El año pasado, cerca de 50.000 chilenos imputados por algún delito fueron calificados como inocentes o no condenados, mediante absolución o sobreseimiento de definitivo de causa. Es decir, el porcentaje de personas inocentes que estuvieron imputados o presos por distintas causas o errores judiciales, y que luego fueron exculpados, ascendió en un 7% en comparación al 2014. Si, insólito, y lo peor es que más del 50% estuvieron tras las rejas entre 16 días a 6 meses.

Hace un tiempo les contamos el caso de Mauricio Orellana, un chileno que estuvo nueve meses preso por “tomarme una lata de cerveza que iba a pagar” dentro de un supermercado, por lo que fue injustamente acusado de robo con intimidación; y que sólo gracias a que la denunciante se retractó pudo verificar su inocencia. Pero perdió 9 meses tras las rejas y luego quedó en la calle y nadie se ha hecho cargo de recompensar este grave error.

Y es que esa es la realidad que vive la mayoría de los presos inocentes al quedar en libertad, porque al no contar con medios para contratar a un abogado privado que los defienda para exigir indemnización por el grave error, es poco lo que logran con el Centro de Asistencia Judicial.

Por esta razón, la Fundación Pro Bono, entidad que agrupa a reconocidos estudios de abogados que se dedica a la prestación de servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos o grupos vulnerables; firmó un convenio con la Defensoría Penal Pública, el que permitirá que abogados asociados de la Fundación asuman la representación legal de personas inocentes que fueron acusadas de cometer algún delito.

“Sabemos que no somos la solución del acceso de la justicia en el país, pero sí creemos que podemos ser un aporte. Para nosotros trabajar con la Defensoría es un anhelo que teníamos hace bastante tiempo, más cuando hoy día existe una gran presión de la sociedad en luchar contra el delito”, señaló el presidente de la fundación, Pablo Guerrero a La Tercera.