Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el tema de las deportaciones ha sido portada a diario en los principales medios del mundo, porque una de sus promesas de campaña más fuertes, fue la de reformar las leyes migratorias del país para regular la entrada y salida de extranjeros y frenar así a los indocumentados.

Lo que fue promesa de campaña se está cumpliendo. Las deportaciones masivas ya son realidad en Estados Unidos, luego de que este martes, el Departamento de Seguridad Interior anunciara que contratará a 15.000 nuevos agentes, 5.000 nuevos guardias fronterizos y ampliará el foco de persecución hacia los inmigrantes indocumentados, pudiendo aplicar la deportación inmediata a todos quienes lleven menos de tres años en el país.

Esta medida ha sido tomada como amenaza violenta y como un atropello a los Derechos Humanos por gran parte del mundo, ya que hoy, cualquier sospechoso sin papeles puede ser detenido y deportado de Estados Unidos, aunque no existan pruebas criminales en su contra. Ahora sólo bastan violaciones menores de ley para ser deportados, por lo que conducir sin licencia, tener una luz rota del auto o no pagar el transporte público, serían pruebas suficientes. La decisión entonces, queda a juicio de los propios agentes.

Además, se ampliarán las redadas, lo que mantendrá a las comunidades de migrantes en continuo estrés y amenaza, y como si fuese poco, Trump ha amenazado con recortar el presupuesto federal para las ciudades que acogen a los migrantes, como California, Nueva York y San Francisco. Por otro lado, las nuevas medidas amplían las causas de deportaciones sin la exigencia de un protocolo establecido para que ésta sea digna y no violenta; y al procedimiento para solicitar asilo, también se le han puesto trabas y restricciones, aumentando las solicitudes denegadas.

¿Es ilegal lo que está haciendo Trump? Recordemos que Obama, durante sus ochos años de mandato, deportó 2,5 millones de personas, más que ningún otro presidente previo, y Trump busca deportar un número similar. En América Latina las deportaciones de esta envergadura también son comunes, como en México o República Dominicana. Entonces, ¿cuál sería el abuso que estaría ejerciendo Trump? Estaría primero en la forma y trato en su discurso xenófobo y discriminatorio en contra de un grupo específico de migrantes, además de arbitrariedades en los procesos de deportación que ha echado a andar recientemente. Esto es lo que es visto como un atropello a los Derechos Humanos (y que también ha sucedido con otros países).

Ante las medidas de Trump, se reclaman graves injusticias. La presidenta de la Comisión estatal de Derechos Humanos de México, tras el suicidio de un mexicano deportado en plena frontera, señaló que “no se está respetando la dignidad en el más amplio de los sentidos”. Amnistía Internacional, por su parte, arremetió contra Trump por su “retórica de odio”, señalando que se le ha dado la espalda a los refugiados y migrantes, al convertirlos en chivos expiatorios. Y eso que sólo está comenzando su mandato.

Pero para opinar mejor y formarnos una idea más fundamentada al respecto, entendamos bien el fenómeno. ¿Qué es una deportación? ¿Cómo funcionan? ¿Qué está permitido? Se lo resumimos a continuación.

Qué es una deportación y en qué casos se aplica

La deportación es la acción de destierro a la que se ven sometidas ciertas personas extranjeras o grupos enteros de migrantes por infringir alguna ley en el país al que se acogió, independiente si son indocumentados, legales o con residencia permanente. Es decir, el país devuelve a estas personas a su nación de origen o al país que se ofrezca a darle asilo, por cometer delitos o faltas que atentan con lo establecido en sus propias leyes. Por eso, las políticas de deportaciones no son iguales en todo el mundo y muchas no responden a los convenios internacionales, por no formar parte de los acuerdos.

La deportación entonces, es una especie de castigo, pero no siempre significa que la persona no pueda volver a entrar nuevamente al país del que fue deportada, sino que toda deportación tiene un tiempo determinado, dependiendo de la gravedad de lo cometido, que en el caso de Estados Unidos va desde los 10 años hasta a una prohibición de entrada de por vida si se ha cometido un delito grave.

Las principales causas de deportación en Estados Unidos son las siguientes:

- Violaciones migratorias: ninguna de éstas son delitos, pero sí faltas, y aquí entran por ejemplo, la entrada ilegal a un país; fugarse de una corte de inmigración; quedarse en el país más tiempo de lo permitido; utilizar documentos falsos para acceder a una visa o violar sus condiciones; contraer matrimonio por conveniencia, entre otras.

- Condena por uno o varios delitos o falta: aquí entran varias causales. Están los delitos agravados, que tienen consecuencias migratorias gravísimas como la prohibición de volver a entrar a Estados Unidos de por vida. Éstos tienen que ver, por ejemplo, con asesinato,violación, tráfico de drogas y de armas, abuso sexual de menores, pornografía infantil, robo y allanamiento de morada, evasión fiscal, reentrar al país sin permiso luego de ser deportado, falsificación de dinero, posesión de un arma sin licencia, asalto, violencia doméstica, no comparecer ante la Corte, entre otros.

También están las faltas menores que pueden ser causa de deportación. Aquí entran, por ejemplo, robo menor, entrar sin permiso a una propiedad ajena, exhibición indecente, desórdenes públicos, borrachera pública y violaciones de las leyes de tránsito.

- Ser un peligro para la salud pública o la seguridad nacional

Considerando los datos anteriores, hay que saber que toda deportación por delito debe ser ordenada por un juez o corte, por lo que todo deportado debe ser previa y debidamente procesado, y debe tener la posibilidad y el derecho de defenderse ante el Tribunal o Corte.

Pero, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos cuando no se cometen delitos? Al no ser ciudadanos legales y al no haber cometido delitos, las personas que cometen violaciones migratorias, por ejemplo (que son la mayoría de los deportados), no cuentan con el derecho social de acceder a un abogado, por lo que deben costearlo desde su bolsillo, y la mayoría no cuenta con los recursos necesarios. Entonces, esto provoca que los migrantes no entiendan bien el cargo que se les imputa, ni puedan defenderse ni luchar contra la deportación.

Los Derechos Humanos que estarían en juego con las políticas de Trump

Si hay un acuerdo global que deben respetar todos los países que formen parte de las Naciones Unidas, esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el instrumento básico que regula los derechos humanos y que está por encima de todas las demás convenciones.

Si bien es cierto que cada país tienen una autoridad incuestionable (soberanía) para determinar que los extranjeros pueden ser admitidos o no en su territorio, y de expulsar a algunos de ellos en circunstancias específicas, controlar sus fronteras y tomar medidas para proteger su seguridad frente una amenaza; al mismo tiempo, es obligación legal que el ejercicio de estos derechos se desarrolle en un contexto de respeto a los Derechos Humanos, el que incluye a los migrantes, especialmente en los siguientes artículos:

- Artículo 7: Todos las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.

- Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

- Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

- Artículo 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

- Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

- Artículo 13: (1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. (2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

En resumen, todo lo anterior se sostiene con el Artículo 28, que dice que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. Es decir, los Derechos Humanos son de todos y todas, y en todas partes.

Y eso es lo que se le recrimina a las políticas migratorias tan estrictas, como la que está implementando Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo: que no respetarían las bases de los Derechos Humanos, ya que cometen redadas contra comunidades específicas sin previo aviso; detenciones por sospecha; emiten deportaciones aunque el imputado no tenga la posibilidad de defensa; no informan a las personas que serán deportadas, ni les comunican dónde serán llevadas; aumentan la gravedad de las faltas o delitos en pleno procedimiento; imparten un discurso xenófobo que pone en riesgo la seguridad de los migrantes en Estados Unidos, incitando el odio; no velan por la seguridad de los deportados en las fronteras, donde hay evidencia clara de que sufren abusos y violencia permanente; deportan niños y mujeres solas, entre otras razones.

Claro, hay quienes argumentan que la soberanía nacional a veces requiere evitar ciertas normas internacionales de Derechos Humanos, por razones de seguridad interna, cosa que se hace en todo el mundo. El caso es que las deportaciones por personas que amenazan la seguridad o la salud de Estados Unidos, son las menos.

Actualmente, Trump habla de deportar entre dos y tres millones de migrantes con antecedentes criminales, miembros de pandillas o traficantes de drogas, para preservar la seguridad de Estados Unidos. Pero esta cifra no cuadra, y por eso es que se le asocia a un “chivo expiatorio”. De acuerdo a cálculos del Migration Policy Institute, de los 11 millones de migrantes sin autorización, unos 820.000 tienen antecedentes penales, y cerca de 300.000 tienen condenas por delitos. Para cuadrar su cifra de 2 y 3 millones, se necesitarían deportar a miles de migrantes que no han cometido delito ni falta alguna, y que no representan ningún tipo de amenaza para el país.

Nota: si quieres conocer cuáles son los parámetros migratorios en Chile, los puedes ver aquí.

¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué otras soluciones propones para los indocumentados?