* En este artículo, publicado en mayo de 2016, dos expertos revelan los pasos a seguir para solucionar los graves problemas del Sename y así proteger como es debido a los niños más vulnerables de nuestro país.

Escándalo provocó el informe del Ministerio de Justicia entregado hace unos días a la Comisión investigadora del Congreso, el que reveló que en 10 años han muerto 185 niños bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile, el que incluye la muerte de la pequeña Lissette Villa, de 11 años, que murió en abril pasado producto de un paro cardíaco en el centro Cread Galvarino, dependiente del Sename. 

Estos hechos han destapado una vez más que las actuales dependencias y prácticas del Sename no están funcionando y que las medidas de reinserción y rehabilitación en los menores vulnerados, tampoco están teniendo efecto. 

Ya han fallecido 185 menores, pero actualmente tenemos más de 100 mil menores que están en manos del Estado por ver sus derechos vulnerados o por haber cometido una infracción a la ley.Por ende, 100 mil menores en riesgo latente, debido a la ineficiencia del sistema de protección de menores que hoy impera en nuestro país.

Tras el caso de Lissette, el gobierno dio nuevamente urgencia a los proyectos de ley que buscan cambiar la institucionalidad del Sename, modificaciones que se discuten desde septiembre pasado en la Comisión de Familia de la Cámara Baja, y que buscan –entre otras cosas–, dividir el Sename en dos organismos: uno encargado de velar por los derechos de los menores abusados y vulnerados, y el otro encargado de los menores infractores de leyes.

Conversamos con dos expertos en protección de menores para saber cuáles son las principales falencias del sistema de protección infantil y cuáles las medidas más urgentes para evitar otra muerte tan injusta y dolorosa como la de Lissette y la de estos otros 184 niños que murieron bajo un sistema que les prometía la protección que su propia familia no pudo darles.

Por qué el sistema actual no está funcionando

Los dos expertos concuerdan en que las falencias van mucho más allá del Sename, ya que involucra también al sistema judicial, al sistema legislativo y al gobierno en general, y que para que se logren políticas públicas efectivas, es completamente necesario el trabajo interdisciplinario y especializado, enfocado en primer lugar en la prevención, en la detección específica del problema de cada menor y en el trabajo directo con las familias que presentan problemas o riesgos.

Francisca de Iruarrizaga, economista y máster en políticas públicas de Harvard y consultora del Banco Mundial en el programa de Protección Social y Empleo, que realizó su tesis sobre cómo lograr una desinternación de menores exitosa; nos dice que la historia de Lissette se repite en varios niños y que el sistema de protección infantil cuenta con una historia de fallas que a la larga llevan a que la vida de un menor termine de esta manera. Y señala que una de las principales falencias es que “falta un buen diagnóstico sobre los problemas que llevan a la internación. Sabemos que un 25% se debe a inhabilidad parental, un 22% a negligencia, y las otras causas son igual de poco informativas. Pero no sabemos cuáles son realmente los problemas específicos, y sin conocer eso no podremos diseñar una solución adecuada para esas familias”.

Respecto a la internación misma, Francisca señala que “la internación está establecida como la última opción, pero en la práctica no siempre se agotan todas las vías alternativas previas, entonces se utiliza porque no hay otras opciones”.

- ¿Cómo debiese tratarse una situación de riesgo para evitar internaciones?

“Primero, el Sename debe contar con un buen diagnóstico de quiénes son los niños en el sistema, cuáles son sus problemas y los de sus familias. Los perfiles de los niños han cambiado con el tiempo y ahora son más complejos. Están relacionados con el consumo problemático durante el embarazo y problemas psiquiátricos o psicológicos que requieren soluciones especializadas. Esta mejor comprensión del problema debiera permitir al Sename segmentar la población y diferenciar los servicios según las necesidades de cada niño”.

“Segundo, el Sename debiera implementar modelos de atención alternativos y evaluar cuál representa una mejor solución para los diferentes tipos de casos. Por ende, más que un programa, lo que se requiere es una gama de soluciones para enfrentar diferentes problemas”.

“Tercero, si el objetivo último es la reunificación familiar, es preciso proveer intervenciones y servicios variados para ayudar a las familias. En la actualidad, el menor es separado temporalmente de su familia a la espera de que ésta adquiera las competencias para recibirlo de vuelta, pero no siempre existen recursos o intervenciones para ayudar a la familia en ese proceso. Se deben crear modelos de cuidado alternativos como soluciones temporales y posibilitar una reunificación familiar permanente”.

- ¿Cuál es el método más eficiente en cuanto a la reinserción social de niños vulnerados?

“Las familias de acogida si bien se han decretado como opción preferible a la internación en el caso de niños que han sido vulnerados en sus derechos, todavía tenemos que el 72% de los niños que son separados de sus familias van a residencias y solo un 28% a familias de acogida, siendo solo un 5% los que van a familias de acogida externa. Para que sea una alternativa factible necesitamos un buen programa de familias de acogida, con procesos de selección, estructura de apoyo y diferentes tipos de familias para distintos tipo de problemas”.

- En tu tesis señalas que es necesario que el Estado invierta en la infancia, ¿por qué han demorado tanto en poner urgencia a las reformas?

“ Uno podría pensar que la razón es porque los niños no votan, pero creo que el problema no va sólo por ahí, sino porque hay mucha discusión ideológica y faltan consensos técnicos. Si no se les entrega apoyos y servicios adecuados a los niños víctimas de maltratos y simplemente se les destina a instituciones que agudizarán el daño que padecen, no podrán crecer como adultos plenos”.

“La existencia de niños que no crecen adecuadamente para llevar una vida socialmente plena y productiva se transforma en un alto costo para el Estado, en la medida en que dependerán durante toda su existencia de programas asistenciales y tendrán una mayor probabilidad de padecer problemas mentales serios o de ser recluidos en instituciones penitenciarias”.

Cuando los menores infringen las leyes

Conversamos con Alejandro Gómez, jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública, entidad convocada a las comisiones revisoras de los recintos del Sename, por su rol de defensa de las garantías y derechos de los imputados. Nos comenta que la división del organismo entre menores vulnerados y menores infractores de ley es necesaria, enfatizando eso sí que “no sólo la división, sino una especialización en el trabajo con los infractores que requiere distintas miradas interdisciplinares”.

- Los menores que infringen leyes, ¿no son también menores vulnerados que no han sido intervenidos a tiempo?

“Los adolescentes que nosotros defendemos son adolescentes que han sufrido vulneraciones de derecho en sus vidas, y el hecho que lleguen al sistema penal, evidencia que el sistema previo de protección no ha sido capaz de cumplir adecuadamente en esa área. Y eso es incuestionable”.

“Cuando llegan jóvenes al sistema penal, notamos que han tenido experiencias dolorosas de vida, de exclusión social, de pobreza, de maltrato, y esos son problemas que deben abordarse a través de un servicio especializado y desde una óptica distinta, de enfrentar esos problemas desde una perspectiva de derecho y no desde la prevención del delito. Estos jóvenes tienen sus derechos vulnerados y el Estado tiene la obligación de satisfacerlos”.

- En cuanto a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿las penas privativas y las sanciones son efectivas para la reinserción y para evitar las reincidencias?

“La respuesta penal es la última respuesta que da el Estado y es cuando todas las otras políticas públicas han fracasado. Yo diría que no se le puede pedir al sistema penal solucionar los problemas que las políticas públicas no han sido capaces de enfrentar. Y para eso se necesita una prevención eficaz, integral, vinculada a la política social, a la educación, a la política de infancia y juventud, a los derechos de la infancia, etc.

“Otra cosa es que para las conductas dañinas que cometan los adolescentes, se debe reaccionar penalmente también. Pero incluso en la criminalidad grave que amerita privación de libertad, también los movimientos internacionales de derechos humanos y la evidencia empírica señalan que esto debe ir acompañado de un acceso progresivo a espacios de libertad y situaciones de vidas más comunes. De lo contrario, las estadísticas sobre reincidencia demuestran que sólo con castigos y privación de libertad, el sistema termina promoviendo más delincuencia”.

- Esta baja de 16 a 14 años como la edad mínima para ser procesados penalmente, ¿responde también a un acto desesperado del sistema de verse superados con el tema de prevención?

“Eso en sí mismo no es malo, el tema es que la respuesta tiene que ser especializada. El problema es que el sistema no es especializado. En la Defensoría Penal Pública somos los que mayor esfuerzo hemos hecho en prestar un servicio particular especializado, con profesionales de distintas materias. Pero aún así atendemos de manera especializada al 75% de los adolescentes, pero hay un 25% que se guían con defensores que no tienen especialización”.

“Para lograr más especializaciones se requieren reformas institucionales, como la que se está buscando con el Sename, pero también se requieren reformas dentro del Ministerio Público y dentro del poder judicial, de tal manera de que destinen recursos humanos y materiales específicamente al sistema penal juvenil. Porque no todos los adolescentes merecen la misma respuesta. No todo tipo de criminalidad merece una misma respuesta”.

“Cerca del 80% de los jóvenes que pasan por el sistema penal adolescente, no vuelve más a aparecer. Hay un grupo focalizado, un grupo menor de jóvenes que son los que desacreditan el sistema, y que tiene que ver con reincidencias en criminalidad grave, leve o mediana. Respecto a ellos se está realizando un plan piloto de seguimiento y de trabajo interdisciplinario con ellos y sus familias, que hay que ver los resultados. Es una oportunidad de oro para iniciar una acción con acompañamiento y evaluación permanente”.

- ¿Qué modelos internacionales que han sido exitosos podrían aplicarse en Chile?

“No podemos traer recetas de otros países porque las realidades culturales son diferentes, incluso las realidades de las ciudades son distintas. Hay experiencias interesantes en Holanda, Barcelona o Canadá donde con la delincuencia juvenil se ha tenido éxito, pero la realidad de esos lugares son diferentes. No podemos incorporar los mismos planes en Santiago, habría que validarlos acá en Chile. Hay que concentrar los esfuerzos en aquella criminalidad que es la más vistosa, y eso se puede hacer sólo en la medida en la que tú tengas servicios públicos especializados y para eso es necesario contar con mayor dotación de recursos monetarios y también humanos”.

¿Y tú, qué crees que se debe hacer?