Esta semana se cumple un mes desde que en Argentina asumió como presidente Mauricio Macri. Así, se rompió un ciclo de 12 años de kirchnerismo, dando paso a un gobierno de tendencia de centroderecha con una visión muy distinta a la que tuvieron los dos presidentes que lo precedieron.

Por esta misma razón, en cuatro semanas se han hecho una serie de giros de 180 grados en la conducción del país, lo que también ha generado un fuerte debate en torno a las nuevas medidas tomadas y cómo se han llevado a cabo.

Por ejemplo, algo que dio mucho de qué hablar fueron sus “precoces” vacaciones. Y es que después de sólo dos semanas en el cargo, el presidente decidió tomarse unos días libres dentro del país. Desde el gobierno aseguraron al medio argentino El Clarín que Macri “tiene que recargar pilas para un 2016 que va a ser durísimo. Hace más de un año que no se toma una semana y estos primeros días fueron muy intensos, agotadores”.

Aunque su descanso no cayó bien, el mandatario sí tuvo la deferencia de interrumpir por unos días sus vacaciones para visitar una zona devastada por inundaciones el 27 de diciembre. Finalmente, esta semana retomó sus actividades.

La polémica por los decretos

Más allá de la anécdota de las vacaciones, uno de los temas que más ronchas ha sacado en Argentina es que la nueva administración ha gobernado a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Estos corresponden a una facultad del presidente de emitir decretos con validez de ley (algo así como los Decretos con Fuerza de Ley en Chile) y que comprenden un gran espectro de temas.

El problema es que su uso ha sido muy extendido (ya van más de 200 decretos) y se han emitido en un período en el que el Congreso se encuentra de vacaciones. Y aunque el presidente tiene la facultad de llamar a sesiones extraordinarias para revisar los temas en cuestión, esto no ha ocurrido.

En tanto, desde la Casa Rosada aseguraron que "el Congreso empezará a sesionar en marzo y a partir de ese momento las iniciativas van a pasar por su lugar natural, que es el Congreso". También agregaron que "mientras tanto, gobernaremos legítimamente a través de los decretos del presidente".

Pero el asunto ya ha agrupado marchas en contra de los decretos de Macri, acusándolo de “anticonstitucional y antidemocrático”. Por otra parte, hay algunos que apoyan estas medidas, debido a la posibilidad de que un Congreso en pleno funcionamiento pueda bloquear legislativamente la administración de Macri. Esto, ya que el oficialismo no cuenta con la mayoría en el parlamento (mientras que el kirchnerismo opositor, sí) y la polarización política en Argentina se ha ido acentuando en los últimos años, como demostró la decisión de la ex-presidenta Cristina Kirchner de no asistir a la transferencia de mando de su rival, ni devolver la cuenta de Twitter de la casa rosada.

Uno de los decretos más polémicos fue la designación de dos jueces de la Corte Suprema a través de DNU y sin consultarle al Senado. Aunque finalmente el propio gobierno terminó retractándose de la medida debido al fuerte rechazo que había provocado incluso al interior de miembros del oficialismo. De hecho, la primera marcha convocada en contra de la administración de Macri se debió a la emisión de este decreto.

La fuerte liberación económica

De todas las medidas de la nueva administración argentina, las que le competen a la economía han sido las que más ruido han hecho. Y una de ellas es el fin a la restricción para la compra de dólares.

Para casi todos es bien conocido el rollo del dólar en Argentina, debido a las limitaciones que existían desde hace cuatro años para la compra de esta divisa y así evitar una fuga de capitales al extranjero. Como consecuencia, se creó un fuerte mercado negro en el que el dólar se cotizaba en casi el doble de lo que valía oficialmente según el Banco Central.

Ante esto, una de las promesas de campaña de Macri fue terminar rápidamente con el “cepo cambiario”. Y así lo cumplió. A mediados de diciembre la administración anunció el fin a las restricciones para la compra de dólares. De esa forma, los argentinos ya no tienen que pedirle permiso a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la compra de la divisa estadounidense, además de poder adquirir la cantidad que deseen.

Con esto, el precio del dólar quedó sujeto al mercado. Algo que en el corto plazo no ha sido muy favorable para los argentinos. Y es que tras la liberación de los controles gubernamentales, el peso argentino se devaluó un 30% frente al dólar, lo que incide directamente en la inflación (ya que, por ejemplo, los productos importados y avaluados en dólar suben considerablemente de precio).

Para algunos, esta medida se tomó muy apresuradamente y debió hacerse de manera más progresiva; mientras que para otros, era necesario para evitar el estancamiento en la inversión extranjera y el debilitamiento de las políticas cambiarias.

En la misma línea de la liberación económica, el presidente Macri anunció la eliminación del impuesto a las exportaciones de trigo, maíz, sorgo, carne y pesca, además de la reducción de 35% a 30% el impuesto por exportaciones de soja.

Este tema es bien sensible en Argentina y gatilló que en su momento los empresarios del rubro se agruparan para transformarse en uno de los mayores detractores del gobierno de Cristina Fernández, ya que el alto gravamen que regía para las exportaciones de estos productos, hacía que las ganancias que recibían los trabajadores de granos y carnes se redujeran considerablemente. Tanto así, que incluso se estima que existen grandes reservas de productos sin ser comercializados debido a las altas tasas de impuestos que se les aplicaban, los que eran conservados a la espera de una eventual reducción en los impuestos.

De hecho, una de las razones del nuevo gobierno para eliminar los gravámenes era precisamente poner en circulación en el mercado aquellas reservas de productos que se encuentran almacenadas. De esa forma, se podrían aumentar las mermadas reservas del Banco Central, las que se encuentran en alrededor de US$ 24.600 millones

La reducción del aparato público

Durante el período kirchnerista la planta de funcionarios públicos experimentó un aumento del 54%, con alrededor de 130 mil nuevos empleados en el sistema. Sin embargo, esta tendencia al alza podría estar llegando a su fin.

Y es que el gobierno de Macri sostuvo que está analizando la opción de no renovarles el contrato a 24 mil empleados públicos. Desde la Casa Rosada aseguraron que se revisarán los contratos de los últimos tres años para “verificar su viabilidad” y, en caso de que no cumplan su función, que “cesen automáticamente”.

En este sentido, la administración ya dio una fuerte señal este martes al despedir a más dos mil trabajadores del Senado. Esto, debido al aumento del 146% en la planilla de empleados.

A pesar de los reclamos de la ahora oposición kirchnerista, y las polémicas por su avasallador comienzo a cargo del país, algunas de las medidas parecen haber sido del gusto de los argentinos, pues el Gobierno de Macri mostró un salto en popularidad, subiendo al 75% de aprobación a fines de diciembre. Cifra notablemente superior al 51% de aprobación que obtuvo en las elecciones presidenciales.

¿Qué te parecen las medidas adoptadas por el nuevo gobierno argentino? ¿Crees que mantenga su popularidad?