Ya han pasado diez años desde el estallido de la revolución pingüina, precursora del terremoto que fueron las marchas escolares del 2011. Y después de tanto tiempo, una de las discusiones que se entabló durante esa época está empezando a dar frutos: terminó la marcha blanca de la Ley de Aseguramiento de la Calidad en la Educación, la que por fin comenzará a funcionar oficialmente.
Así lo dio a conocer este miércoles la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, tras el lanzamiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad Escolar 2016 – 2019. La iniciativa está contemplada dentro de la reforma educacional, pero fue aprobada como ley hace cinco años y hasta ahora funcionaba clasificando a los colegios del país según su calidad.
La nueva normativa exigirá a todas las instituciones públicas de educación escolar un plan para mejorar la calidad de la enseñanza que entregan actualmente. Además, aquellos colegios que tengan un desempeño insuficiente, tendrán cuatro años para mejorarlo o se les revocará su permiso para funcionar.
Según la subsecretaria de la cartera, el plan es un “enorme desafío para el país” porque implica “caminar hacia un sistema de gestión totalmente distinto a cómo se ha gestionado la educación en las últimas décadas”. Y para ello, se creó una nueva institucionalidad en materia educacional, la que funcionará de la siguiente manera:
Primero, el Ministerio de Educación será el encargado de proponer e implementar las políticas educacionales. Después, el Consejo Nacional de Educación aprobará las bases curriculares, los planes y programas educacionales. En tanto, la Agencia de Calidad será quien asesorará al Mineduc y evaluará el desempeño de los estudiantes y los establecimientos (como el Simce). Finalmente, la Superintendencia de Educación fiscalizará la normativa y el uso de los recursos fiscales empleados en esta materia.
Por su parte, el Mineduc propuso tres líneas de trabajo para que el nuevo plan se lleve a cabo:
1. Todos los establecimientos educacionales del país tienen que desarrollar e implementar diversas estrategias para mejorar su calidad. Esto recibe el nombre de Plan de Mejoramiento Educativo y su propósito es que el trabajo se enfoque en el desarrollo integral de los estudiantes.
2. La Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación podrán entregar apoyo permanentemente a aquellos colegios que requieran ayuda. Esto está enmarcado en el plan del fortalecimiento de las capacidades de los docentes para mejorar la calidad en la educación.
3. Los actores educativos del sistema (sostenedores, directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, apoderados, entre otros) podrán ser partícipes de los procesos de mejora, a través de la creación de instancias para gestionar los cambios (las que aún no han sido definidas), además de la entrega de herramientas e información para ello.
Como mencionamos anteriormente, la Agencia ha estado evaluando el nivel de calidad de los colegios del país. Aunque esto ha ocurrido sólo con los de educación básica, ya que aún no están aprobados los estándares de evaluación para la los secundarios.
De todos modos, lo que arrojó el catastro a 5.473 colegios fue que el 12% se ubica en el nivel alto y el 47% en el nivel medio. Mientras que en el otro lado están el 28% de los colegios en el nivel medio bajo y el 13% en el nivel insuficiente.
Como vemos, queda un largo camino para que ese 88% de colegios que no alcanza un nivel alto, llegue a la excelencia. Eso sí, la iniciativa ha sido evaluada positivamente en algunos sectores.
Por ejemplo, desde la página de Educación2020 aseguran estar de acuerdo con la medida y la consideran “un paso necesario, pero no suficiente”. En ese sentido, destacan que “supervisar el uso de los recursos públicos, así como establecer estándares de calidad y medirlos con rigurosidad, es de la mayor importancia” y agregan que “la Agencia (de Calidad) debería tener, al igual que la Superintendencia, oficina al menos en todas las regiones, lo que la ley permite pero no obliga”.