¿Sabían que en Chile más de 16 mil personas privadas de libertad tienen derecho a voto, pero no pueden ejercerlo, porque Servel y Gendarmería no han facilitado las mesas y trámites administrativos?

¿Sabían que a nivel internacional es ilegal que las mujeres tengan partos tras las rejas o que niños pequeños vivan en la cárcel, pero en Chile esa es la realidad?

¿O que muchas personas son torturadas en la cárcel y que hay una ley que los protege pero que actualmente no se respeta en Chile?

Así es. Nos encanta ver series internacionales sobre la vida en la cárcel, pero es bien poco lo que sabemos o conocemos sobre la realidad de nuestros propios presos y presas. ¿Por qué? Porque son la sociedad sin voz que, tras las rejas, no pueden defenderse y porque sus derechos lamentablemente no forman parte de las propuestas de muchos políticos.

Con el fin de cambiar esta realidad es que un grupo de estudiantes de Derecho, recién egresados y voluntarios crearon la ONG LEASUR el 2014, para asegurar condiciones de justicia e igualdad para la población penal y para incidir en la generación de políticas públicas a favor de los internos del país y su reinserción en la sociedad. ¿Cómo?

Detectando y denunciando los patrones de abuso que se producen en los centros penitenciarios del país a través de acciones políticas, comunicacionales, territoriales, judiciales y administrativas.

En El Definido conversamos con Ignacio Mujica, abogado y coordinador del área de litigios de LEASUR. Nos contó que trabajan tres ejes temáticos para resolver problemas estructurales que aquejan a la población penal, junto a sus 50 voluntarios y en cuatro recintos de la Región Metropolitana: Puente Alto, Colina II, Santiago Sur y el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín.

1. Sin #VOTOPRESO no hay democracia

La Corte Suprema ha reconocido que la población penal que no ha sido condenada a cumplir una pena aflictiva (condena mayor a 3 años y 1 día) o que no haya cometido delitos de índole terrorista, puede ejercer su derecho a sufragio.

Con esto, ordenó al Servicio Electoral (Servel) y a Gendarmería de Chile, a adoptar las medidas necesarias para garantizar que este 2017, las personas privadas de libertad legítimamente habilitadas, pudieran sufragar. Por otro lado, impedirlo correspondería a una violación de sus derechos fundamentales.

Según nos cuenta Ignacio, tanto Gendarmería como Servel, han hecho “caso omiso” de la obligación que les impuso la Corte Suprema, excusándose en derivaciones de responsabilidades. Cuando salió el fallo de la Corte Suprema, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, indicó que reconocían el derecho a voto, pero que de acuerdo a la normativa legal "resulta complejo, por no decir imposible, implementarlo cumpliendo con todas las condiciones que exige un acto electoral".

Esto se ha tomado, por organismos como el INDH como una despreocupación de las autoridades para solucionar el asunto. A la fecha, ninguna de las más de 16.000 personas privadas de libertad en Chile ha podido ejercer su derecho a voto ni podrá ejercerlo en las elecciones de noviembre.

Es por esto que, además del trabajo que realiza LEASUR en los juzgados, representando gratuitamente a internos, levantando recursos de protección, recurriendo a Ley de Transparencia y a la Ley de Lobby para interpelar a Servel, etc.; este mes quisieron elevar el tema al escrutinio público general a través de la campaña comunicacional VOTO PRESO.

Con la campaña buscan generar conciencia a nivel social de lo que significa esta problemática y también para que la sociedad sepa por qué es tan relevante el tema del voto preso.

"No solo porque se trata de un derecho y porque debiese ser incuestionable ejercerlo, sino porque el ejercer el derecho a voto es un mecanismo para resolver esos problemas que aquejan a esa población particular. Hoy hay sobrepoblación en las cárceles, las condiciones de vida son muy precarias, un acceso mínimo al derecho de salud y miles de problemas. Nadie que está privado de libertad es escuchado por la clase política, porque no vota (…) si estas personas votaran, podrían acceder a los mecanismos que dentro de la sociedad nos permite resolver esos problemas", señala Ignacio.

En entrevista con LEASUR, un privado de libertad de la Ex Penitenciaría, señaló lo siguiente:

“Considero que el voto es importante para hacer cambios en el país. Para las personas privadas de libertad, esto tiene una importancia doble: por un lado hay muchos problemas que urge atender en los recintos carcelarios, por el otro están los cambios que queremos también para el medio libre… no estaremos aquí para siempre y hay problemas urgentes a resolver como el hacinamiento (acá varios duermen en el suelo) y la vulneración de derechos de los presos entre presos mismos, pero especialmente de parte de Gendarmería (…) Si una persona en situación de cárcel no puede dar su opinión, estando habilitada para ello, eso de resocializarse pasa a ser dudoso. La persona vuelve a ser discriminada.”

2. Ley Sayén: por un nacimiento y primera infancia fuera de la cárcel

En Chile hay más de 120 niños y niñas menores de 2 años que viven actualmente en cárceles; y son muchas las mujeres que deben terminar sus embarazos en ambientes de estrés y dar a la luz estando privadas de libertad, en precarias condiciones. 

Sergio Faúndez, director de LEASUR, nos cuenta que "no son pocos los casos que hemos oído de mujeres que comienzan el trabajo de parto durante la noche, donde no hay matrona ni enfermera, y han tenido que parir literalmente en la cárcel. La situación de Lorenza Cayuhan (comunera Mapuche que dio a luz engrillada a su hija Sayén, nombre que lleva el proyecto de Ley) se extrapola a cientos de mujeres que han debido pasar por lo mismo: traslados y partos esposadas o con grilletes para evitar la fuga, en lugar de tener una planta de funcionarios suficientes para asegurar traslados dignos y asistencia temprana".

El ordenamiento jurídico chileno reconoce a las mujeres privadas de libertad el derecho (opcional) de ejercer personalmente el cuidado de sus hijos lactantes hasta los dos años de edad en lugares separados del resto de la población penal, pero dentro de la misma cárcel, que dependen del Sename y su programa Creciendo Juntos, pero que son administrados por Gendarmería. 

Y si bien las madres pueden ejercer su maternidad en un ambiente seguro, limpio, con todas las comodidades que merecen los bebés, y pueden trabajar y dejar a sus hijos a cargo de cuidadoras permanentes, salas cunas y jardines infantiles, gracias a Fundación Integra; bajo ningún punto de vista la cárcel es un espacio idóneo de crianza, según Sergio, quien agrega lo siguiente:

"A pesar de que las secciones 'sala-cuna´ tienen un nivel superior en condiciones al resto de la población penitenciaria, no escapan de ser consideradas como malas condiciones. Duermen entre varias en la misma pieza con sus hijo/as, y todo lo que ello significa. Siguen las lógicas carcelarias de control y disciplina. Los niños y niñas crecen viendo gendarmes uniformados y armados, aprehenden los modos que se dan dentro de la cárcel y los hacen suyos como parte de su enseñanza temprana". 

Y en cuanto a las mujeres, Sergio asegura que las mujeres viven de igual forma el desarraigo familiar y social. "Aquellas que están solas, se ven en peores condiciones para poder soportar el encarcelamiento y la maternidad, con lo que significa criar en la cárcel. El acceso a médico es según disponibilidad y las mujeres alegan que si los hijos no se enferman el día del pediatra, pierden y se quedan sin tratamiento. Además, por las condiciones de vida, donde se enferma uno se enferman todos".

Este año LEASUR junto a otras organizaciones y al senador y candidato presidencial Alejandro Navarro, presentaron el proyecto de Ley Sayén en la Cámara de Diputados, el que busca suspender la sentencia penal y dictar la improcedencia de la prisión preventiva respecto de mujeres embarazadas o de aquellas que tengan hijos o hijas menores de 3 años; y que en su lugar las mujeres puedan cumplir su condena con arresto domiciliario, por ejemplo.

Con esta ley que sigue en trámite constitucional, se busca establecer un criterio que es de carácter internacional y que busca evitar que niños vivan en la cárcel debido al efecto desastroso que produce en ellos, según nos cuenta Ignacio, ya que ninguna cárcel reúne las condiciones sanitarias, de salud ni psicológicas para que un bebé nazca y crezca sanamente.

"Todos los niños tienen derecho a nacer libres, a ser cuidados por sus familiares (y no por el Sename por ejemplo), a contar con igualdad de oportunidades y a que ninguna pena les puede trascender", señala Ignacio, agregando que "un niño que vive en la cárcel puede habituarse al sistema carcelario, lo que puede repercutir negativamente en su formación personal, en el apego con su madre y en el entorno social futuro".

Hoy LEASUR está trabajando para poder apresurar la tramitación de la Ley Sayén y para que el Gobierno le de urgencia al proyecto.

3. Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura

Ignacio nos cuenta que Chile firmó un tratado internacional de prevención contra la tortura el 2005, la que tiene un protocolo adicional que exige que el Estado adopte un mecanismo nacional de prevención contra la tortura: una institución que se debe crear en cada uno de los países que firmó esta convención. ¿Para qué?

Para establecer un mecanismo de seguimiento de la situación de los centros de detención (cárceles, hospitales psiquiátricos, comisarías, etc.); que actúe de forma independiente que dialogue con el Estado y que tenga amplias facultades para visitar los centros penitenciarios y emitir informes sobre las condiciones carcelarias.

Esa obligación que tiene Chile hace años no se ha aplicado y día a día miles de presos sufren torturas, según informa Leasur y la Casa Memoria José Domingo Cañas. Por eso es que la presidente Bachelet firmó en mayo un proyecto de Ley que establece un Mecanismo Nacional de Prevención, velado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

De esta forma, como señala Ignacio, se busca "mejorar las condiciones y el trato de las personas privadas de libertad, así como las condiciones de los lugares de detención y evitar el hacinamiento, las vejaciones y abusos por parte de Gendarmería y entre los mismos presos, que como institución nosotros vemos a diario".

LEASUR ha estado trabajando en este proyecto y en sus modificaciones para que cumpla con los estándares internacionales para evitar los espacios de tortura como para diagnosticarlos para que se puedan tomar las investigaciones y medidas necesarias.

¿Qué te parecen estas causas? ¿Crees que pueden ayudar a mejorar la reinserción social de los privados de libertad?