Julio César Robles es un minero de Copiapó. Un hombre de trabajo, esfuerzo y con una linda familia. Un día su vida cambió en 180°. Fue imputado como el único responsable de un robo con intimidación en un minimarket y condenado a 5 años y 1 día de prisión.
¿Cuál era la prueba en su contra? La declaración del hijo de la dueña del negocio, quien ese día fue el único en ver al asaltante. Sin poder defenderse, Robles fue detenido y condenado, alcanzando a estar 19 meses preso. Un año y medio. Según él, sólo un milagro logró que lo dejaran en libertad y que al fin constataran que era inocente.
¿Cómo fue posible? Tiempo después de la declaración, el hijo de la dueña del minimarket vio al verdadero autor del delito robando licor en otro supermercado, y de inmediato fue a la fiscalía a decir que su testimonio estaba mal. Pero no fue simple comprobarlo. Fueron eternos meses de pelea en tribunales, hasta que la Corte Suprema decidió tomar el caso, exigiendo la libertad inmediata de Robles al declararlo inocente.
Robles habla de un milagro por dos razones. Primero, porque las probabilidades de que el hijo de la dueña se topara con el verdadero delincuente eran casi nulas; y segundo, porque de 300 casos de nulidad presentados a la Corte Suprema, sólo 15 son acogidos.
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C.P.F. es un carabinero de Puerto Cisnes, quien a sus 34 años fue acusado por el delito de abuso sexual y violación en contra de la hija de ocho años de la pareja que tenía en ese entonces, quien lo denunció. Fue formalizado y encarcelado de forma preventiva por 220 días.
Se solicitó para él una pena de 12 años de cárcel. C.P.F. juraba ser inocente, y en el juicio oral su defensa argumentó que el procedimiento pericial fue mal realizado, porque el médico que examinó a la menor era un médico general y no un ginecólogo.
La niña fue examinada nuevamente por un especialista en ginecología y obstetricia, quien descartó todo tipo de abuso sexual o violación. Además, la menor se retractó de la acusación, argumentando que declaró eso porque su madre le preguntaba insistentemente si había sido abusada por él. La madre reconoció la presión y dijo que se debía a un propio trauma infantil, ya que ella había sido abusada cuando niña.
Y así, después de permanecer más de siete meses tras las rejas, los jueces resolvieron absolver a C.P.F. por unanimidad, determinando que los hechos jamás existieron y que el joven era inocente.
A la fecha no ha recibido indemnización de ningún tipo.
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Como éstos, son muchos otros los casos de personas inocentes que por una u otra equivocación han tenido que permanecer injustamente tras las rejas hasta que “por suerte” pudieron demostrar su inocencia. Decimos por suerte, ya que en muchos casos los ha salvado una grabación, una fotografía, un testigo clave, una segunda pericia médica, entre otras pruebas. Personas que siendo completamente inocentes, han debido permanecer privados de libertad por días, meses e incluso años.
Como fue el caso del presentador de televisión y escritor Pablo Mackenna, que debió permanecer 48 horas detenido, tras ser acusado de abuso sexual contra una menor en el casino de Viña del Mar. Las declaraciones resultaron ser falsas, gracias a testigos, al video registrado del lugar y a contradicciones de la propia menor; por lo que Mackenna fue sobreseído totalmente por inocencia.
Otro caso que remeció a la opinión pública fue el de Elías Cartes, joven de Chillán que fue acusado por el homicidio de un sacerdote quien recibió 16 puñaladas en su propio domicilio. El joven conocía al sacerdote, pues le arrendaba una casa. Fue el único imputado, por lo que permaneció casi ocho meses en prisión. Luego, tras nuevas pericias se determinó que Cartes era inocente, ya que su ADN no correspondía a la sangre encontrada en el sitio del delito.
Pero, ¿qué pasa cuando no aparece este tipo de pruebas y no hay manera de probar la inocencia? ¿Qué pasa cuando no hay testigos? Hay probabilidades de que efectivamente la persona sea culpable del delito, pero si se han equivocado en varias oportunidades, ¿qué nos dice que esta vez la condena es efectiva? Más aún cuando autoridades, medios y población general fustigan a los jueces por una supuesta debilidad a la hora de establecer medidas cautelares, y exigen que todo aquel que caiga acusado por un delito o crimen, sea inmediatamente puesto tras las rejas, sin siquiera haber probado su culpabilidad.
Proyecto Inocentes - Mostrando la realidad penal en Chile y sus injusticias
En Chile una persona inocente puede ser privada de libertad por años e incluso condenada. Es un hecho probado. Según las cifras nacionales, del total de causas terminadas en el período 2014, hay 45.129 imputados identificados como inocentes o no condenados, es decir, un 13%. De esas personas, 2.462 fueron privadas de libertad siendo inocentes, es decir, les fue decretada como medida cautelar una prisión preventiva o internación provisoria. De estas personas, el 24,4% permanecieron privadas de libertad entre 0 y 15 días; un 48,5% entre 16 días a 6 meses; y un no menor porcentaje de 17,1% (421 personas) debió permanecer tras las rejas de 6 meses e incluso años.
Increíble pero cierto. Y por esta misma razón, la Defensoría Penal Pública lanzó el 2013 Proyecto Inocentes, una página web que reúne más de 40 casos (sólo una pequeña muestra) de personas que fueron privadas de libertad por error. Personas que estuvieron tras las rejas siendo inocentes. Cada caso cuenta la versión personal de cada una de estas víctimas del sistema penal, acompañado con los detalles jurídicos que determinaron finalmente su inocencia.
¿El objetivo del proyecto?, darle voz a los presos inocentes, para que sean ellos quienes cuenten su versión de los hechos; ayudar a reparar, en parte, su honra y el daño causado; y por sobre todo, abrir un debate sobre las grandes falencias del sistema penal en Chile, imponiendo nuevos desafíos para mejorar prácticas, hábitos y rutinas de trabajo en el sistema penal, con el fin de construir una mejor justicia para todas las personas.
“Buscamos una instancia de reparación del daño público que se le hizo a una persona inocente, entendiendo que muchas veces, a pesar de que los tribunales determinan que no cometió el delito por el se le acusó, es condenada públicamente por la sociedad e incluso por sus círculos cercanos”, explicó el defensor nacional, Andrés Mahnke a Proyecto Inocentes.
Las principales causales de los errores judiciales
Además de cometer una horrible injusticia al privar de libertad a una persona inocente, las equivocaciones judiciales generan un espacio de impunidad, ya que se deja libre al verdadero culpable, la víctima es revictimizada inútilmente y además se malgastan recursos públicos.
Según la Defensoría Penal Pública, entre los delitos más frecuentes en los que se presentan errores del sistema, están los robos y los delitos sexuales, y que la mayoría de las equivocaciones ocurren producto de la identificación errónea de los imputados. Esto se produce por un mal reconocimiento por parte de la víctima (producto de su confusión, del estrés o de las condiciones ambientales que existían al momento del delito), o porque el procedimiento en sí fue mal hecho: reconocimientos inducidos o que son técnicamente deficientes, por ejemplo, porque no contaban con un set fotográfico actualizado o que cumpliera estándares mínimos que permitieran a la víctima realizar una buena identificación.
El segundo error más frecuente es la declaración falsa. Esta se da comúnmente en los delitos sexuales, donde algunas víctimas lo hacen por motivos de venganza o peleas, para obtener beneficios, para ocultar una situación reprochable o por trastornos siquiátricos.
Además de estas dos causas, existen otras que terminan afectando el veredicto final como la falsa confesión: cuando el imputado se auto incrimina de manera falsa, como por ejemplo, declaraciones de menores de edad altamente sugestionables, sometimiento a extensos interrogatorios, personas sometidas a amenazas o confesiones de personas con discapacidad mental o bajo el efecto de alcohol o drogas.
También está el error pericial o ciencia limitada, la mala conducta de agentes del Estado (ocultamiento de información, no verificación de la identidad del imputado, asumir una sola línea de investigación); y la mala conducta del defensor (falta de estudio de las pruebas del cargo, exceso de trabajo, entre otras).
¿Quién compensa a estas víctimas?
Hoy en día, el principal derecho de un imputado es ser tratado como inocente, y si bien la Constitución de Chile establece en su Artículo 19, N°7, Letra I, la existencia de una indemnización a las víctimas de errores judiciales, esto ocurre sólo en casos específicos –sometimiento a proceso o condena – y además, sólo una vez que la Corte Suprema estime que la sentencia fue “injustificadamente errónea o arbitraria”.
Entonces, esta misma exigencia es la que en la mayoría de los casos impide que se pueda acceder a una indemnización, porque las causas, para poder llegar a la Corte Suprema, deben ser patrocinadas por un abogado habilitado (no sirve aquí el defensor público), y existen además costos asociados a trámites y notificaciones que el demandante debe asumir, y que claramente la mayoría de las personas imputadas no pueden costear.
Según la Defensoría Penal Pública, los mecanismos indemnizatorios son de difícil acceso y pocas veces se obtienen resultados favorables. La dificultad de poder demandar y perseguir una reparación por una condena errónea constituye uno de los mayores obstáculos de acceso a la justicia hoy en Chile. Es más, de los 45 casos seleccionados en la página web de Proyecto Inocentes, ninguno ha recibido algún tipo de indemnización.
“En otros países se han establecido montos de indemnización y asistencia sicológica. En Chile todavía hay un largo camino por recorrer. Es tremendamente difícil obtener este tipo de indemnización y fijar estándares razonables. Y no van a existir programas especiales de asistencia si no entendemos que existen casos que merecen tratamiento especial de parte del Estado”, asegura en esta entrevista el ex defensor nacional, Georgy Schubert.
Se puede concluir, entonces, que en Chile no existe un mecanismo real de reparación por parte del Estado frente al daño que sufren las personas que siendo inocentes estuvieron en prisión preventiva, y que perdieron trabajo, familia, y hasta prestigio y dignidad frente a la sociedad.
Bajo esta carencia notoria y urgente es que Proyecto Inocentes busca establecer un mejor sistema que permita el acceso para todos a esta reparación, y recomienda acciones de reinserción social a través de la red pública, proporcionándoles a las personas afectadas capacitación laboral, en educación, salud y servicios legales después de comprobar su inocencia.
¿Qué te parece esta iniciativa de la Defensoría Penal Pública?, ¿crees que aporta en algo?
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