En 100 días en la historia de Ruanda, se cometieron más de 800.000 homicidios. Fue el genocidio de 1994, que marcó un antes y después en la historia del país. Un punto de quiebre en una guerra étnica que se arrastraba desde el siglo XVI entre hutus y tutsis y que llegaba a su ápice con la masacre de la minoría Tutsi y de hutus moderados, por parte de la mayoría Hutu, que controlaba el gobierno de Ruanda. La masacre sólo se detuvo cuando el ejército rebelde Frente Patriótico Ruandés (FPR), que defendía a los Tutsi, tomó el poder.
Entre las muchas consecuencias que trajo aquel sanguinario episodio, está la aparición de un grupo de personas que en su mayoría, solo conocían de discriminación, sumisión y violencia: las mujeres de Ruanda. Miles de viudas, otras miles con sus esposos en las cárceles, otras con enfermedad de transmisión sexual producto de las violaciones, tuvieron que salir de sus casas y tomar las riendas de sus vidas. Las mujeres representaban el 70% de la población total, que había sido diezmada en un 20%.
Paralelamente, un hombre llegaba a la presidencia, primero de forma designada y luego, en 2003, ganando de manera democrática. Se trataba de Paul Kagame del FPR, a quien se le atribuye de manera no oficial la orden de derribo del avión que transportaba al presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana en 1994, lo que muchos califican como el detonante del genocidio. Kagame ha sido procesado por jueces en Francia y España por crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de terrorismo. Pero a su vez, ha sido a quien miran como uno de los responsables de la lucha por la equidad de género en su país.
En 2003, se adoptó una nueva Constitución en Ruanda, la que establecía que al menos el 30% de los cargos en "órganos de decisión" debían estar ocupados por mujeres, lo que incluía al Parlamento. Así fue como, de los 80 miembros que componen la Cámara de Diputados, 53 de los cuales son elegidos por sufragio universal directo, mediante votación secreta utilizando un sistema de representación proporcional por listas cerradas, por lo menos debe haber 24 mujeres (dos de cada provincia y de la ciudad de Kigali por un colegio electoral con candidaturas exclusivamente femeninas). Además hay una cuota para dos miembros elegidos por el Consejo Nacional de la Juventud, y un miembro elegido por la Federación de Asociaciones de Discapacitados.
Los ruandeses no votan directamente por escaños parlamentarios, sino que a través de un colegio electoral. Ellos votan por un partido específico y la Comisión Nacional Electoral asigna escaños parlamentarios basándose en el porcentaje de votos que recibe cada partido.
Sin embargo, si bien es un empujón la medida constitucional, la elección y asignación más que duplica el mínimo permitido. Desde el 2013, las mujeres parlamentarias representan el 63,8% del parlamento, mientras que en 1997 era de 25,7%. Este porcentaje convirtió a Ruanda en el país con mayor porcentaje de parlamentarias, seguido de Andorra, con un 50%, y Cuba, con el 48%, según datos de 188 países recabados por la Unión Interparlamentaria (IPU) al 1 de diciembre de 2013.
Esta tremenda participación de las mujeres en la política corresponde al significativo rol que han desempeñado en el post-genocidio, particularmente en hacer posibles la paz y la reconstrucción. Se las reconoce como líderes que buscan reconciliar a todos los sectores de la sociedad, además de que hay una voluntad política en crear oportunidades para que ellas participen en los asuntos públicos, lo que antes solo estaba en el papel pero no en la práctica. Desde el interior del Parlamento aseguran que el alto porcentaje que representan, no se vincula con la cantidad de hombres que murieron en el genocidio, sino al espacio democrático que se les ha dado conscientemente gracias a su liderazgo.
La mayor participación femenina, ha permitido que el Parlamento apruebe leyes tales como que las mujeres puedan heredar las tierras de sus padres, abrir cuentas bancarias y negocios sin el permiso de sus maridos y recibir protección frente a la violencia machista, una ley crucial cuando se considera que Ruanda tiene una de las más altas tasas de violencia física hacia la mujer de África.
Y no solo son parlamentarias. Hoy hay mujeres líderes de base en ciertos sectores, encargadas de los asuntos sociales de las localidades, mujeres supervisando las administraciones de las aldeas, se aseguran de llevar a los vecinos enfermos a hospitales y centros de salud. En todas las comisarías de policía hay un departamento de género, al que reportar actos de violencia. Están en tres ministerios (Asuntos Exteriores, Agricultura y Salud), aunque en casi ninguna alcaldía, en no tantos consejos de instituciones públicas. De todas formas son tema y han logrado avances importantes.
Actualmente tanto niñas como niños están a la par en cuanto a inscripción escolar, algo muy diferente a la situación que se vive en el resto de los países de África. Según la UNIFEF, en Uganda el 77% de los jóvenes entre 15 y 14 años sabe leer y escribir. La alfabetización femenina ha aumentado un 10% en los último 10 años. Además, ocupa el puesto 32 en el ranking del Banco Mundial como país para hacer negocios, creciendo a un 8% anual.
Nada de esto quita que el 45% de la población ruandesa sea pobre (esta tasa se redujo 12 pto. en cinco años), que más de la mitad sean niños y que el sida, la desnutrición y la mala salud maternoinfantil sean los mayores problemas a los que se enfrentan las comunidades.