"A ver, ¿entonces el hijo de la Presidenta le pidió plata a Penta para comprarse un terreno con una cascada para poner publicidad de campaña... o cómo es la cosa?"

No se sienta mal si se le están enredando los escándalos que han inundado a los medios los últimos meses; son tantos, tan complejos y con tantos vínculos entre sí, que es fácil perder la cuenta. Por eso, hemos preparado una pequeña guía para desenmarañar la madeja de escándalos que tienen la reputación de nuestras autoridades y empresarios por el suelo . Vamos viendo...

Caso "Fraude al FUT"

Este fue el caso que originó la bola de nieve que luego derivó en los casos Penta y SQM, y que terminó salpicando a todo el mundo político.

Lo que se investiga en este caso es una trama de corrupción que involucra a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que se habrían coludido con ciertos contadores, para que 122 contribuyentes (tanto personas naturales como sociedades) pudieran obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos desde el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) entre los años 2007 y 2010. La estafa consistía, esencialmente, en adulterar una serie de documentos para aparentar pérdidas tributarias que les daban derecho a dicha devolución. Los funcionarios del SII recibían, a cambio, una sabrosa tajada de lo obtenido por sus "clientes".

Uno de los contadores involucrados era Sergio Díaz Córdova, quien al enterarse de la investigación que conducía el SII, se auto denunció ante la Fiscalía de Las Condes, revelando cómo operaba el sistema y entregando el nombre de su contacto en el Servicio de Impuestos Internos: Iván Álvarez Díaz, fiscalizador del SII, quien renunció al poco tiempo y también se auto denunció. Según se supo, Álvarez fue el que descubrió cómo vulnerar el sistema informático del SII.

La investigación la encabezó el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo (¡recuerden ese nombre!) y los fiscales Pablo Norambuena y José Villalobos. El perjuicio para el fisco se estimó en unos $3 mil millones, los delitos que se investigan son delito tributario, cohecho, soborno y lavado de dinero, y los involucrados arriesgan penas entre 5 y 12 años de cárcel según su rol. De los contribuyentes, una decena restituyó el dinero defraudado.

Caso "Penta" - la arista tributaria

Entre esos 122 contribuyentes que defraudaron al fisco en el caso "Fraude al FUT", un nombre destacó entre el resto: Hugo Bravo, quien entonces se desempeñaba como director del Banco Penta, perteneciente al holding Grupo Penta.

El martillero público Jorge Luis Valdivia, quien estaba siendo investigado como uno de los miembros de la red de corrupción, entregó una carta en su lecho de muerte a los fiscales (padecía un cáncer terminal), donde mencionaba cómo hizo los contactos entre Iván Álvarez y Hugo Bravo. Aunque las devoluciones irregulares de Bravo iban a favor de sociedades propias (Inversiones y Asesorías Challico Limitada e Inversiones Santa Sarella), habían suficientes vínculos con Penta como para detonar una investigación en contra de este grupo. Hugo Bravo fue inmediatamente despedido por la compañía.

Los investigadores (liderados nuevamente por el fiscal Gajardo), sin embargo, no pudieron encontrar evidencia de que las empresas del Grupo Penta estuviesen participando del fraude al FUT; pero sí descubrieron otro fraude: los controladores del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, habían estado usando boletas falsas de sus esposas y otras personas vinculadas al grupo para rebajar impuestos (en el fondo, fingían tener más gastos de los que realmente tenían, contratando servicios que en verdad no se prestaron), consiguiendo burlar unos $ 400 millones en impuestos. Al ser descubiertos, Délano y Lavín pagaron todo lo obtenido ilegalmente, más las multas correspondientes, para "compensar el daño". Aunque con esto esperaban cerrar aquí la polémica, la cosa recién comenzaba.

Hugo Bravo, molesto por su despido "injustificado" y supuestas deudas previsionales, exigió una indemnización de $2.300 millones a Penta, provocando un total quiebre con Délano y Lavín. El conflicto escaló y Bravo descargó su artillería: contó todo lo que sabía al fiscal, incluidas grabaciones secretas de conversaciones con los controladores del grupo, en que se revelaba que habían estado financiando campañas de varios conocidos personajes políticos a través de boletas falsas. Allí fue cuando apareció la "arista política" del caso Penta.

Caso "Penta" - La arista política

Técnicamente, esto no es un caso aparte, sino parte del mismo caso Penta, pero como involucra a políticos, la prensa ha dado en llamarlo "la arista política".

Antes de entrar al caso, conviene aclarar lo siguiente: las empresas pueden legalmente donar dinero a campañas políticas, pero deben hacerlo a través de "Aportes Reservados", que no pueden ser conocidos por el candidato (la idea es que no sepa quién le pone la plata ni el monto, para que no pueda ser influenciado), que no pueden superar el 10% del gasto electoral del candidato o partido, y que deben efectuarse sólo en período de campaña electoral, informando al Servel. Y obviamente, estos aportes deben quedar registrados en la contabilidad de la empresa como aportes para campaña política.

Para burlar el sistema y poder financiar sus campañas antes de tiempo o más allá de los límites impuestos por el Servel, algunos candidatos recurren a artimañas. Una de estas, como quedó al descubierto en el Caso Penta, es ir a pedir dinero a las empresas y entregarles a cambio, para justificar el gasto ante el SII, boletas por supuestos "servicios" que jamás fueron prestados. Esto es lo que se conoce como boletas ideológicamente falsas y está penado por la ley. 

Por otra parte, el posible delito de violación de la ley electoral ya no se puede investigar, dado que este delito ya prescribió (es decir, ya pasó el plazo legal para iniciar un juicio al respecto).

Entre los personajes políticos que figuraban en las declaraciones de Bravo realizando esta práctica, ya sea directamente o a través de terceros, estaban Pablo Zalaquett y Laurence Golborne, ex-candidatos UDI por Santiago Poniente y Oriente respectivamente en las senatoriales; los senadores UDI Ivan Moreira y Ena von Baer, los diputados UDI Felipe de Mussy y José Antonio Kast; el ex-presidente de la UDI Jovino Novoa; el ex senador UDI y actual asesor de Penta, Carlos Bombal; el ex diputado RN Alberto Cardemil. Fuera de alianza también surgieron nombres: Andrés Velasco, precandidato presidencial de Fuerza Pública, y Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas (DC).

Mención aparte merece el caso del ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, Pablo Wagner (UDI), quien habría recibido $ 42 millones en pagos bimensuales mientras formaba parte del Gobierno, a través de familiares, por lo que se lo investiga por cohecho y lavado de activos. Wagner había trabajado durante 12 años como gerente de proyectos para el grupo Penta antes de asumir el cargo público.

Caso "Penta-SQM" - La arista SQM

Cuando ya se asentaba la polvareda que dejó el caso Penta, un nuevo escándalo salpicó al mundo empresarial y político, esta vez relacionado con la empresa SQM (Soquimich), una de las mayores productoras de fertilizante, yodo y litio a nivel mundial. SQM no forma parte del grupo Penta, sino que pertenece mayoritariamente al empresario Julio Ponce Lerou, pero se incorporó a la misma causa porque también considera el uso de boletas falsas para financiamiento de campañas políticas.

La hebra que llevó a investigar a esta compañía eran algunas de las boletas que aparecía recibiendo la cuñada del ex-subsecretario de minería, Pablo Wagner, desde esa compañía. Esto permitió al fiscal Gajardo investigar a la compañía y requisar su información contable entre 2009 y 2014. Eso sí, el fiscal sólo puede investigar aquello que el SII denuncie, y este último sólo se querelló por el mes de julio de 2009.

La revisión de ese mes permitió a Gajardo elaborar una lista con 19 RUT sospechosos, entre los que figuraban una asesora del Senador PS Fulvio Rossi, varios militantes de la DC y dirigentes regionales UDI.

Poco después, El Mostrador publicó una revisión de 240 RUT que emitieron boletas para Soquimich durante el año 2010 (año de la segunda vuelta presidencial), revelando la presencia de 39 personas relacionadas al mundo político, pertenecientes a todas las fuerzas políticas. Así, aparecían dirigentes de la UDI, RN y la DC; tres asesores del senador y Secretario General del PS, Fulvio Rossi; el senador UDI Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma (UDI) y Joaquín Lavín (UDI), más autoridades de Gobierno y el Poder Judicial.

Tras hacerse pública esta información, la Fiscal Nacional Subrogante, Solange Huerta (en reemplazo del Fiscal Nacional Sabas Chahuan, quien se encontraba de vacaciones) decidió separar la investigación de Penta de la de SQM, traspasando la investigación de esta última al fiscal Andrés Montes, hijo del parlamentario PS Carlos Montes; y la arista Penta al superior del Fiscal Gajardo, Alberto Ayala, con quien este último tenía importantes diferencias. Gajardo quedaba así fuera de su propia investigación. Aunque el argumento era que el caso se había tornado muy complejo y requería dividirse, la decisión de todas formas levantó toda clase de sospechas. De hecho, la revista QuePasa insinuó que la presión mediática de Gajardo para forzar al SII a abrir la investigación a todo el período de campaña, podría ser una de las razones de su remoción de la causa.

Al regreso de sus vacaciones, el fiscal nacional Sabas Chahuán revirtió la medida de Huerta (que en todo caso, él mismo había aprobado), manteniendo toda la investigación como una sola y se puso a sí mismo a la cabeza de investigación, con los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias como su equipo. Según señala Qué Pasa, la decisión fue en parte motivada por el escándalo público, pero también por la amenaza de renuncia de Gajardo.

Caso "Penta" - Arista Forward

Durante su colaboración con la investigación del caso Penta, los controladores del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, admitieron otro tipo de irregularidades: se trataba de contratos "forward" con sociedades y ejecutivos del Grupo Cruzat, encabezada por el empresario Manuel Cruzat, y de Siglo Outsourcing (o Asesorías VSA). para disminuir el pago de impuestosy usar ese dinero para pagar bonos.

Para entender: un contrato "forward" es un tipo de contrato entre dos partes, en que adquieren el compromiso de intercambiar algo a futuro, a un precio determinado por anticipado. Esto no tiene nada de ilegal y se utiliza con frecuencia en el mundo de los negocios.

Dentro de este tipo de contratos, en ocasiones lo que negocian dos sociedades es intercambiar dólares (u otra moneda) en una fecha futura, pero a un cambio fijado de antemano. Es una especie de "apuesta" en que una de las empresas piensa que el cambio va a bajar y la otra piensa que va a subir. La empresa que "pierde la apuesta" tiene que pagar la diferencia entre el valor proyectado y el real, a la empresa "ganadora". Este fue el tipo de contrato que suscribieron los Penta y los Cruzat hasta el 2012, y luego con VSA.

Lo ilegal en este caso es que los contratos estaban "antedatados", es decir, no eran verdaderamente "a futuro", sino que se firmaron en el presente, sabiendo el valor real del cambio, pero fingiendo haber sido firmados meses antes. Con este mecanismo una de las partes fingía haber "perdido la apuesta" y así podía retirar utilidades sin dejar registro (platas negras) y simular pérdidas que podían luego ser descontadas de impuestos. De los 102 contratos investigados, 42 generaban pérdidas a Penta y 60 generaban ganancias para sociedades o personas relacionadas con este grupo. El dinero así obtenido, se usaba para pagar bonos o participaciones a ejecutivos de Penta y una "comisión" para las empresas de Cruzat. Hugo Bravo, por su parte, asegura que parte de la plata se usó para financiar a políticos.

El SII no se ha querellado, por el momento, contra el grupo Cruzat, pero no se descarta que lo haga próximamente. Sí se han presentado querellas contra 27 personas relacionadas con Penta y VSA.

Caso Penta - Arista "Acciones"

Otro caso que se investiga, aunque ha tenido poca cobertura de la prensa, son las operaciones bursátiles de fin de año por parte de 11 corredoras de bolsa –principalmente por parte de la corredora de Penta, pero que también incluye a Larraín Vial, BTG Pactual (ex Celfin) y MBI –, realizadas entre 2009 y 2014.

Lo que se investiga es que estas corredoras le habrían ofrecido a "connotados clientes" (entre ellos Carlos Délano y Carlos Lavín) la opción de "arrendar acciones" a fin de año, es decir, comprarlas y luego venderlas de vuelta al mismo precio en períodos muy cortos (no más de 48 horas), para pasar el 31 de diciembre con las acciones arrendadas y, por lo tanto, aparecer con un capital propio inferior al que tenían realmente, de modo de pagar menos patente municipal. Por su parte, la corredora ganaba una comisión.

Este tipo de transacciones han disminuido mucho desde el 2011, fruto de una mayor fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y la notoriedad pública que obtuvieron estas transacciones.

El caso es investigado por la Fiscalía, el SVS y la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS).

Caso "Cascadas"

Este es el primer caso de la lista que no involucra a Penta, pero sí a SQM y sus empresas controladoras (específicamente a "Inversiones SQ S.A.").

La estructura societaria "en cascada" es una forma de organización societaria, donde una sociedad controla a otra sociedad, que a su vez controla a otra sociedad, y así y así. Es decir, una especie de muñeca rusa. Habitualmente la empresa de más abajo de la cascada es una empresa productiva, mientras que las sociedades "aguas arriba" son sociedades "de papel".

El tema es que bajo esa estructura, alguien que domina el 51% de la empresa que está más arriba en la cascada, puede a su vez controlar todas las empresas hacia abajo de la cascada, pese a no ser un accionista mayoritario de ellas. Este esquema, elaborado por el Think Tank Horizontal como parte de un documento explicativo, permite entenderlo más claramente:

Imagen: Horizontal

En la figura, si yo quisiera controlar a la empresa "A" (la de más abajo) que cuesta $100, debería controlar el 51% de ella, es decir, debería pagar $51.

Pero si controlo 51% de la empresa "B", que ya es dueña del 51% de "A", sólo necesito poseer el equivalente a $26,01 de la empresa "A" (51% de 51%) para controlar a esta última.

Así, subiendo por la cascada, podemos llegar a que si yo soy dueño del 51% de la empresa "D" (la de más arriba), sólo necesito $13,27 para controlar a la Empresa "A". Es decir, la manejo, pese a tener sólo 13,27% de su propiedad directa.

La organización en "cascada" es legal en Chile (no así en otros mercados) y ofrece ciertas ventajas, como aislar negocios, responsabilidades y especializaciones. El problema es que también permite al controlador hacer operaciones "truchas" entre las empresas relacionadas que son muy difíciles de fiscalizar, con el objetivo de generarle ganancias a una de las empresas, a costa de generarle pérdidas a alguna otra (y por lo tanto, perjudicando a los accionistas minoritarios de esa empresa).

Eso fue exactamente lo que ocurrió en este caso: se hicieron una serie de transacciones entre las distintas sociedades controladoras de SQM, de modo de generarle ganancias a las sociedades en que el socio controlador, Julio Ponce Lerou, tenía mayor participación (las de arriba de la cascada), pero generando pérdidas a las empresas en que tenían menos participación (las de abajo de la cascada), sacando una ganancia, pero provocando pérdidas a los accionistas minoritarios de las otras empresas. La SVS estimó el perjuicio generado en las operaciones, en US$ 300 millones.

Lo peor del asunto, es que entre esos "accionistas minoritarios" se encontraban varias AFP y el Fondo de Cesantía Solidario (AFCE), las que tenían invertidos el dinero de sus afiliados en SQM y otras empresas que se vieron perjudicadas por estas maniobras. Las AFP afectadas fueron AFP Habitat, Provida, Capital y Cuprum y PlanVital. Ciper publicó en detalle las pérdidas de cada una.

El SVS, en su fallo sancionatorio, estableció una multa histórica que alcanzó los US$ 164 millones, para Julio Ponce Lerou (controlador principal), Roberto Guzmán Lyon , Aldo Motta , Patricio Contesse Fica, Leonidas Vial y Alberto Le Blanc (que operaban otras empresas involucradas) y los gerentes de la corredora Larraín Vial (Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz), además de una multa para la corredora misma.

Caso "Caval" o #NueraGate

Este caso, sin ninguna relación con los anteriores, se ha transformado en un verdadero torpedo para el gobierno de Michelle Bachelet, pues involucró directamente a uno de sus hijos, Sebastián Dávalos y puso en duda todo su discurso de igualdad y de luchar contra los privilegios de "los poderosos de siempre".

El 5 de febrero, la revista Qué Pasa reveló un negocio inmobiliario de la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, quien comparte la propiedad de la empresa en partes iguales con su socio Mauricio Valero Illanes. En dicha empresa, Sebastián Dávalos operaba como gerente de proyectos.

Caval buscaba comprar tres terrenos rurales, de un total de 44 hectáreas, en Machalí, Rancagua. La zona vive un auge inmobiliario, por lo que la empresa apostaba a que los terrenos multiplicarían su valor al cambiar su tipo de uso de suelo de rural a urbano, con el cambio de plano regulador. El problema es que para comprar los terrenos, Caval necesitaba $6.500 millones, dinero con el que no contaba, por ser un negocio bastante pequeño.

Su asesor, Sergio Bustos, intentó conseguir el dinero, pero fue rechazado por varios bancos, tanto por el tamaño de la firma, como por estar sus dueños catalogados como Personas Expuestas Políticamente (PEP) y la banca es especialmente cuidadosa al tratar con ellos. Finalmente, Caval sacó a Bustos del negocio sin pagarle sus honorarios, por lo que él interpuso una demanda laboral, que fue la que alertó sobre el caso. Caval niega el vínculo laboral.

Como sea, Caval finalmente consiguió el préstamo con el Banco de Chile, pero sólo luego de una reunión personal entre Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon y el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, una de los hombres más ricos del país. Todo esto, mientras Michelle Bachelet hacía campaña presidencial y las encuestas la daban como clara ganadora.

Caval compró el terreno en $ 6.500 millones y negoció con varios interesados en el terreno, pero el atraso en la modificación del plano regulador y la proximidad del vencimiento del plazo para el pago del préstamo, les obligó a venderlo a "sólo" $9.500 millones al empresario rancagüino Hugo Silva, obteniendo $2.500 millones en ganancias, mientras que el banco consiguió, por concepto de intereses, $500 millones.

Aunque hasta el momento no se han detectado hechos ilícitos, la fiscalía de Rancagua investiga posibles delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. En todo caso, y más allá de si el acto fue legal o no, lo que se ha cuestionado públicamente es el componente ético de la operación, pues resulta evidente que Dávalos consiguió un préstamo al que ninguna pyme lograría acceder, en gran parte gracias su posición como hijo de la Presidenta de la República. El caso, además, generó toda clase de suspicacias, como por ejemplo, si la transacción había ocurrido con la venia de la Presidenta, o si se habían usado influencias para intentar asegurar la modificación del plano regulador.

Tras el escándalo, Sebastián Dávalos renunció a su cargo como Director del área sociocultural de la Presidencia (cargo habitualmente ocupado por la Primera Dama) y a su militancia en el Partido Socialista. La Presidenta Bachelet, que estuvo de vacaciones durante buena parte del escándalo, se refirió al tema al regreso de sus vacaciones, aunque sólo expresó su dolor como madre y afirmó haberse enterado del tema por la prensa.

El escándalo hizo caer la popularidad de la Presidenta a su punto más bajo desde que asumiera, sólo comparable con el que obtuvo durante la puesta en marcha del Trasantiago. Se le critica la lentitud y tibieza para reaccionar, su prolongado silencio y el no haber revertido el negocio.

La nueva regulación de dinero y política

Para intentar cerrar este y otros escándalos, la Presidenta encargó a sus ministros una batería de proyectos de ley para intentar regular de mejor manera la relación entre dinero y política, entre los que se contarían: mejorar las declaraciones de intereses que deben hacer las autoridades al asumir; aumentar las causales de inhabilidad para asumir o postular a cargos públicos; endurecer penas por uso de información privilegiada; evaluar la permanencia de parlamentarios en sus cargos si incurren en ilícitos; crear una nueva institucionalidad para fiscalizar procesos electorales; fortalecer el proyecto de financiamiento de la política que se discute en el congreso, y modificar la ley de lobby. La propuesta ha sido apoyada desde todos los sectores políticos.

¿Crees que estos proyectos prosperen? ¿Es posible separar dinero y política?