Los primeros meses de este 2017 han sido activos respecto a la temática de la corrupción. Vimos como en el mes de enero más de 600 mil personas salieron a las calles en Rumania para exigir el retiro de un proyecto del ley que eximía de responsabilidad penal a los funcionarios que hubieran cometido actos de corrupción por debajo de los 48 mil dólares (unos 30 millones de pesos). Al mismo tiempo que en América Latina se ha visto cómo las ramificaciones del caso Odebrecht se expanden por toda la región, develando cada vez más involucrados y en todos los niveles de influencia, desde asesores hasta Presidentes.

Un mismo fenómeno, dos miradas

El fenómeno de la corrupción, el cómo este se manifiesta y cómo la gente reacciona hacia él, difiere en cada región del mundo. Por ejemplo, mientras en la mayoría de Europa se considera una transgresión al orden establecido, en muchos países de América Latina se entiende como parte de la costumbre social y en parte de cómo funciona la sociedad.

Veamos los casos de Rumania y Perú, quienes han tenido respuestas diferentes dado los casos. Ninguno de los dos son los países más corruptos de Europa y América Latina respectivamente, pero son los que más han dado que hablar a comienzos de año en relación a la problemática. 

Hay muchas cosas perfectibles en ambos casos, pero las dos respuestas ante los casos de corrupción nos dejan lecciones que podemos seguir.

Pocas semanas después de las masivas protestas en Rumania, una gran manifestación contra la corrupción ocurrió en Francia, donde hubo expresiones en contra del candidato presidencial conservador François Fillon, quien está siendo investigado por denuncias de uso de fondos estatales para beneficio de su familia.

- Rumania y la corrupción a pequeña escala

A diferencia de otros países, es raro que en Rumania existan políticos que realicen actos de corrupción a gran escala, como el ex presidente de Ucrania o los involucrados en Odebrecht. Pero allí, los actos de corrupción a pequeña escala, son aún muy comunes.

¿Hacer fila en los consultorios? Algo más que eso. Es común que el rumano tenga que pagar algún tipo de soborno para poder ser atenido en algún servicio público, por ejemplo unos 300 euros ($200 mil pesos) para que su nombre sea considerado en la lista de espera para recibir una operación médica en un hospital público. Incluso para obtener algún empleo público, como el de militar, puede ser necesario el tener que pagar una suma o tener las conexiones correctas.

Hasta que un día se pusieron las pilas. Desde 2007, Rumania se unió a la Unión Europea y se vio sometido al denominado "mecanismo de verificación", una especie de auditoría para garantizar que el sistema judicial rumano cumpliera con los estándares de la lucha anticorrupción del bloque. Esto que ha significado grandes avances en materias de lucha anti corrupción en el país.

De hecho en los últimos 3 años, la Dirección Nacional Anticorrupción ( DNA, fiscalía especializada), se ha convertido en una de las instituciones más respetadas del país y de Europa. Ha logrado denunciar a miles funcionarios públicos y empresarios, de delitos de cohecho y corrupción, con un nivel de eficiencia del 92% en sus acusaciones.

Buena evolución, hasta que el Gobierno actual (socialdemócrata) envió un polémico proyecto de ley que despenalizaba ciertos actos de corrupción. ¿Really?

Sí. Su razón era la lucha contra la superpoblación de las cárceles, pero por otro lado los críticos acusaron al partido de elaborar la ley para perdonar a sus políticos y aliados. Es que en realidad, hay varias cosas en juego.

El mismo primer ministro electo (Liviu Dragnea) no podía asumir su cargo, debido a estar imputado por acciones corruptas. Además, eran tantos los procesados que el gobierno prácticamente se estaba quedando sin gente para administrar el país. ¿Tanto así?

Por poner una cifra: más de 3.000 altos funcionarios ya han sido condenados a penas de cárcel desde 2010, incluyendo ministros, parlamentarios y alcaldes. Esto obviamente arrastra a muchísimos actuales.

Afortunadamente las fuertes protestas ciudadanas ante esta insólita iniciativa, lograron que se derogara el decreto. Todo esto ha dejado como señal en la sociedad rumana, que en el país hay un sistema fuerte, que funciona, en donde el abusar de la confianza pública tiene consecuencias legales. Mensaje que ha venido acompañado con una sociedad civil que lleva ya más de 25 años viviendo en una democracia multipartidista, con una importante clase media con más conciencia cívica que ya está cansada de pequeñas y grandes corrupciones.

Este caso ha demostrado que se puede proteger el progreso experimentado en un país en el camino hacia una sociedad más transparente y limpia.

- Perú y la normalización de la corrupción

¿Recuerdan el "espectacular" caso Odebrecht? Es el último de una serie de escándalos de corrupción en América Latina en el que se han visto involucrados muchos países, y que tiene la potencialidad de dejar a Perú con todos sus ex Presidente del último tiempo tras las rejas.

Tanto Ollanta Humala, como Alan García y Alejandro Toledo (Fujimori ya se encuentra en la cárcel por sus propios casos de corrupción y violaciones a los DD.HH.), están de una u otra manera envueltos en el caso.

Y no es que simplemente el país haya tenido una mala racha de Presidentes, sino que las razones son más profundas. Por un lado, las instituciones que regulan y vigilan este tipo de malas prácticas son aún muy débiles.

Bueno, Perú cuenta con una serie de normas que regulan las contrataciones establecidas por el Estado, pero en la práctica, ¿qué creen? Como en otros países, los sobornos se dan en muchos sectores y es algo aceptado. La capacidad para detectar las irregularidades y actos de corrupción es baja, y en la mayoría de las veces las investigaciones solo se activan cuando la evidencia es contundente.

Esta debilidad institucional estaría arraigada desde los origines del país, pudiendo incluso ser considerada una auténtica cultura política, en donde las prebendas, los favores son parte de todo un lenguaje que normaliza ese delito y el cual es parte medular de la funcionalidad institucional misma. No para enorgullecerse, claro.

Como asegura Alfonso W. Quiroz en su libro de Historia de la corrupción en el Perú, el problema ocurre en la medida que la práctica ha sido perpetuamente normalizada, camuflándolas en categorías como "picardía" o "criollada" en donde recibir un soborno o pagar uno a cambio de un beneficio es considerando "sacarle la vuelta al sistema". Lo que facilita la corrupción tanto a pequeña como gran escala.

Esta situación ha dejado al país con una sociedad civil, aún no lo suficientemente despierta e intolerante con los actos de corrupción, por lo que aún es difícil de imaginar que el país pueda tener masivas protestas populares de la magnitud que hubo recientemente en Rumania.

En este sentido, pareciera que la respuesta a los últimos casos de corrupción tanto en el sector público como en el privado, no vendrá desde la sociedad civil, sino que desde el ejecutivo.

Hace unas semanas el Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que también tiene su cuota de sospecha de involucramiento en el caso, compareció en cadena nacional. En ella anunció un paquete de 8 medidas anti corrupción, entre las que destaca la instauración de la "muerte civil" de todos los funcionarios públicos condenados por corrupción (los cuales nunca más podrán trabajar para el Estado) y la triplicación del presupuesto de la fiscalía anti corrupción.

No dejar pasar nada

Rumania y Perú son solamente ejemplos de cómo se está buscando frenar la corrupción presente en sus sociedades. Dos respuestas contrapuestas: en un caso fue la sociedad civil la que reaccionó ante las acciones del Estado y en otro, el mismo ejecutivo el que impulsó un cambio (sin por eso estar libre de "pecado"). 

Ambos son ejemplares desde distintas perspectivas. Contar por un lado con una ciudadanía empoderada capaz de presionar al ejecutivo a condenar los casos de corrupción es tan importante, como contar con un gobierno que decida "limpiar" la política a tal nivel que los condenados por delitos de corrupción no puedan jamás volver a involucrarse en asuntos del Estado. 

En todos los países del mundo existe corrupción, sin importar el lugar donde se dé o la frecuencia con la que esta ocurra, siempre debe ser considerada grave. Nuevas leyes, mayor transparencia y conciencia de la ciudadanía, son las herramientas que deben desarrollarse cada vez más en la sociedad. En eso, educar en esos valores, desde el nivel escolar es clave, sobre todo cuando hasta la mayor figura de autoridad como un Presidente, comete este tipo de delitos.

Por último, además de las iniciativas aisladas que pueda emprender cada país, de la misma manera que la adhesión de Rumania a la UE ayudó enormemente, América Latina podría plantearse el desafío de la creación de organismos multilaterales propios de cooperación, para que entre todos los países de la región enfrentemos un fenómeno que es común e igualmente destructivo para todos.

¿Crees que la corrupción se da de diferentes maneras en el mundo? ¿Cuál crees que el mejor método para combatirla?