No es novedad que quienes cuentan con una gran fortuna quieran evitar la mayor cantidad de impuestos posibles, traspasando su dinero a los conocidos “paraísos fiscales”, países reconocidos por sus bajos impuestos y por sus estrictas leyes de secreto bancario. Estos elementos son aprovechados para pagar menos impuestos, pero también, en ocasiones, para esconder dineros ilícitos, por lo que siempre levantan sospecha y dan paso a investigaciones.
Recordemos que estas transacciones no son en sí mismas ilegales, pero sí moralmente cuestionables, ya que generan una competencia muy desigual entre grandes y pequeñas empresas, y éstas últimas, al no tener la posibilidad de trasladar su dinero, terminan pagando más impuestos. Además, los países beneficiados, no son aquellos en los que se generó el capital, por lo que también es considerado injusto, porque con esta fuga de dineros, las economías que debiesen favorecerse, no lo hacen.
Como les contamos en este artículo, se estima que alrededor del 8% del patrimonio financiero mundial se encuentra escondido en paraísos fiscales, especialmente en Suiza, Luxemburgo e Islas Caimán, pero ya desde hace casi 20 años que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) viene lanzando iniciativas para eliminar las malas prácticas tributarias y velar así por la transparencia financiera.
Pero estos esfuerzos, hasta el momento, han sido insuficientes, y allí es donde entra el periodismo investigativo. El domingo pasado se filtraron 11 millones de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, los que pasaron a llamarse popularmente Panama Papers (Papeles de Panamá) y que fueron recogidos por el Consorcio Internacional de Periodistas para su correspondiente investigación, en la que trabajaron más de 100 medios de comunicación. Por su volumen (2,6 terabytes de información en contratos, fotografías, documentos, emails, etc.) es considerada la mayor filtración de datos de la historia.
Estos documentos revelaron que cientos de políticos, celebridades y personajes reconocidos han gestionado sus patrimonios en empresas offshore (empresas registradas en paraísos fiscales en el que no realizan actividad económica ni comercial).
Como dijimos antes, el sólo hecho de aparecer en esta lista o tener una sociedad offshore no implica que se haya estado haciendo algo ilegal, pero sí genera una legítima duda de el origen de ese dinero y qué se está haciendo con él, especialmente en los casos en que sus dueños son personas que no tendrían por qué manejar fortunas semejantes. Por eso, la aparición de políticos y otros personajes públicos en el listado abrió una caja de pandora cuyo real impacto es difícil de predecir.
Las filtraciones involucran directamente a 140 políticos de 50 países, entre los que destacan: el primer ministro de Georgia; el primer ministro de Islandia, el ex primer ministro de Irak, el primer ministro de Jordania, ex primer ministro de Qatar, el rey de Arabia Saudita, el ex presidente de Sudán, el presidente de Argentina; el presidente de Ucrania y el presidente de Estados Árabes Unidos.
Por otro lado, quedaron al descubierto empresas offshore de familiares, amigos y cercanos de personajes públicos como del presidente ruso, Vladimir Putin; primos del presidente de Siria, Basher Assad; el padre del primer ministro británico, David Cameron; el secretario personal del rey de Marruecos; los hijos del primer ministro de Pakistán; un asistente de los Kirchner; el hijo del primer ministro de Malasia; la hermana del rey de España; el hijo del ex secretario general de la ONU; el príncipe heredero de Arabia Saudí, entre otros.
Saliendo de la política, otros de los clientes que aparecen en la lista son el cineasta español Pedro Almodóvar; el futbolista Lionel Messi y otros 30 futbolistas profesionales que juegan en ligas europeas; el famoso actor Jackie Chan; el propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas; el golfista Nick Faldo; entre otros.
Además, como mencionan en CIPER, los documentos también conectan a la firma con al menos 33 personas naturales y jurídicas incluidas en listas negras del gobierno estadounidense por sus vínculos comerciales con carteles de droga en México y con traficantes de diamantes en África, con organizaciones terroristas como Hezbollah y con países como Corea del Norte e Irán.
Como en la mayoría de hechos mundiales siempre hay un chileno involucrado, obviamente esta no es la excepción y las filtraciones revelan datos de cerca de 200 sociedades offshore vinculadas a nuestro país.
Entre los beneficiarios chilenos figuran: el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno, quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado; el dueño de la empresa El MercurioS.A.P.,Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich,Hernán Büchi Buc.
También figura la familia Calderón Volochinsky, controladora de la empresa deretail Ripley; los empresarios de las apuestas y juegos de azar,Luis y Lientur Fuentealba Meier; el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swet; René Kreutzberger, hermano de “don Francisco”; el ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano y el presidente del banco BCI, Luis Enrique Yarur.
CIPER señala que la información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no demuestra evidencias de ilegalidades, y que para investigarla en detalle, se necesitaría contar con la información bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases de datos del SII y del Banco Central, pero esa información por ley se encuentra bajo secreto.
Además, el medio de investigación nacional que participó de las investigaciones, solicitó vía Ley de Transparencia a Impuestos Internos los montos declarados en 2015 por chilenos en paraísos fiscales. La cifra alcanza a $7.618.899.844.633 de pesos y corresponde a 408 contribuyentes con inversiones en 20 territorios, principalmente en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
En el reportaje publicado hoy por CIPER, se encuentra el detalle de las sociedades encontradas de los chilenos y de las figuras públicas mundiales.
Si bien mantener empresas en paraísos fiscales no es ilegal, la ONU y distintas instituciones mundiales han hecho enormes esfuerzos para frenar la evasión tributaria internacional, ya que así se podría reducir de manera sustantiva la capacidad que tienen las organizaciones criminales internacionales de lavar o esconder su dinero y de las organizaciones terroristas de tener cuentas secretas desde donde financiar sus atentados.
Por otra parte, los paraísos fiscales permiten que grandes corporaciones creen diferentes empresas subsidiarias en estos países para así evitar pagar sus impuestos correspondientes, lo que además evita que los Estados de donde se genera ese capital, recauden dinero que podría ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos mediante, entre otras cosas, el desarrollo de una economía más competitiva, el aumento en el gasto público destinado a la investigación científica, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad.
En Chile, para promover la disolución de empresas offshore y evitar la fuga de capital, se decretó la Reforma Tributaria y se estableció que hasta el 31 de diciembre de 2015 y de manera voluntaria,se permitía el reingreso de dineros que se encontraran en el extranjero(no necesariamente en paraísos fiscales),con una tasa única de impuestos del 8%. De no hacerlo dentro del plazo, podrían tributar hasta el 40% en una futura repatriación. Y según datos entregados por el SII, el año pasado se logró recaudar más de 1.500 millones de dólares correspondientes a contribuyentes que repatriaron sus capitales.
Este video de El Confidencial, resume en un minuto el caso de Panama Papers.
En mayo el Consorcio Internacional de Periodistas publicará el listado completo de involucrados, en detalle.