Que en los últimos 40 años, Chile solo ha invertido entre el 0,3 y 0,4% del PIB en ciencia y tecnología. Que en nuestro país hay menos de 800 investigadores por cada millón de habitantes, en comparación con los 3.620 del promedio de los países de la OCDE.
Que se han creado dos comisiones asesoras presidenciales, las cuales han delineado planes claros en este ámbito, pero que la Presidenta Michelle Bachelet todavía no ha dado respuesta. Que al escaso aumento de presupuesto para la ciencia en 2016, se suman la disminución del número de becas y el atraso de los concursos. Y para rematar, que el ex presidente de la Comisión Nacional de Investigación y Tecnología (Conicyt), Francisco Brieva, haya renunciado a su puesto, alegando miles de trabas para aumentar la inversión en ciencia y tecnología, e incluso no haber recibido sueldo por seis meses; renuncia a la que siguió una amarga carta firmada por buena parte de la comunidad científica nacional, titulada "Nuestros gobiernos han elegido la ignorancia".
Como pocas veces, las noticias sobre este desolador panorama se repiten todos los días en casi todos los medios de comunicación del país. Las cartas al director, los reportajes y los alegatos por redes sociales no han dejado de circular.
En ese contexto, nos preguntamos, ¿es que Chile tiene que inventar la rueda para finalmente dar el gran salto a la sociedad del conocimiento? ¿Hacia dónde mirar?
Es mucha la experiencia de otros países que se puede replicar, pero hay que tener cuidado respecto de dónde dirigir la mirada, advierten los expertos. Países como Corea del Sur, Alemania e Israel, en los últimos 40 años, han logrado dar ese salto principalmente gracias a la industrialización de sus mercados. ¿Pero es ahí donde nos podemos reflejar?
Gonzalo Rivas, presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), miembro de la Comisión Presidencial “Ciencia para el desarrollo de Chile”, cuenta que al interior de la asamblea se realizó un análisis comparativo de países: “Miramos el ingreso per cápita que tiene Chile ahora y analizamos qué estaban haciendo países que ahora son líderes en innovación, ciencia y tecnología, cuando tenían el mismo ingreso”.
El análisis de la comisión encontró dos grupos de países:
- Un grupo de naciones como Corea, Taiwán y Japón, que avanzó enormemente en una estructura de industrialización apoyada principalmente por el sector privado.
- Y un segundo grupo de países que crecía en base a recursos naturales –como Australia, Nueva Zelandia y Canadá– donde el sector público estaba invirtiendo fuertemente en ciencia y tecnología.
“La pregunta es: ¿Qué es lo que se requiere para que Chile avance más rápido? Nuestra idea es que, en esta etapa, dada la matriz productiva, que es una matriz sesgada hacia los recursos naturales, con pocas industrias y muy poco desarrollo tecnológico propio, el país vas a requerir de un periodo de incremento mucho más fuerte del gasto público en inversión de investigación y desarrollo (I+D)”, plantea Rivas.
En Chile, dice Rivas, el gasto público anual en el ámbito de inversión, desarrollo e innovación, es el equivalente a pavimentar 68 kilómetros de carretera. “Representa un 70% de los recursos que se necesitan para organizar un Mundial de Fútbol”.
Si está claro que el Estado debe de aumentar e incentivar su gasto público en I+D, la siguiente pregunta sería: ¿cómo ordenar o priorizar ese gasto?
La respuesta de la comisión fue, en primer lugar: aumentar la base de investigadores, científicos que no estén solo en la academia, pero que se puedan encontrar en las empresas, en los centros de investigación o en las organizaciones sin fines de lucro.
“Este aumento de investigadores debería de ir en función de un programa de investigación asociado a los grandes desafíos de desarrollo de Chile: la minería, el tema del agua, las energías no renovables, los desastres naturales”, dice Rivas.
Es decir, a través de un diálogo entre las empresas privadas, los centros de investigación en las universidades, y las agencias gubernamentales, es posible ordenar una agenda que tome los grandes desafíos que sean relevantes para Chile.
Sin embargo, este diálogo actualmente en Chile no es fluido. Se escucha fuertemente en los círculos científicos la poca coordinación que existe entre los sectores productivos, la academia y las agencias públicas.
Pablo Astudillo, científico perteneciente al movimiento Más Ciencia para Chile, se ha dedicado a estudiar el tema de la institucionalidad científica.
“En algunos países, la formación de las carreras científicas incluyen este tipo de temas. En Inglaterra, donde vivo, por ejemplo, hay muchos magísteres en políticas de ciencia e innovación. Son cursos que te enseñan a llevar la investigación al mundo privado. A veces se le pide al científico que entienda cómo funcione el sector privado, pero no tenemos el entrenamiento para eso”, dice Astudillo.
Con más formación, es posible unir estos dos mundos que en Chile conversan poco. “Hay que tratar de unir estos mundos. Que las empresas vayan a las universidades y que desarrollen proyectos en conjunto. También se necesita que las agencias –como Conicyt y Corfo– que están dedicadas tanto a la investigación básica, como a financiar proyectos más aplicados, tengan una mayor coordinación”.
En América Latina y en Chile, el mayor gasto que se está haciendo en I+D es en las universidades. Según cifras de La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología –Iberoamericana e Interamericana–(RICYT), en el país, el 35% del gasto en I+D lo realizó el sector de Educación Superior, mientras que las empresas (públicas y privadas), gastaron el 32% y el gobierno solo un 4%.
Actualmente muchos jóvenes investigadores de universidades se quejan de la precariedad de sus condiciones laborales: en muchos casos, los científicos están contratados a honorarios y pasan largas jornadas de trabajo. Esto se explica, en gran parte, por la reticencia de las facultades de ciencias a contratar más investigadores que sean parte de la nómina académica.
“Las universidades tienen que ser capaces de crear algún espacio, una planta profesional de investigadores que no necesariamente sean académicos, pero que tengan la posibilidad de desarrollar una cierta carrera. Y que por lo tanto disminuya el nivel de precarización en el cual se insertan los jóvenes investigadores”, opina Rivas.
Otra fórmula que muchas universidades en el mundo están tomando para aumentar la capacidad de investigación y desarrollo, es otorgar incentivos a aquellos investigadores que publiquen más artículos internacionales y que colaboren más en la transferencia de conocimiento y tecnología a las empresas privadas. Así lo explica Rodolfo Barrere, coordinador de la RICYT.
“¿Qué incentivos? Generalmente se premia con asensos en carrera y mejores salarios a los que transfieren conocimiento a las empresas. También el Estado financia más los proyectos que se orienten hacia los objetivos que tengan las políticas científicas”.
Gran parte de los países miembros de la OCDE poseen Ministerios o Ministros de Ciencia y Tecnología, encargados de definir las políticas de Estado en materia de I+D. Algunos de los ministerios en los países desarrollados, poseen una organización que abarca la ciencia básica y aplicada, la innovación, la formación de capital humano avanzado y la divulgación científica, todo centralizado en una sola estructura.
La Comisión Presidencial entregó a mediados de año un informe a la Presidenta donde planteó la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que reúna las agencias relevantes y responsables de este tema como el Conicyt, la CORFO y las iniciativas Milenio.
“Creo que hay que tratar de mejorar lo que ya existe. No podemos inventar más y más instituciones. Un nuevo ministerio permitirá optimizar la gestión y mejorar el uso de los recursos. Podrá conducir una agenda y podrá tener mayores mecanismos para que la comunidad científica dialogue”, dice Pablo Astudillo.