Como parte de un acuerdo y tras el triunfo que obtuvieron en diciembre del 2015 en los comicios parlamentarios, los partidos que hacen oposición a Nicolás Maduro en Venezuela, han ido rotando anualmente la dirección de la Asamblea Nacional (Parlamento) de dicho país, cambio que suele hacerse en los primeros días de enero y que da inició al periodo legislativo del año en curso.
2019 no fue la excepción. Tras haberse juramentado la nueva directiva de la Asamblea Nacional (Parlamento) en Venezuela, el pasado sábado, el jefe de Estado de la nación petrolera decidió organizar un encuentro deportivo entre sus ministros, integrantes de las Fuerzas Armadas y otros miembros del alto Gobierno. Mientras el recién asumido presidente del poder legislativo, el diputado Juan Guaidó de Voluntad Popular, le anunciaba a los venezolanos desde la sede del Parlamento que a partir del próximo 10 de enero tomará las riendas del país y desconocería los resultados de las elecciones presidenciales que el pasado 20 de mayo dieron ganador a Maduro, el "heredero de Chávez" estaba ocupado del juego de softball que tendría al día siguiente.
No, no es una broma. Así de inverosímil está el panorama político en el país caribeño, lugar en el que parece no suceder nada, pero donde existe una tensión que podría interpretarse como la calma que precede a la tormenta. A días de llevarse a cabo la juramentación de Maduro e iniciar su segundo periodo como mandatario venezolano, la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), con el respaldo de actores internacionales (Grupo de Lima), pretende dar un giro al contexto actual y, en palabras de Guaidó, "conducir el destino de la nación para recuperar el estado de derecho", al considerar que el proceso electoral que dio por ganador al candidato de la izquierda venezolana no se llevó a cabo con las garantías necesarias para considerarse justo y legal, por lo que estaría usurpando el máximo cargo nacional.
En El Definido hemos decidido poner sobre la mesa los puntos claves, previo al ajedrez político que se vivirá en Venezuela antes de la histórica jornada del 10 de enero, fecha establecida constitucionalmente en Venezuela para que el presidente electo tome posesión de su cargo.
Poder Ejecutivo vs Poder Legislativo
Los acontecimientos que han protagonizado la historia reciente de Venezuela, han estado marcados por la lucha que ha existido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, siendo este último declarado en desacato por un tercer e importante actor: el Poder Judicial (una especie de brazo derecho del Gobierno venezolano).
Desde 2016, la Asamblea Nacional no goza del reconocimiento del Gobierno venezolano y sus funciones han sido ocupadas por el Tribunal Supremo de Justicia, primero, y por una Asamblea Nacional Constituyente (un poder legislativo paralelo, a las órdenes del Partido Socialista Unido de Venezuela), después.
Aunque la comunidad internacional se ha pronunciado en varias ocasiones reconociendo la legitimidad del Parlamento venezolano, elegido en 2015 por voluntad ciudadana, el Gobierno de Maduro ha hecho caso omiso de declaraciones y resoluciones que se producen fuera de las fronteras venezolanas. Conocido fue el caso de la activación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), acción a la que el Ejecutivo del país caribeño respondió exponiendo su salida de dicho organismo.
El transitar político, económico y social de Venezuela es el que ya conocemos, y si el único actor capaz de contrarrestar las acciones del Gobierno (la Asamblea Nacional) está totalmente anulado, la vía para retomar el hilo democrático parece estar obstruida... Hasta ahora.
Comunidad internacional, actor fundamental
El pasado 4 de enero, el Grupo de Lima, integrado por 14 países de América, emitieron un comunicado en el que aseguran que, desconociendo los resultados de los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018 (donde salió Maduro electo nuevamente), la toma de poder pautada para el jueves 10 de enero es ilegítima y, por lo tanto, "ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela".
Dicho pronunciamiento, al que México prefirió no suscribirse, se produjo un día antes de la ya mencionada juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, lo que significó un espaldarazo de la comunidad internacional al poder legislativo venezolano. "La comunidad internacional es el muro de contención ante las intenciones más totalitarias del régimen", aseguró Guaidó en una entrevista, dando a entender que cualquier acción que se produzca desde el Parlamento a partir del 10 de enero, debe venir acompañada por el respaldo de otras naciones.
Tal y como señaló el abogado venezolano Jorge Fernández a El Definido "la misma constitución [de Venezuela] establece en su artículo 233 que, en caso de generarse una falta absoluta de índole constitucional, será la Asamblea Nacional la que estará dispuesta como órgano contralor del poder público para subsanar este vacío legal". Por lo tanto, sería la aplicación de este artículo el primer punto clave en las acciones que desde la Asamblea Nacional se tomen, al desconocer la juramentación de Maduro el 10 de enero.
"Respuesta con reciprocidad"
Desde el Gobierno venezolano no se han hecho esperar las reacciones ante estos pronunciamientos por parte del Grupo de Lima y la Asamblea Nacional, siendo el canciller Jorge Arreaza el primero en dar a conocer la postura de la administración de Maduro. "Responderemos con reciprocidad a las acciones emprendidas por el Grupo de Lima, y en la proporción correspondiente", afirmó.
Por su parte, Maduro realizó el domingo una comparecencia ante los medios, señalando que las acciones del Grupo de Lima y de la Asamblea Nacional tendrán respuesta. "Venezuela tiene Pueblo y Fuerza Armada para defenderla y nosotros defenderemos la institucionalidad, la constitucionalidad y las leyes", aseveró el jefe de Estado venezolano. En su intervención calificó a Guaidó de "títere y agente gringo" y puntualizó que cualquier medida que se aplique desde "la Asamblea Nacional en desacato es un acto de traición a la patria".
La Constitución venezolana establece que el presidente de la República debe juramentarse en el Parlamento, pero todo indica que, como parte del desconocimiento al actual poder legislativo, Maduro tome posesión de su segundo periodo como presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia.
¿Qué va a ocurrir?
Aunque quisiéramos tener una respuesta, lo que prosigue a esa interrogante es incierto y lo único que apenas se puede intuir es que ambos actores (Gobierno y oposición) tienen un manual establecido para mover sus piezas en el juego de la política venezolana.
Algo que, sin dudas, da a entender que el ambiente dentro del Gobierno venezolano está tenso, es la reciente huida de un magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia a los Estados Unidos, quien se espera brinde declaraciones en contra del Poder Ejecutivo venezolano ante el Departamento de Estado de la nación norteamericana.
Además, Guaidó, perteneciente al partido Voluntad Popular y considerado como uno de los "más radicales" de la oposición venezolana, ya ha dejado saber su posición sobre retomar las protestas y manifestaciones como forma de presión para acelerar la salida del partido socialista del poder. "El llamado a la protesta constitucional es importante y el ejercicio de la mayoría parlamentaria es fundamental ante el secuestro institucional en el que estamos", dejó saber el nuevo presidente de la Asamblea Nacional.
Puede que se trate de un capítulo más en la interminable lucha que ha sometido al país petrolero en las últimas dos décadas o, también, del punto de quiebre que permita, finalmente, iniciar el proceso de recuperación de una nación que actualmente es de las más pobres, corruptas y violentas del continente.
¿Podrá Nicolás Maduro ejercer el poder después del 10 de enero?
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