¿Estará llegando a su fin la Ley Reservada del Cobre? Durante las últimas semanas la idea ha ido agarrando vuelo entre distintos sectores, quienes se han manifestado a favor de crear un proyecto que derogue dicha ley. Incluso desde el Gobierno anunciaron que esto ocurrirá el próximo año. Pero antes de entrar al debate actualmente en curso, es importante dimensionar la envergadura de lo que se quiere cambiar.

En pocas palabras, la Ley Reservada del Cobre funciona así: el 10% de las ventas brutas de la minera estatal Codelco se tienen que asignar a las Fuerzas Armadas. Para hacerse una idea de cuánto es esto: según la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre 2004 y 2014, período en el que el precio del cobre experimentó un boom, Codelco destinó US$ 11.726 millones a las FF.AA., es decir, poco más de US$ 1.170 millones al año. Para hacer una comparación, la reforma tributaria impulsada el 2014 para financiar la reforma educacional, pretendía recaudar unos US$ 8.200 millones anuales adicionales.

El origen

Contrario a la creencia popular de que esta reserva presupuestaria para los militares fue implantada durante la dictadura pinochetista, el origen de esta ley se remonta a 1958, cuando se creó bajo el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, aunque en ese entonces se estipuló que a través de este mecanismo, Codelco entregaría el 15% de sus utilidades de la minería del cobre para financiar directamente a las FF.AA.

Posteriormente, durante el gobierno militar, experimentó una serie de modificaciones hasta quedar más o menos como la “conocemos” ahora. Y es que la “conocemos” entre comillas, ya que debido a su carácter reservado, su contenido se encuentra restringido para la ciudadanía.

Qué más dice la ley

Sin embargo, hay unos cuantos aspectos de la ley que sí son conocidos públicamente. Por ejemplo, que existe un piso de dinero que se le entregarán a las FF.AA., independientemente de si se logra cumplir o no a través del 10% de las ventas de Codelco. Este monto corresponde a US$ 260 millones anuales que se distribuyen en partes iguales entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Si la cifra no se logra recaudar a través de las exportaciones de la minera estatal, es el Fisco el que se tiene que poner con la plata para cubrir el piso. Pero si el precio del cobre llegara a caer a un tercio del valor vigente al período en el que se hace la asignación de recursos, Codelco debería endeudarse para asegurar el financiamiento mínimo a las FF.AA. De todos modos, fuentes de La Tercera aseguraron que ninguno de los dos casos ha ocurrido.

Por otra parte, no existe un techo límite de financiamiento. Es decir, independientemente del precio del cobre y de la cantidad de material exportado, las FF.AA. siempre recibirán el 10%. Dinero que por cierto es entregado por el Banco Central.

Los dos intentos fallidos por cambiarla

La falta de transparencia en el manejo de los recursos y el deseo de utilizar parte de ese dinero para otros usos más urgentes, son las dos principales razones detrás de las diversas iniciativas para cambiar la ley. Y es que excedentes hay. De los 11.726 millones de dólares entregados por Codelo a las FF.AA. entre 2004 y 2014, sólo US$ 6.472 fueron gastados, quedando US$ 5.254 millones (más su rentabilidad) disponibles para usos futuros.

Por esto, no son pocos los detractores de la Ley Reservada del Cobre. De hecho, se ha intentado modificar desde hace tiempo. El primer intento fue precisamente en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, que en el 2009 envió un proyecto para derogar la ley.

En ese momento, entre los argumentos se encontraba la idea de hacer que Codelco funcionara como cualquier empresa pública, quitándole así la carga de tener que ceder el 10% de sus ventas.

Por otra parte, también se argumentó que derogando esta ley, el financiamiento de las FF.AA. contaría con mayor seriedad y transparencia, ya que el tema sería menos reservado y contaría con una mayor planificación por parte del Estado; idea que es discutida por quienes apoyan la ley, pues afirman que las múltiples urgencias presupuestarias rápidamente echarían mano a esos dineros, dejando en precaria situación los planes de renovación de armamento, que son compromisos de largo plazo, y sometiendo a las FF.AA. a una mirada cortoplacista de los políticos, lo que a su vez pondría en riesgo la soberanía nacional ante amenazas externas.

En todo caso, el proyecto no prosperó y jamás vio la luz en el Congreso. Algo parecido a lo que le pasó a la iniciativa de Sebastián Piñera, que buscaba algo similar.

En el 2011, el gobierno de Piñera envió un proyecto de ley parecido al que había enviado anteriormente Michelle Bachelet para derogar la Ley Reservada del Cobre. Entre otras cosas, pretendía establecer un financiamiento plurianual para las FF.AA. más un fondo de contingencia. Esto quiere decir que el presupuesto de la institución no se realizaría anualmente, sino que quedaría estipulado para una cierta cantidad de años.

El propósito del proyecto era ejercer un mayor control en los dineros que manejan las Fuerzas Armadas, además de entregarle mayor estabilidad a la institución al tener claro cuánto sería el presupuesto que manejarían durante algunos años, en lugar de quedar sometido a las fluctuaciones del precio del cobre. Aunque al igual que el intento anterior, el proyecto no prosperó, quedando congelado en el Senado, luego de ser aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados.

"Milicogate" ¿La tercera es la vencida?

Ahora el tema que detonó nuevamente la idea de derogar la ley, fue el “Milicogate”. Una serie de desfalcos al interior del Ejército que comprenden fraudes al fisco y facturas falsas –todo a punta de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre– encendieron las alarmas para hacer modificaciones una vez más.

Fue por eso que la semana pasada el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció el envío de un proyecto, durante el próximo año, que deroga la ley. Al respecto, planteó que “el financiamiento nos tiene que permitir tener planificación de aquí al 2026 y que sea lo más transparente posible” y agregó que “en lo que sí hay que ser claro es que las FF.AA. necesitan que exista un sistema de financiamiento que no las haga competir con la construcción de hospitales o con la Educación. El país necesita un financiamiento asegurado para la defensa del país”.

Aunque no todo se debe al caso “Milicogate”. La Comisión Asesora Presidencial Anticorrupción, más conocida como Comisión Engel, ya había propuesto este año la idea de derogar la Ley Reservada del Cobre.

Entre los argumentos, se esgrimió la idea de acabar con “el manto de silencio” sobre gastos militares que ampara el carácter reservado de la ley. De esa manera, el uso de estos podría ser más estratégico y además se evitarían algunos temas de corrupción (precisamente los ocurridos en el “Milicogate”).

Aunque también hay otros motivos para derogar la ley. Por ejemplo, esta restringe el manejo financiero de Codelco al obligarla a ceder el 10% de sus ventas, ya que esto priva a la empresa de acceder a préstamos internacionales más baratos, por ejemplo. Algo que es clave para una empresa que tiene que estar recibiendo capitalizaciones constantemente.

Por su parte, el nuevo escenario del cobre, en donde se prevé una baja sostenida en su valor, además de una menor demanda internacional, hace que se tenga que replantear el financiamiento que se le entrega a las FF.AA.

¿Qué se necesita para cambiarla?

El alto quórum para modificar la Ley Reservada del Cobre ha sido el principal obstáculo para derogarla o modificarla. Y es que se necesita la aprobación de 4/7 de los senadores en ejercicio.

Aunque ahora pareciera existir un acuerdo más amplio para hacer los cambios necesarios. De hecho, este lunes se anunció que 20 senadores presentaron una iniciativa en la que le solicitan al Gobierno revisar la ley. Ellos fueron las senadoras Isabel Allende (PS), Lily Pérez (Ind.) y los senadores Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (Ind.), Francisco Chahuán (RN), Guido Girardi (PPD), Felipe Harboe (PPD), Antonio Horvath (Ind), Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Manuel Matta (DC), Jorge Pizarro (DC), Rabindranath Quinteros (PS), Fulvio Rossi (PS), Eugenio Tuma (PPD), Ignacio y Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC).

Sobre esto, el senador socialista, Alfonso de Urresti, sostuvo que "no se trata de afectar la capacidad militar de Chile, como algunos han sugerido, sino de actualizar una norma que, aunque es de antigua data, fue durante la dictadura donde se implementaron pisos mínimos de ingresos a las FF.AA. y normas excesivas de autonomía y falta de control respecto de su uso".

¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Cómo crees que deberían financiarse las Fuerzas Armadas?