Fue la principal bandera de lucha del movimiento estudiantil y el foco central de las promesas de campaña de la presidenta Michelle Bachelet. La gratuidad en la educación superior ha sido uno de los temas más polémicos, discutidos y esperados de este Gobierno; tanto así, que hasta se creó una reforma tributaria específicamente para poder financiarla (junto a la gratuidad escolar). Sin embargo, su proceso de creación ha sido complejo y no ha estado exento de polémicas y cuestionamientos.

Uno de ellos, es la duda que existe en torno al dinero con el que contará el Gobierno para poder cumplir con la gratuidad. Esto, a raíz de que no se sabe con exactitud cuánto logrará recaudar la reforma tributaria, ya que se espera que sea una cantidad bastante menor a la que se creía inicialmente, por la fuerte desaceleración económica y la brutal caída del precio de cobre que se ha registrado en los últimos años.

Otra, es la manera en la que se irá desarrollando el tema. La promesa decía que para el fin de este mandato (el 2018), el 70% de los alumnos más vulnerables accederían a la gratuidad universitaria. Para esto, se había previsto que durante el 2016 se llegaría a una cobertura del 50%, mientras que el 2017 sería del 60%, terminando el 2018 con el prometido 70%. Pero en agosto de este año ya se anunció que se postergaría extender el beneficio al 60% de los alumnos para el 2018, generando dudas sobre el cumplimiento de la promesa.

Aunque de todas las polémicas, hay dos que lograron llegar al Tribunal Constitucional, en donde el Ejecutivo se enfrentó a una nueva valla en la implementación de la gratuidad, y que tienen que ver con la forma en que se regulará y distribuirá el beneficio entre los estudiantes. Es que el problema es complejo: los precios de las carreras varían enormemente de institución en institución; las hay universitarias, técnicas y profesionales; estatales, privadas tradicionales y privadas no-tradicionales; complejas y simples; acreditadas y no acreditadas; con mayores o menores porcentajes de alumnos vulnerables; con y sin acceso a becas y créditos estatales; con o sin lucro, etcétera. Así, dar con una fórmula "justa" para distribuir el beneficio a lo largo de la educación superior es casi imposible y ha sido un quebradero de cabeza para el Ministerio de Educación, que ni el ex-ministro Nicolás Eyzaguirre ni la actual ministra Adriana Delpiano, han logrado resolver, debiendo desdecirse una y otra vez sobre la fórmula a ocupar.

Por ello, la Presidenta resolvió avanzar la gratuidad por otro camino, que como veremos, metió más pelos en la sopa.

La glosa de la discordia

Todo comenzó cuando el Gobierno decidió incorporar la gratuidad de la educación superior a través de una glosa de la Ley de Presupuesto del 2016, con un monto de $ 563 mil millones para beneficiar a 200 mil alumnos. Para varios, la medida generó rechazo, ya que se esperaba que el tema fuera zanjado a través de una ley, debido a los cambios técnicos que contempla la medida (como por ejemplo, que las instituciones superiores cambien de personalidad jurídica).

Al respecto, el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, sostuvo que “lo que está haciendo el Gobierno es vulnerar la naturaleza jurídica de la ley de Presupuestos, es decir, que va más allá de sus márgenes, que es una ley especial que lo que hace es decir de dónde vienen los ingresos y no colocar los gastos, y aquí se están haciendo modificaciones sustantivas, tanto para las instituciones como los alumnos, y eso es materia de una ley permanente y no una glosa presupuestaria".

El otro punto que encendió el debate fue el criterio para seleccionar los establecimientos que se podrían adscribir al beneficio. En la propuesta del Gobierno, se planteó que sólo podrían acceder a la gratuidad las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH); además de aquellas privadas que se encuentren acreditadas por cuatro años o más, que no cuenten con miembros que no estén constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro y que consagren en su participación "al menos un representante de los estamentos estudiantil o personal no académico, sea con derecho a voz o a voto, en algún órgano colegiado de la administración o dirección central de la institución"; finalmente, también participarían aquellos institutos de formación técnica o profesionales que se encuentren acreditados y no lucren.

Ante esto, surgieron varios cuestionamientos en torno a las exigencias que se le piden a los establecimientos privados, en contraste a los del CRUCH, quienes no tienen que contar con algún requisito aparte de ser miembros de la entidad.

El revés del Tribunal Constitucional

Estos dos puntos desencadenaron en que un grupo de parlamentarios de la oposición recurriera al Tribunal Constitucional. Tanto por el mecanismo con el que se envió al Congreso, como por los criterios para seleccionar los establecimientos.

Al declarar admisible el recurso, 18 instituciones y organizaciones expusieron ante el Tribunal Constitucional, tanto a favor como en contra de los puntos que estaban en cuestión. Tras esto, el organismo finalmente emitió un comunicado en el que declaró que no era inconstitucional que la gratuidad para el próximo año fuera abordada a través de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, sí acogió la pretensión de inconstitucionalidad sobre la discriminación arbitraria por los “requisitos de elegibilidad” para avanzar con la propuesta.

De esa forma, los criterios de selección quedaron en duda, tras ser declarados inconstitucionales por parte del TC. Aunque aún no se sabe concretamente cuáles fueron los requisitos inconstitucionales. Es decir, hasta el momento sólo se sabe que por lo menos algunos lo son.

Por su parte, el Tribunal anunció que notificará la sentencia a las partes el lunes 21 de diciembre. Ahí se espera que explique con precisión qué criterios y por qué fueron cuestionados.

Remezón en La Moneda

Después del pronunciamiento del Tribunal, la presidenta Bachelet salió al paso y declaró que se encargará “personalmente de identificar las mejores alternativas para que, dentro de las posibilidades legales por un lado y presupuestales por el otro, la mayor cantidad posible de estudiantes previstos para acceder a la gratuidad pueda hacerlo".

En ese sentido, desde el Gobierno se estuvo barajando la idea de crear una “ley corta”, la que permita que se redistribuyan los recursos a partir de los criterios que estipule el TC en su sentencia, para dirimir por qué se habría incurrido en la inconstitucionalidad. Esto, en función de si habría sido por el criterio de selección de alumnos vulnerables o de los establecimientos.

En tanto, desde la oposición surgió otra propuesta. Chile Vamos también planteó que se creara una ley corta, en la que se estipule que se podrán adscribir a la gratuidad el 50% de los alumnos más vulnerables que acudan a establecimientos con cuatro o más años de acreditación, sin distinguir si pertenecen al CRUCH o no. Además, propusieron redestinar recursos para la compra de colegios particulares subvencionados, utilizándolos para financiar la gratuidad en educación superior.

Aunque la medida fue cuestionada. Tomando el ejemplo de la Universidad del Mar, algunos sostuvieron que el que un establecimiento esté acreditado por cuatro o más años no es necesariamente un reflejo de calidad en la educación que entrega.

La nueva propuesta

Finalmente, hoy miércoles trascendió que el Gobierno habría llegado a un acuerdo con la oposición para cambiar la forma en la que se planteó la gratuidad antes de llegar al TC.

De esa forma, ahora se avanzaría a través de una ley corta, en la que se permitiría que accedieran al beneficio el 50% de los alumnos más vulnerables que acudan a todas las universidades con cuatro o más años de acreditación, sin distinguir si pertenecen al CRUCH; pero manteniendo el criterio sobre que no estén relacionadas con entidades con fines de lucro.

Sin embargo, la medida resulta un poco incómoda para el Ejecutivo, ya que tres instituciones del CRUCH quedarían afuera por no contar con la cantidad de años de acreditación estipulados: la U. de Los Lagos, U. Tecnológica Metropolitana (Utem) y la U. Arturo Prat (todas con tres años de acreditación).

Aunque ahora la nueva duda que surge es cómo se financiará el nuevo espectro de alumnos que podrán acceder al beneficio. Según algunas fuentes consultadas por La Tercera, una fórmula sería restar a siete institutos de formación técnica y superior de la gratuidad (incluyendo el Duoc), pero aumentar el monto de las becas Nueva Milenio -que se entregan a alumnos de esas instituciones- en compensación.

Según declaró la Presidenta, el nuevo diseño reduciría el número de beneficiados de 200 mil a 140 mil, aunque esto se sabrá con claridad cuando se conozca exactamente qué impugnó el fallo del Tribunal Constitucional.

De todos modos, se cree que la nueva propuesta será enviada al Congreso el lunes, en donde se espera una tramitación rápida y sin muchas modificaciones, ya que el proyecto enviado corresponde a una especie de acuerdo entre la oposición y el oficialismo.

Actualización: La ley corta, que entró con discusión inmediata al congreso el 21 de diciembre, establece gratuidad en universidades del Estado, sin condiciones, y en privadas con 4 años de acreditación o más, siempre que sus controladores no tengan fines de lucro. Esto beneficiaría a 178 mil estudiantes. Por otro lado, los planteles técnicos quedan fuera, pero se aumenta la beca Nuevo Milenio de $700 mil a $850 mil, en beneficio de 144 mil estudiantes.

¿Qué te parecen los criterios para acceder a la gratuidad? ¿Crees que debió haber sido de otra forma?