Puede ser que todavía le duela a Iván Zamorano haber sido la cara visible del Transantiago cuando recién empezó. Y es que definitivamente no es una de las políticas públicas más populares del último tiempo. El plan que reformó de raíz al sistema de transporte capitalino cuenta con sólo un 19% de aprobación según la última encuesta Adimark (es decir, a casi 10 años después de su puesta en marcha).
Y la verdad es que los números tampoco lo acompañan. Durante el primer trimestre de este año la evasión del pago del pasaje experimentó un alza y llegó al 28%. Lo anterior, a su vez, se traduce en pérdidas de entre US$ 100 millones y US$ 150 millones al año (o sea, por lo menos CLP$ 68 mil millones), de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Transportes.
Esto también se explica en parte por el alto costo del pasaje. Según la encuesta CASEN del 2013, viajar en transporte público representa el 28% de los ingresos de una familia del primer decil. Porque a pesar de los constantes subsidios del Estado al sistema, que para el 2020 se espera que sumen US$ 16 mil millones, el pasaje sigue siendo relativamente caro: alrededor de CLP$ 700.
En medio de todo esto, Juan Carlos Muñoz, miembro del directorio del Metro de Santiago y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), dio a conocer a través de una columna en el medio La Tercera, una sugerente propuesta: que el uso del Transantiago sea gratuito y que se financie a través de impuestos para los santiaguinos.
El experto plantea que el problema, además de ser financiero, se transformó en un tema moral. Y es que considerando la alta tasa de evasión, en la práctica la tarifa ya estaría siendo subsidiada por el alrededor del 70% que sí paga su pasaje, explica. También agrega que los “no-usuarios” ya están financiando el pasaje de los demás a través de sus impuestos.
Básicamente, el sistema funcionaría a través de una carga en las liquidaciones de sueldo de los trabajadores empleados de Santiago. Juan Carlos explica que el costo del Transantiago, entre buses y Metro, es de aproximadamente US$ 1.480 millones anuales. Por lo mismo, considerando que existen dos millones de trabajadores santiaguinos con contratos formales, se necesitarían US$ 60 (CLP$ 40.800 aproximadamente) mensuales por trabajador.
¿Caro, no? Pero el experto continúa y plantea que si el Estado sigue aportando el 45% del costo total del sistema y el 55% restante se divide entre los empleados y empleadores de la ciudad, entonces cada uno tendría que aportar con CLP$ 11 mil al mes. Algo que podría ser incluso menos si se incluyeran al 10% de trabajadores independientes capitalinos.
La propuesta también contempla que el Estado divida lo que aporta actualmente en dos partes: un 25% para subsidiar la tarifa y el otro 20%, que se destine a las inversiones en infraestructura y material rodante. El 75% restante del costo del pasaje se dividiría nuevamente entre los empleados y los empleadores, quienes terminarían pagando cada uno CLP$ 15 mil mensuales (algo así como 21,4 pasajes al mes).
Juan Carlos menciona que este sistema erradicaría de raíz la evasión (ya que no habría nada que evadir, duh) y a la vez conservaría la carga financiera fiscal. También se volverían innecesarios los gastos asociados al cobro y la fiscalización (porque no habría nada que fiscalizar ni cobrar…), permitiría aligerar a los paraderos más congestionados, ya que no sería necesario aglomerar a la gente en las zonas pagas; y las paradas de los buses serían más expeditas, ya que se podría entrar y salir por cualquier puerta. Esto, a su vez aumentaría la productividad de los buses y reduciría los tiempos de espera.
Otro beneficio sería que la gente usaría más el transporte público, disminuyendo así la congestión, el ruido, los accidentes vehiculares y la contaminación. Aquí el experto pone de ejemplo a Tallin de Estonia, una de las ciudades más grandes del mundo que ha experimentado con el transporte público gratuito y en donde se vio un aumento del 14% de los viajes, además de una reducción del 14% del tráfico vehicular.
Eso sí, Juan Carlos admite que el esquema no es perfecto. Y es que implica cobrarles a trabajadores que no necesariamente usan el transporte público. Además, introduce un nuevo costo a los empleadores, lo que a su vez podría afectar al mercado laboral (ya que podría hacer menos atractivo contratar gente).
Por su parte, Carlos Melo, el secretario técnico de Planificación del Directorio del Transporte Público Metropolitano, sostuvo en una entrevista para La Tercera que el esquema de Juan Carlos es “una propuesta difícil de implementar” y que la experiencia internacional es escasa. Si bien hace alusión al ejemplo de Tallin, recalca que dicha ciudad no supera los 400 mil habitantes, “por lo que no es una referencia”.
Algo similar plantea Louis de Grange, director de la Facultad de Ingeniería de la UDP en el mismo artículo de La Tercera. Según él, se generaría un colapso en el sistema por la alta demanda de personas que comenzarán a usar los buses. Y Raimundo Cruzat, ex coordinador del Transantiago y máster en urbanismo del MIT, cree que implementar algo así significaría dar a “torcer el brazo” por hacer que la gente no pague por un servicio que está recibiendo.