Todos los años en el mes de noviembre comienzan las conversaciones entre el Gobierno y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) sobre el reajuste del sector público del año que sigue. Este año hay un factor que irrumpe en este contexto: el paro del Registro Civil que se arrastra desde fines de septiembre.
A solo días de que empiece noviembre, la movilización no parece que vaya a detenerse pronto ni que el Gobierno de su mano a torcer, pero es éste último el más complicado, porque hace solo dos días (miércoles 28) la ANEF se sumó al paro en apoyo al Registro Civil. Es más, el mismo presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, dijo a modo de advertencia éste miércoles que "esta movilización sin duda es importante, porque también nuestra organización próximamente iniciará negociaciones respecto al reajuste" del sector público, y responsabilizó al Gobierno de toda esta situación. Esto, considerando que la ANEF ya anunció que pedirá un reajuste de un 8% en las negociaciones de noviembre para todos los trabajadores fiscales.
Una antecedente importante para entender el contexto en que se da esta movilización y las motivaciones tanto de los funcionarios del Registro Civil para insistir en el paro, como del Gobierno para mostrar mano dura, es el modo en que la Moneda manejó las negociaciones con otras áreas de la administración pública durante los últimos meses.
Como destaca la revista Qué Pasa en su artículo "La billetera abierta de la Moneda", este año ha estado marcado por las negociaciones con funcionarios del sector público; tanto la de la Dirección General Aeronáutica Civil, como los médicos del sistema público (vía acuerdo con el Colegio Médico) y luego los Cirujano Dentistas y Químicos Farmacéuticos, además del Sename, entraron en negociaciones con el Gobierno, que optó por acceder a prácticamente todas las demandas sin condiciones, evitando así conflictos y paros en medio de un año sumamente complejo debido a la baja aprobación que ha registrado.
La gota que rebalsó el vaso del Gobierno, sin embargo, fue la negociación con los funcionarios del BancoEstado, quienes el pasado mes de septiembre recibieron un bono de término de conflicto de $6,3 millones por persona, justo en el momento en que La Moneda se empeñaba en imponer un discurso de austeridad, loque tuvo como consecuencia el despido del presidente de la institución, Guillermo Larraín.
La misma semana en que sucedió esto, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés dejó en claro que no había más recursos, en especial por la cantidad de desastres naturales que ha sufrido nuestro país.
La instrucción de La Moneda, entonces, es a cerrar la billetera y dar una demostración de firmeza en la negociación con el Registro Civil, atendiendo a que a continuación vendrían las negociaciones con la ANEF, con funcionarios de los servicios que pasarán a ser ministerios (Cultura, Conadi y Sernam, que pasarán a ser Ministerio de Cultura, Indígena y de la Mujer, respectivamente), Instituto Médico Legal y Codelco.
Ante este nuevo escenario de austeridad y la negativa a ceder por parte de los negociadores del Gobierno, el 29 de septiembre la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, anunció paro nacional indefinido, después del quiebre en la mesa de negociaciones con la Dirección de Presupuestos (Dipres).
En esencia, exigen una mejora en las condiciones laborales. Esto constituiría la entrega de un bono y un reajuste a sus sueldos. De hecho, una de las razones clave del quiebre, se habría producido por la supuesta negativa por parte de la Dipres, a hacer efectiva la entrega de un bono que habría prometido el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez.
Sin embargo, el argumento más fuerte de parte de los funcionarios del Registro Civil, es que en una nómina de salarios de 22 instituciones del Estado, ellos se encuentran número 20, lo que significaría uno de los sueldos más bajos.
La entonces directora del servicio, Teresa Alanis (fue desvinculada y hoy el cargo lo tiene Luis Acevedo), cerró las puertas a la posibilidad de disminuir esta brecha de salarios de los funcionarios del servicio, en medio del contexto de austeridad impuesto desde Hacienda.
Por parte del Gobierno, los sueldos de los funcionarios de la entidad estarían lejos de ser malos. De acuerdo a datos obtenidos en el Portal de Transparencia del Registro Civil, el sueldo más alto sería de $ 3.690.759 bruto ($ 2.952.607 líquidos) y el más bajo de $ 407.558 bruto ($326.046 líquido).
La entonces directora de la entidad dijo que en una mesa de trabajo se había analizado la demanda en los salarios de los funcionarios, pero que "hoy no puede ser prioridad para el gobierno atender las demandas de estos funcionarios, el contexto indica que desde 2008 ahora se han entregado $8 mil millones en mejoras".
En la siguiente se muestra el máximo y mínimo de sueldos brutos del Registro Civil según cargos administrativos.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, calificó la huelga como ilegal, argumentando que en la Constitución del país no existe un derecho tal para organismos públicos. Por parte del Gobierno dicen que las puertas del diálogo estarán siempre abiertas, siempre y cuando el paro se baje, volviendo a las actividades normales del Registro Civil. Sin embargo, los funcionarios reaccionaron endureciendo la huelga, mediante la eliminación de los turnos éticos durante varios días.
Por su lado, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, también calificó de ilegal el movimiento, explicando que "en la Constitución no existe el derecho a la huelga en el sector público. Las cosas hay que decirlas por su nombre. No corresponde un paro. Hay que ser transparentes", según La Tercera.
El viernes 23 de octubre la Contraloría inició las indagaciones del caso, para verificar los hechos y establecer si es que existe ilegalidad en el accionar de los funcionarios. Dentro de la información que solicitaron al Registro Civil, fue qué funcionarios están participando, período no trabajado, el pago de remuneraciones de días no trabajados, además de solicitar sumarios administrativos para establecer responsabilidades. Esto, según información de Emol.
Ya para el 26 de octubre, el ahora Director nacional del Registro Civil, Luis Acevedo, anunció el inicio de los sumarios administrativos. Según La Tercera, el director dijo ese día que "a contar de hoy he dispuesto elevar a sumarios administrativos la investigación que se inició con anterioridad a mi llegada".
Ese mismo día, el Gobierno aplicó un plan de contingencia para dar paso a la atención de las urgencias de los ciudadanos. Con dicho plan se busca entregar 250 mil documentos diarios, con atención preferente para la tercera edad, embarazadas y usuarios con condiciones médicas delicadas. Esto significó que el Gobierno habilitó oficinas y remplazó a funcionarios con personal administrativo, hecho que fue calificado de ilegal por parte de Renovación Nacional, quienes según T13, lamentaron que "el gobierno termine un paro ilegal con un acto ilegal" por una supuesta "violación de reserva de la información personal de cada persona que realiza un trámite en el Servicio de Registro Civil"
Hoy se cumplen 32 días de paro del Registro Civil y con eso, nuevas cifras de atrasos y documentos pendientes. A pesar de que se realizaron turnos éticos en un periodo de la huelga, para retirar cédulas de identidad y pasaportes, no ha servido para amortiguar el problema. El lunes se habían suspendido dichos turnos, lo que generó la molestia de los ciudadanos, quienes llegaban a acampar para hacer fila afuera del organismo y así conseguir un número para ser atendidos, turnos que hoy viernes 30 de octubre se retomaron.
Diariamente el organismo recibe 85.000 solicitudes, de las cuales gracias a los turnos éticos, solo son atendidas 7.000, lo que no solo afecta a los chilenos, sino también a los extranjeros en nuestro país. Según datos de The Clinic, para el 15 de octubre ya existían más de 40.000 autos nuevos transitando sin documentación.
¿Cuánto atraso a significado entonces? Los datos concluyen que hasta el 27 de octubre (29 días de paro) la movilización ha dejado más de 1,5 millones de trámites pendientes y 10.571 documentos disponibles para ser retirados en la oficina de Catedral en Santiago, según cifras de Economía y Negocios de El Mercurio.
Los efectos de este paro seguirán creciendo por cada día que continúen en huelga y el diálogo se mantiene completamente congelado. Nelly Díaz y los funcionarios del Registro Civil siguen pidiendo respuesta a sus demandas, y por parte del Gobierno, se busca no dar la mano a torcer para una conversación, mientras el paro siga en pie, y dar una señal potente de austeridad de cara a todas las negociaciones que se aproximan.