Ya hablamos, en la primera parte de este artículo, de que la necesidad de velar por el buen uso de los recursos y el hecho de que las reparticiones públicas no pueden quebrar, son dos de las razones que explican por qué el Estado es, por diseño, ineficiente. La primera de estas cualidades obliga a cualquier iniciativa estatal a pasar por eternos y engorrosos procesos de aprobación de recursos y rendición de cuentas, mientras que la segunda permite la eternización de las más insólitas ineficiencias. Pero… ¿hay más aún?

Sí. Retomamos el tema en esta segunda parte para cerrar con otros dos motivos. Pase a ver, y si no ha leído aún la parte uno, puede hacerlo aquí.

3. La fricción productiva de los ciclos políticos

a. Falta de incentivos para el largo plazo: como la dirigencia completa sabe que estará en el puesto cuatro años, es difícil empujar proyectos de largo aliento, sobre todo durante la segunda mitad del periodo. Hay funcionarios de carrera, sí, pero nunca en las más altas esferas de decisión. En empresas privadas hay también gerentes con los ojos puestos en otros lados, pero nunca la plana completa.

b. Inexistencia de traslape funcionario: marzo de 2014 me pilló empujando un nuevo software para el pago de remuneraciones, otro software de autoselección de visas, la traducción de la web de extranjería al inglés y francés, y un largo listado de proyectos de carácter puramente instrumental, que nada tienen que ver con la visión de país o la posición política de cada uno. El subsecretario ordenó a todos quienes nos desempeñábamos en su cartera una meticulosa entrega del material, para facilitar cuanto fuera posible la continuidad de las iniciativas. Lo hicimos. Pero es muy diferente a un traspaso cara a cara, implementado a lo largo de un periodo de transición. La manera adecuada de traspasar responsabilidades es el trabajo codo a codo de quien llega con quien se va a lo largo de un periodo acotado. La lógica del Estado dificulta enormemente esta posibilidad. La persona que me reemplazó tuvo que bucear en solitario al interior de una montaña de documentos, en lugar de heredar las responsabilidades de forma gradual y armónica de manos de su antecesor.

c. Partida en bloque en lugar de proceso continuo: en todas las instituciones hay renovación del personal. La gente busca nuevos desafíos y acepta pastos más verdes cuando se les ofrecen. La diferencia en el mundo público es que, cada cuatro años, debe reemplazar bloques completos de una vez, en lugar de la renovación continua que experimenta la esfera privada. La persona que asumió el software de autoselección de visas no solo me perdió a mí, sino además a todo el equipo asociado. Cuando llegó a su nuevo escritorio, no había nadie a su lado para explicar el estado de las cosas y para transmitir la utilidad del software. Una herramienta desprovista de consideraciones políticas, cuyo éxito interesa desde el Partido Comunista hasta la UDI, se vio truncado por esta dinámica.

La ausencia de una transición paulatina en ocasiones provoca incluso la literal pérdida de información. Por ejemplo, un informe sobre concesiones marítimas encargado por el Ministerio de Defensa a una consultora internacional –de esas que no cobran barato- se perdió en el ciclo Lagos-Bachelet-Piñera. Cuando se intentó consultarlo, nadie sabía a dónde habían ido a parar esas decenas de miles de dólares.

d. Incentivos y energías puestos en la reelección: en un mundo ideal, el ministro de transportes se dedicaría solo a optimizar el flujo de los ciudadanos y serían sus obras las que hablarían por él el día de la elección. En el mundo real, las autoridades políticas deben escamotear bloques en su agenda propiamente sectorial para cumplir con ese segundo gran objetivo subyacente a todo el quehacer político: ganar la reelección de la coalición a la que pertenece. No es poco el esfuerzo. El CEO de una aerolínea, en cambio, puede focalizar toda su atención en su giro, el transporte de pasajeros. Más grave, los incentivos de la autoridad política están en la implementación de medidas efectistas por sobre efectivas. A veces efectividad y efectismo coinciden, pero a muchas veces no.

e. Desembolso para operadores políticos: debido a ese objetivo transversal que es ganar la elección, las reparticiones públicas deben hacer un espacio en su planilla funcionaria para acomodar los sueldos de los operadores políticos. Esto de “operador político” le puede sonar a contubernios oscuros, propios de la familia Corleone. No es así. Es una práctica mucho más mundana, rutinaria y transparente. Son personas dedicadas a la actividad política desde un puesto en el Ejecutivo. Un fabricante de salchichas nunca se verá compelido a solventar salarios de esa naturaleza.

4. Personal y configuración del estatuto administrativo

a. El ajedrez político empeora la asignación de recursos humanos: a la hora de resolver un problema de optimización, cada restricción adicional empeora la solución final. Imagine que debe encontrar la ruta óptima para repartir diez paquetes a lo largo de la ciudad. Una vez que la ha definido, le informan que no puede utilizar calles cuyo nombre empieza con una vocal. Tendrá que redibujar el trazado, el que necesariamente será inferior al anterior. Los compromisos con las militancias partidistas generan una restricción similar en la asignación de cargos públicos. A la que podría ser la distribución óptima de funciones de acuerdo con los talentos y capacidades de cada cual, se sobrepone una serie de obligaciones con los partidos. El resultado es necesariamente peor al que se lograría si no existiese compromiso alguno. Los privados nunca conocen esta restricción.

b. Los invulnerables de planta: por alguna razón, se decidió que los funcionarios de planta son cuasi-inexpulsables. Despedir a quien alcanza ese estatus no es imposible, pero casi. Muchas de estas personas desempeñan su labor con genuino sentido del deber y amor por el trabajo bien hecho, pero muchas otras abusan de esta suerte de fuero funcionario y calientan asientos a sabiendas de que pisan sobre seguro. La rigidez de este arreglo ha derivado en cada vez más contrataciones a contrata y a honorarios, originando una suerte de sistema de “castas fiscales”.

c. Incentivos mal puestos: se premia la antigüedad por sí sola, como si más años implicara mejor rendimiento. La consecuencia es que quien trabaja bien solo ve aumentar su carga laboral. La estrategia óptima para los funcionarios sin escrúpulos (que no son todos, pero que los hay) es rendir lo mínimo y sentarse a ver el paso de las estaciones.

d. Engorroso proceso de programas de mejoramiento de gestión (PMG) y evaluación de desempeño: como no es posible ceñirse a la rentabilidad del negocio para definir los aumentos de salario, se ha instaurado un detallado mecanismo de cumplimiento de objetivos. Esto implica llenar un sinnúmero de informes y formularios, lo que requiere de la dedicación exclusiva de muchos para administrarlos y de la dedicación parcial de todos para completarlos. En 2016, el 100% de los servicios obtuvo un 100% de bonificación. ¿Es consistente con su experiencia que todas y cada una de las ramas del Estado exhiban rendimiento inmejorable, o esto se ha transformado más bien en una pesada formalidad?

A esto se suma la Evaluación del Desempeño, que se aplica trimestralmente sólo a funcionarios de planta y contrata. En la práctica, un castigo a las jefaturas que osan poner calificaciones no perfectas a sus subordinados. Una completa pérdida de tiempo. En un caso real, a un funcionario se le asignó 171 de 180 puntos y estalló en llantos. El SERVIU del Biobío aplicó una vez las calificaciones que correspondían, pero perjudicó a sus empleados en comparación a sus colegas de otras regiones a la hora de postular a la tan esperada mejora de grados, así que nunca más lo hicieron.

e. Imposibilidad de cierre de programas deficitarios: la presión solidaria de los trabajadores imposibilita el cierre de programas deficitarios. Numerosas líneas de acción han sido evaluadas como deficitarias por parte de funcionarios de carrera en base a criterios estrictamente técnicos, pero los gobiernos prefieren comprensiblemente mantener un gasto injustificado a enfrentar una paralización más amplia. Los privados también enfrentan huelgas y muchas veces los trabajadores tienen buenas razones para ello, pero la presión solo surte efecto cuando afecta actividades rentables. A la hora que hay que cerrar sucursales, yacimientos o filiales deficitarias, la decisión se toma sin más.

f. Días administrativos: hasta hace dos décadas, para pagar la cuenta del agua o reservar una hora al médico había que ir en forma personal a las oficinas. Para eso se instauraron seis días administrativos cada año. Hoy, la mayor parte de esas actividades se hacen desde el escritorio, pero los días administrativos no se han reducido ni un minuto. No para todos, pero para muchos esto se transforma en la práctica en un 40% de incremento de vacaciones respecto a los quince días reglamentarios. Algunas empresas otorgan días administrativos también, pero solo algunas y jamás seis días. Ojo, quizás sea conveniente como país tomar la decisión de extender las vacaciones, nadie está argumentando que 21 días de asueto sea demasiado, pero lo que es indiscutible es que es un beneficio más generoso que en el mundo privado.

¿Qué hacemos entonces con nuestros pozos de petróleo en Plaza Italia? Después de esta (abrumadora) lectura, algunos pensarán: “incluso si fuera cierto que el Estado acumula grasa por diseño, sigue siendo mejor que las utilidades, aunque sean menores a las que obtendría un privado, se repartan entre toda la sociedad en lugar de entre unos pocos privilegiados”. Esa reflexión parece tan de sentido común que solo pronunciar “ingreso de capitales externos” a menos de diez kilómetros de las oficinas de CODELCO causa pánico colectivo. Pero es errada, por una razón muy simple: la comparación relevante no es “utilidades para unos pocos empresarios” versus “utilidades para todos”. La evaluación correcta es “recaudación que genera un sistema de impuestos/royalties bien pensando” versus “utilidades que genera una operación estatal”.

Todo lo que acabo de compartir no es fruto de una preconcepción ideológica. Al asumir mi puesto en el gobierno, no me planteé de antemano el objetivo de confirmar mis convicciones. Solo sufrí a diario con todo esto. En serio. No digo que los privados sean infalibles, sino que dejemos que el Estado haga lo que los privados no pueden hacer, que no es poco. Para lo demás, evitemos este desfile de camisas de fuerza.

¿Cómo ven ustedes el problema? ¡Los invito a opinar!