Chile, el país con la legislación migratoria más antigua de la región. El país que cree que se está "llenando" de extranjeros, cuando no es así. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Argentina concentra el mayor número de migrantes intrarregionales, seguido por Venezuela, Costa Rica y Republica Dominicana. De hecho, las cifras del Censo 2012, (si bien fue cuestionado, es la referencia con que se cuenta), muestran que solo el 2% de nuestra población es inmigrante, cuando en los países desarrollados esa cifra alcanza un 10%.
Sin embargo, sí es una realidad que la tendencia es al alza, y por lo mismo, Chile debe pensar en estrategias de inclusión para quienes buscan una mejor vida en nuestras tierras.
El Centro de Políticas Públicas UC, en colaboración con la Incubadora de Gestión Municipal, iniciaron un ciclo de talleres de Buenas Prácticas Municipales, debutando con el tema "Migrantes". Claudia Silva, académica de Trabajo Social UC, fue la encargada de dirigir la convocatoria, y quien además elaboró un documento completo sobre la migración en Chile y el mundo, y lo conversado en el taller.
Como ejemplos de casos ejemplares, llevaron a representantes de las comunas de Quilicura y Recoleta, a dar testimonio de cómo lograron generar un efectivo plan de inclusión para extranjeros.
Con una Ley de Extranjería de 1975, -independiente de los esfuerzos que los gobiernos de turno han hecho por generar instrumentos para mitigarla-, la creación de una política de migraciones con enfoque de derechos acorde al mundo actual, es un tema pendiente. Por lo mismo, el rol de los gobiernos locales ha cobrado un gran protagonismo respecto al papel integrador con la población migrante.
Muchos municipios han creado oficinas, programas y departamentos encargados de ayudar a facilitar los procesos de inserción de los inmigrantes residentes en sus respectivas comunas, destacando entre ellos, lo que hicieron la Municipalidad de Quilicura y la de Recoleta.
Según lo expuesto en el Taller de Buenas Prácticas Municipales, dentro de los desafíos para la inserción en los municipios, figuran: falta de datos, tanto cuantitativos como cualitativos de los inmigrantes residentes y sus condiciones de vida, el uso cultural distinto de los espacios públicos que puede provocar choques con la población nacional, desconocimiento de la población migrante de sus derechos en torno a los servicios públicos, desafíos producto de la falta de legislación adecuada y falta de formación en temas migratorios y en competencias interculturales de comunicación para funcionarios municipales.
Ahora, para poder enfrentar estos desafíos desde la administración local, es fundamental generar un plan de trabajo que cuente con un objetivo claro para trazar la ruta. Estos son los dos casos municipales que supieron como rayar la cancha, pero para que cupieran todos dentro de ella.
Entre el 2008 y el 2010 muchos haitianos y palestinos llegaron a vivir a Quilicura. Según el Censo de 2012, el número de extranjeros residentes en la comuna sería de 4.425 personas. Para hacer frente a la situación, abrieron una oficina a cargo de Yamilé Cabrera, quien para desarrollar su labor comenzó un trabajo colaborativo con otras organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Servicio jesuita a Migrantes.
Lo primero que hicieron fue llevar a cabo un diagnóstico de la realidad migratoria en la comuna, donde identificaron los puntos críticos: problemas en la inserción escolar de los niños debido a discriminación, baja participación de los apoderados inmigrantes y falta de mecanismos de nivelación y reconocimiento de aprendizajes previos a niños migrantes. Problemas en el ámbito de la salud debido a la falta de información de funcionarios y de inmigrantes sobre sus derechos, problemas en torno a la vivienda y la convivencia barrial por dificultad de acceso y abuso de cobros y condiciones habitacionales, y problemas en el ámbito del trabajo por falta de información de población migrante sobre sus derechos, desprotección jurídica, discriminación y abuso por parte empleadores.
Las propuestas desarrolladas en el plan de acogida para enfrentar estos nudos críticos, según se expuso en el taller, fueron:
1. Educación Escolar: Capacitación a miembros de la comunidad escolar en temas de mediación intercultural, sensibilización en torno a la temática migratoria, inducción en lenguaje y cultura local para los niños y políticas de acercamiento para padres y apoderados inmigrantes.
2. Salud: Información y capacitación sobre derechos de los inmigrantes tanto a funcionarios como a población extranjera. También se impulsó una política de atención personalizada para reconstruir historial médico y un programa de intermediación sanitaria.
3. Vivienda y convivencia barrial: Apoyo municipal para facilitar acceso a vivienda, implementación de programas de mediación intercultural y vecinal, ampliación y creación de nuevos espacios de encuentro entre culturas, plan de intervención intrafamiliar para disminuir violencia contra mujeres y niños.
4. Trabajo: Apoyo jurídico a inmigrantes, apoyo psicológico en temas de salud mental; mantención y ampliación de la oferta de cursos de capacitación.
Además, se institucionalizaron mecanismos formales de lazos entre trabajadores y empleadores.
Según el Censo de 2012, en Recoleta viven 10.019 migrantes. Delia Curahua, quien antes había trabajado en el Servicio Jesuita a Migrantes, fue quien se hizo cargo de llevar a cabo un programa, con tres enfoques: Derechos Humanos, Género y Ciudadanía. Lo primero que hicieron fue conversar con otros departamentos municipales, visitar los barrios de población migrante, y decir que existían.
El accionar del programa consta de tres líneas fundamentales: capacitación y sensibilización en torno a la temática a funcionarios municipales, la entrega de información a inmigrantes y el trabajo con comunidades de base. Lo que busca el programa es que la comunidad migrante logre integrarse sin perder identidad, avanzando en la constitución de una comuna más intercultural y multicultural.
Entre los problemas principales que el programa distingue, destacan: acceso a servicios en salud y educación; malas condiciones habitacionales y abuso en el cobro de las viviendas.
"A través de este programa se ha logrado la participación de los inmigrantes en el Consejo de Desarrollo local del Cesfam y la creación de un piloto de salud participativo, donde, por ejemplo, se contempla el contar con intérprete para atender a las mujeres haitianas embarazadas. Entre sus logros más recientes, la oficina cuenta con fondos del DAS para entregar capacitación laboral a personas de origen extranjero", dice el documento elaborado por Claudia Silva.
Como una de las conclusiones a las que se llegó en el taller, luego de revisar los casos internacionales y cómo funciona nuestra normativa, es que cualquier municipio que pretenda implementar acciones destinadas a población extranjera debería, en primer lugar, reflexionar en torno al tipo de inserción a la que se aspira y, en base a eso, desarrollar un plan de trabajo. Dicho plan debería contemplar el recabar la máxima información posible, ya sea a través de documentos existentes como de la generación de diagnósticos sobre las condiciones de vida de los inmigrantes en la comuna.
A partir de esa información, se debería ajustar el plan de acción. Imprescindible es contactar otras organizaciones que favorezcan el trabajo estableciendo un trabajo en red con: otros programas municipales, el Dirección de Educación Municipal (DEM), la OIM, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y universidades, entre otros.