Cada vez pagamos más con tarjetas nuestras compras y las usamos para todo tipo de transacciones; al menos los chilenos que tienen acceso al sistema, porque hay muchos que siguen utilizando solamente efectivo y se mantienen marginados (voluntaria o forzosamente) del sistema bancario.
Desde sus inicios ha sido Transbank el único dueño del funcionamiento de estos valiosos plásticos que representan el crédito y débito. Esto podría acabarse dentro de poco y tendrá consecuencias más importantes de las que imaginamos a primera vista.
Acá les explicamos de qué se trata el proyecto de Ley que autoriza y regula la emisión de tarjetas de prepago, que se había presentado desde 2013 y que recién fue aprobado con leves modificaciones hace unos días por la Cámara de Diputados.
Es una empresa que pertenece en un 100% a las entidades bancarias y se encarga de todo el sistema de tarjetas de débito y crédito: transacciones, estados de cuenta, emisión de tarjetas, red de cajeros, etc. en coordinación con Nexus y Redbanc. Es un monopolio legal, ya que Transbank es la única empresa del país autorizada para procesar tarjetas de crédito bancarias tanto en comercios establecidos como en internet (Webpay). Para más detalles, puedes revisar este documento.
Quiere introducir competencia al sistema, para bajar sus costos y mejorar el acceso. No quiere eliminar a Transbank, lógicamente, sino permitir que entidades no bancarias también puedan ofrecer instrumentos de pago con provisión de fondos o prepago.
En palabras simples, significa que otras empresas permitan a las personas almacenar sus fondos en forma previa en tarjetas, cuentas de internet, teléfonos móviles o cualquier otro soporte. Esto sin necesidad de una relación formal con la institución, como exigen los bancos, y que termina marginando a millones de personas que no son "convenientes" como clientes.
Las nuevas herramientas actuarían como tarjetas de débito útil para cualquier tipo de comercio, pero sin estar relacionadas a cuentas bancarias.
La Comisión de Hacienda aprobó con amplio consenso el proyecto, por los beneficios que traerá a los chilenos el nuevo mecanismo. La idea es potenciar la inclusión financiera de los sectores de menos ingresos de la población, pues menos del 20% de las personas de los tres primeros quintiles tienen acceso a una tarjeta de débito (Encuesta Casen 2011). Aunque ha habido una masificación de la cuenta Rut de Banco Estado y una alta penetración de tarjetas de crédito de retail (no siempre tan transparentes), aún hay bajos niveles de bancarización y acceso en sectores importantes de la población chilena.
Hoy, el dueño de un almacén debe pagar comisión por cada compra que le hacen con tarjeta. ¿Qué puede hacer ante ese cobro? Nada, es su única opción: pagarlo o no ofrecer pago con tarjeta.
Introducir otras empresas en este mercado de las tarjetas bancarias se traduciría en una baja en los costos de comisiones de Transbank. Al dejar de ser la única empresa a cargo, tendría que competir para ofrecer mejores condiciones y ser elegida entre las otras entidades no bancarias. Esto, a su vez, se traduciría en una baja de precios y tarifas tanto para vendedores como para compradores, o mejores márgenes para los emprendedores.
Además de esto, se generaría un enorme impacto en el funcionamiento de las compras y ventas del país. Aún hay muchos chilenos fuera del sistema de tarjetas, por sus condiciones económicas. El hecho de que cualquier persona pueda depositar su sueldo en efectivo en un sistema y administrarlo a través de una tarjeta o incluso con su número de celular, facilitaría notablemente sus modos de pago.
De esto se deriva la posibilidad de que el Estado administre pensiones y otros pagos de beneficio social a través de depósitos electrónicos y su posterior seguimiento, lo que aumentaría la eficiencia, reduciría costos administrativos y sería un canal expedito, cómodo y más seguro para los ciudadanos receptores.
Otros aspectos que destaca la Cámara de Diputados en el uso de medios de pago electrónicos, son el aumento en la seguridad de las transacciones, la promoción del turismo, y el fomento de la preferencia por los comercios formales.
Las entidades no bancarias estarían sujetas a regulaciones igual que los bancos, pero tendrían otras reglas diferentes, como por ejemplo, que el titular o portador podrá solicitar al emisor de la tarjeta, en cualquier momento, la devolución del saldo de dinero provisionado, sin reajustes ni intereses. Será un modo más simple de utilizar tarjetas, lo que traerá también, en la mayoría de los casos, costos de emisión y operación menores que las cuentas de banco.
Todavía queda por determinar cuáles entidades no bancarias serán incluidas para entrar al juego. Éstas serán confirmadas luego de la segunda etapa constitucional, cuando la ley sea aprobada por el Senado, aunque hasta el momento el Banco Central ya le da el visto bueno a las cajas de compensación, las cooperativas y se cree que la tarjeta BIP será una de las principales representantes de este movimiento.
Si quieres conocer en detalle el proyecto de ley, entra aquí.