respete la legislación y ordenanzas ya existentes. Esto, entendiendo que es el diseño de la ciudad el que convierte a algunas personas en "discapacitadas" o aumenta sus dificultades, pues a fin de cuentas, todo depende de los límites que como sociedad pongamos.

Elecciones Municipales 2016

Puesto que la gran mayoría de los casos, los cambios urbanísticos necesarios para impulsar el desarrollo de una ciudad accesible debe empezar a nivel local, son las municipalidades y no el Congreso Nacional, el que realmente puede de manera efectiva implementar un plan de desarrollo urbano con ese norte. En este sentido, las próximas elecciones municipales del 23 de octubre serán un escenario ideal para empezar a levantar la discusión.

Destaca la candidatura de María Soledad Álamos (Licenciada en Historia de la UC y Magíster en Estudios Internacionales) al Concejo Municipal de Las Condes por la lista "Cambiemos la Historia de Revolución Democrática (RD)", siendo ella misma una persona de movilidad reducida. De ganar Álamos, se compromete a impulsar las iniciativas para hacer de esa comuna más integradora y accesible, tales como espacios sustentables, y mejorar la accesibilidad y comunicación de quienes a diario transitan, viven y estudian allí.

Iniciativas públicas y privadas

A la hora de impulsar iniciativas que busquen desarrollar una ciudad integrada, tanto en las instituciones públicas, como las empresas y las organizaciones de la sociedad civil organizada, es posible encontrar ejemplos que van en esa dirección.

Además de lo que ha venido haciendo en los últimos años las empresas Metro y Metro de Valparaíso, al sector público hay que reconocerle el enorme logro que significó la entrada en vigor el pasado marzo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que adecúa dicho reglamento a las exigencias de las actuales normas sobre igualdad de Oportunidades e Inclusión social de las personas con discapacidad, que busca "el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad".

El respeto a las personas es algo que en Chile falta desarrollar. Aún es común que las personas se estacionen en los lugares reservados para la gente con movilidad reducida, y en la mayoría de los casos no recibe ningún tipo de sanción o multa. También falta que la gente se preocupe de podar los árboles que dan a la vía pública y que puede hacerle daño a la gente con discapacidad visual que transita.

También vale la pena destacar el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) de este 2016, por parte del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de financiar iniciativas que contribuyan “a la inclusión social de personas en situación de discapacidad". Fondo al cual pueden postular todas las entidades públicas o privadas, sin fines de lucro acreditadas ante el SENADIS.

En el sector privado vale la pena destacar el proyecto BCI Accesible del Banco BCI, que desde 2014 busca que sus sucursales estén acondicionadas para discapacitados. Hasta la fecha han construido 20 de éstas, y esperan llegar a 80, construyéndolas todas con nuevos estándares que incluso superan las exigencias de la ley nacional. Esto, sumado a nuevas tecnologías que facilitan la experiencia de usuarios no videntes, sordomudos, etcétera. Siendo este tipo de iniciativas la más avanzada en su tipo en América Latina. A esto se suma también su programa de inclusión laboral, Bci Sin Límites.

Desde la sociedad civil, cabe destacar lo que está realizando Ciudad Fácil, con apoyo de la Universidad Austral, en donde mediante un app los usuarios pueden colaborar en la construcción de un mapa de la ciudad, en donde estén señalados los lugares que son accesibles o inaccesibles para las personas con capacidad disminuida, con el fin de tener información para decidir libremente a qué lugares ir.

Todas estas iniciativas buscan que nuestro país de un paso cultural y deje en el pasado el discurso políticamente correcto del vamos a "ayudar" al discapacitado y entender la problemática desde una perspectiva más global, en donde la necesidad de tener una ciudad integrada es algo que nos concierne a todos. Como habitantes de la urbe es también nuestra responsabilidad (y va en nuestro propio beneficio) el construir una ciudad que nos integre y que no nos segregue por nuestra capacidad de movilización.

¿Crees que Chile ha avanzado en inclusión? ¿Qué soluciones propondrías ante este desafío?