Sabemos que están medios enredados con tanta noticia de Gendarmería, pensiones por acá, licencias allá, hasta gendarmes encadenados, por eso aquí les explicamos de qué se trata todo básicamente.
La polémica en Gendarmería se inició luego de que se hiciera pública la "sobre pensión" que reciben algunos ex funcionarios, como el caso de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de la institución y ex esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS); quien recibe una jubilación mensual de $5.214.000 (monto superior incluso a la pensión de un ex comandante en jefe del Ejército).
Según demostró un informe de El Mercurio, todos los funcionarios que se pensionaron entre el 2014 y el 2016 obtuvieron jubilaciones de más de 60 UF (1,7 millones de pesos aprox.), pero que por lo menos, 42 funcionarios tuvieron alzas de sueldo importantes en los dos años previos a solicitar su jubilación (18 civiles y 24 uniformados).
Luego de conocerse esta información, el monto fue objetado por la Contraloría de la República, organismo que decretóque ningún funcionario de Gendarmería podía obtener más de 60 UF de jubilación, monto adscrito a la Escala Única de Sueldos que rige para todos los servidores públicos. Además, comunicó que se recalcularían las pensiones de todos los funcionarios de la institución.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia decidió abrir un sumario en Gendarmería, con el objetivo de determinar si los ajustes en los sueldos se realizaron de acuerdo a los conductos regulares y de esta forma establecer si se incurrieron en el abultamiento ilegal de sus sueldos con el objetivo de acceder a mejores pensiones.
Esto ha provocado varias reacciones: la ciudadanía está furiosa por considerar un abuso de poder las excesivas pensiones recibidas por los ex altos mandos; los funcionarios de Gendarmería se fueron a paro por estar en desacuerdo con el tope de 60 UF y por considerar que la realidad de unos pocos está afectando a la institución completa; y entre todo, se despidieron a 123 funcionarios por el uso injustificado de licencias médicas; se solicitó la renuncia del director de Gendarmería; y se ha iniciado una seguidilla de acusaciones entre Gendarmería, el Ministerio de Justicia, la Contraloría e incluso personas que ejercen cargos políticos.
Una verdadera teleserie que aún no encuentra su solución.
A la decisión de Contraloría de rebajar las pensiones a un tope máximo de 60 UF, se le sumó la renuncia de Tulio Arce (en ese entonces director de Gendarmería), la elección de un civil como nuevo director, Jaime Rojas; y la desvinculación de 123 funcionarios de Gendarmería por el uso injustificado de licencias médicas por parte de la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
Todo lo anterior provocó la indignación de los funcionarios de Gendarmería, quienes decidieron realizar un paro, solicitado por la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería (ANFUP) y apoyado por el 90% de los afiliados al gremio. Además de tomarse los accesos de las cárceles, un grupo decidió encadenarse como medida de protesta en el frontis del Ministerio de Justicia y en distintos accesos de penales a lo largo de Chile, señalando además que no recibirían a ningún reo durante 24 horas.
"Pasamos 30 años presos, en contacto directo con la delincuencia, y más encima nos cambian las reglas del juego porque algunos se subieron las pensiones", sostuvo Juan Orellana, presidente de la ANFUP, quien señala que sólo el 0,1% de los funcionarios reciben altas pensiones, y que además, las condiciones de vida que llevan a lo largo de su carrera está marcada de peligro, estrés y daños físicos y sicológicos.
Para el presidente de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, "si el personal se mantiene en Gendarmería es únicamente por la esperanza de una jubilación digna, en consideración con los 30 años que se pasan penurias en un sistema colapsado, abandonado, donde reina la violencia y las carencias".
Los dirigentes admitieron que podría haber anomalías en los cálculos de algunas pensiones, pero pidieron que estas sean revisadas caso a caso y que no se cause perjuicios a los otros funcionarios, y para cuestionar la medida tomada por Contraloría de rebajar las pensiones, han agregado los siguientes argumentos:
- Los funcionarios de Gendarmería cotizan en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), organismo que no cuenta con un límite de UF, como sí lo hace la AFP a través de la Escala Única de Sueldos de los servidores públicos.
- En caso de que hicieran regir sus pensiones en base a la Escala Única de Sueldos sería una injusticia, ya que la decisión sólo apuntaría a Gendarmería y no a las otras instituciones bajo la cobertura de Dipreca, como Carabineros o la PDI.
- En caso de aplicarse el criterio de Contraloría, las asociaciones de Gendarmería han solicitado el retorno del dinero extra cotizado anteriormente, acotándolo a las nuevas pensiones que consideren la baja, lo que, según el Ministerio de Hacienda, significaría la devolución de dinero a cerca de 300 personas.
Ante la polémica, el ex director Tulio Arce, acusó a la ministra de Justicia Javiera Blanco y a sus asesores, de intervención política, asignación de cargos y conocimiento del sistema para abultar las pensiones.
"Lo advertí en octubre de 2015. Había un mecanismo que permitía que las remuneraciones fueran abultadas en los últimos meses para percibir una mejor pensión. Lo mismo con las licencias médicas. Son temas que yo venía trabajando hace ya seis meses atrás", señaló Arce.
Por su parte, la ministra de Justicia lo desmintió, señalando, entre otras cosas que a Justicia no le corresponde el tema de las contrataciones ni de los sueldos. Pero, a pesar de su defensa, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación a la ministra tanto en Gendarmería como en lo respectivo al Sename, la que tendrá lugar el próximo 2 de agosto, a cargo de la diputada RN, Marcela Sabat.
No es primera vez que funcionarios de Gendarmería se vota a paro. Recordemos que en octubre del año pasado lo hicieron, exigiendo que el gobierno tramitara con urgencia prorrogar las facultades al Director Nacional para eximir de los requisitos de ascensos por mérito hasta el año 2020; ingresar, previo debate con las organizaciones de funcionarios, un proyecto de ley que aborde la crisis de carrera funcionaria durante el primer trimestre del año 2017; el incumplimiento del prometido aumento de dotación de 4.500 nuevos funcionarios; la defensa de la institución ante la Contraloría y, por último, seguridad para los dirigentes huelguistas y movilizados para que no sus acciones no amenacen su estabilidad laboral.