El escándalo de la Operación Huracán, que tiene enfrentados a Carabineros y a al Ministerio Público, ha sido portada los últimos días en todos los medios.
Ayer, el gobierno ordenó al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, suspender sus vacaciones en Miami y volver inmediatamente al país a enfrentar la crisis que afecta a la institución, la que está siendo investigada penalmente por un supuesto montaje ligado a la causa mapuche en La Araucanía, ocurrido el 23 de septiembre del 2017; el que fue acusado por la Fiscalía de la región.
¿Cómo se originó la Operación Huracán? ¿Quiénes estarían involucrados? ¿Cuáles son las supuestas pruebas de Carabineros y de la Fiscalía? En El Definido te lo contamos todo.
El 23 de septiembre de 2017, mediante operaciones simultáneas en dos regiones coordinadas por Carabineros y la Fiscalía de La Araucanía (lo que pasó a llamarse "Operación Huracán"), se detuvo a ocho personas por su supuesto rol en una serie de atentados.
Luego de seis meses de investigaciones y acumulación de pruebas, se procedió a distintos allanamientos que terminaron con ocho detenidos: Héctor Llaitul, (líder de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM), su hijo Ernesto Llaitul, Jaime y Rodrigo Huenchullán (dirigentes mapuche), David Cid Aedo (ex MIR), Martín Curiche, Claudio Leiva y Fidel Tranamil (lo que te contamos en esta nota del año pasado).
Según las pruebas entregadas por Carabineros, todas estas personas estarían vinculadas a diferentes delitos terroristas, entre ellos la quema de 47 camiones en agosto del 2017, en Temuco y la región de Los Ríos. ¿Cómo supieron que eran ellos?
Porque en el lugar de los hechos habrían encontrado panfletos alusivos al grupo Weichan Auka Mapu (lucha del territorio rebelde), correspondientes a ex integrantes del CAM, radicalizados. Lo que fue corroborado por el propio grupo, señalando que estas acciones se debían al "compromiso asumido por nuestro pueblo de expulsar a las grandes empresas capitalistas, asumiendo los costos que estas acciones puedan traer, ya que estos son parte del proceso de liberación".
Los ataques habrían afectado a las empresas Caballieri, Calfquén, Sotraser y Botumix.
Pero, ¿qué pruebas concretas tenía Carabineros para detener a estas 8 personas? Una serie de conversaciones de Whatsapp y Telegram entre los imputados, obtenidas tras la incautación de sus celulares gracias a los allanamientos.
Los mensajes aludían al delito de tráfico de armas y a futuros atentados. Los imputados hablaban de ingresar importante armamento a Chile, desde Argentina, y coordinaban uno de los ataques a camiones en Temuco. Por estas pruebas, los imputados quedaron en prisión preventiva.
Menos de un mes después, el 19 de octubre, la Corte Suprema ordenó la libertad de todos los detenidos, señalando que la resolución que ordenó la prisión no estaba bien fundamentada. ¿Las razones?
Desde la cárcel de Concepción, Llaitul y su hijo emitieron un comunicado señalando que las pruebas presentadas en su contra, eran completamente falsas, y se trataría de un "burdo montaje" para volver a "criminalizar la causa mapuche".
Debido a esto, la Fiscalía Nacional solicitó a Carabineros la entrega de información básica sobre las pruebas presentadas, con un plazo de 20 días. Un mes después, Carabineros pidió ampliar el plazo y se le otorgaron 20 días más, pero tampoco hubo resultados.
Debido al retraso, la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uideco) de la Fiscalía Nacional, analizó las evidencias rescatadas de los celulares con un software de análisis forense, y constató que algunos archivos presentados como pruebas por Carabineros, podrían haber sido instalados en los celulares por parte de terceros.
Se solicitó inmediatamente un nuevo análisis a cargo de un perito externo, quien confirmó lo anterior, agregando además que de todos los teléfonos incautados, solo dos tenían instalado Whatsapp y uno Telegram. Por lo tanto, las conversaciones entre los imputados tendrían fecha de registro posterior a la fecha de incautación, cuando los celulares ya estaban en manos del Laboratorio de Criminalística de Temuco.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que funcionarios de Carabineros presentaron pruebas falsas en el marco de la Operación Huracán, indicando que además se abre una investigación por falsificación de instrumento público y por obstrucción de la justicia contra quienes resulten responsables.
A raíz de esto, el Ministerio del Interior requirió a Carabineros realizar una "investigación administrativa inmediata" (sumario) para esclarecer las denuncias informadas por el Ministerio Público; y el fiscal regional de La Araucanía decidió cerrar la investigación de la "Operación Huracán".
Son 9 los funcionarios de Carabineros que están siendo investigados como posibles culpables de las pruebas falsas: cinco funcionarios del Laboratorio de Criminalística, cuatro uniformados del área de Inteligencia y un civil, experto en informática.
El viernes pasado, el general y jefe nacional de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Diplocar), Gonzalo Blu, defendió la seriedad del trabajo de Carabineros ante los cuestionamientos de la Fiscalía, señalando que mantiene la convicción de que los antecedentes son verídicos, criticando a la Fiscalía por su decisión de no continuar la investigación de la Operación Huracán.
Ayer, el diputado PS Leonardo Soto mencionó la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el general Blu, señalando que "ha expuesto gravemente a su institución y ha afectado gravemente el honor de la nación y la seguridad del país".
El viaje de Villalobos se produjo justamente cuando las Fiscalías de La Araucanía y Aysén están coordinando sus declaraciones en el marco de las dos investigaciones contra Carabineros por obstrucción a la investigación, eventual manipulación de pruebas e infracciones a la Ley de Inteligencia.
El regreso del director de Carabineros aún no se concreta (estaría esperando que se genere un cupo para volver), pero el ministro del Interior, Mario Fernández, interrumpió sus vacaciones y volvió a Santiago ayer, precisamente por este tema.
Por ahora, la investigación continúa. El juez de Temuco autorizó la petición del fiscal regional para proceder a la incautación de celulares y registro de correos electrónicos de los carabineros involucrados; para indagar más sobre el supuesto montaje.
Por su parte, el vocero de la CAM, Víctor Llaitul, aclaró que desde el momento en que asumió como vocero político la CAM, jamás ha reivindicado un atentado o alguna acción de resistencia de las comunidades, y que aquello sería atribución exclusiva de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT), como Weichan Auka Mapu, que operan de manera autónoma y clandestina.
Todavía hay que esperar el veredicto de la Corte Suprema y lo que se resuelva en los sumarios y en las investigaciones individuales en contra de los Carabineros involucrados en el montaje; y de forma paralela, el fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que se continuará trabajando para encontrar a los verdaderos responsables de los últimos ataques incendiarios de la región de La Araucanía.