Es común ver que una de las principales promesas de campaña de todos los candidatos presidenciales esté relacionada a la seguridad nacional, ya que una de las mayores preocupaciones de los chilenos es la delincuencia, según confirma la encuesta CEP de julio, que la sitúa en segundo lugar de preocupación luego de la salud.

Esto hace sentido, pues la más reciente  encuesta de Paz Ciudadana – Adimark , mostró que la victimización durante el 2014 alcanzó la cifra más alta desde el 2000, dando pie a un debate público en torno a la delincuencia.

El mes pasado la noticia del escarmiento y humillación pública a un joven que intentó robar a un anciano en pleno centro de Santiago, sorprendió a todo el país, dividiendo las reacciones a favor o en contra de la detención ciudadana. Hay quienes consideran que a falta de justicia, es necesaria la actuación de la gente; y otros que calificaron este hecho como inaceptable y abusivo.

Hoy se continúa debatiendo al respecto, pero desde un tono político, luego de que la semana pasada se hicieran públicas las cifras del  estudio de reincidencia de los beneficiados con el indulto realizado por el ex-presidente Sebastián Piñera el 2012, las que revelaron que 1 de cada 4 beneficiarios del indulto volvió a delinquir.

"El Presidente Piñera nos prometió frenar la puerta giratoria, aguarle la fiesta a los delincuentes y lo que hizo fue dar libertad a 9.500 condenados por delitos graves, a los que dejó en absoluto abandono. Sabemos que esas personas van a volver a delinquir", aseguró el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, afirmando que "En vez de haber trancado la puerta giratoria, se le puso un motor".

Desde el gobierno anterior desestimaron la crítica y se defendieron señalando que la medida era indispensable por el alto nivel de hacinamiento carcelario que atentaba contra los esfuerzos de rehabilitación y violaba los derechos humanos de los presos; que la decisión fue aprobada por todos los sectores políticos y que, en todo caso, su impacto en la seguridad pública sería muy marginal. Desde este sector, acusan que el aumento de la delincuencia se debería, más bien, a que se han descontinuado programas importantes y no se han aprobado proyectos de ley necesarios, como aumentar las atribuciones a carabineros con el fin de prevenir delitos.

Más allá de los dimes y diretes, la sensación ciudadana es que en Chile la delincuencia casi no recibe castigo, que los delincuentes salen libres con demasiada facilidad y que el sistema penal simplemente no funciona. Todo lo cual ha sido denominado como "La Puerta Giratoria" de la justicia.

Pero, revisando los datos duros... ¿es realmente tan permisiva la justicia chilena?

Realidad carcelaria en Chile

El año 2013, 266 de cada 100 mil personas estaba presa en nuestro país, lo que convertía a Chile en el segundo país de la OCDE con mayor proporción de presos por habitante después de Estados Unidos según un estudio de The Hamilton Project. 

El país se sitúa también entre los con mayor tasa carcelaria de Sudamérica, llegando en algún momento a ocupar el primer lugar del continente, aunque actualmente se ubica más cerca del cuarto lugar.

El crecimiento de la población recluida en el país, de hecho, experimentó un alza desenfrenada durante la década pasada. Entre los años 2000 y 2005 subió en un 10,5% y entre el 2006 y 2010 saltó en un 44,9%, pasando de 33.050 presos el 2000 a 53.410 el 2010, según datos del ICPS (Centro internacional para estudios penitenciarios) . Un nivel de crecimiento insostenible para el sistema carcelario y que originó el indulto aplicado durante el gobierno de Piñera para descomprimir la situación.

Ahora bien, más allá de la población carcelaria total, una crítica recurrente contra los jueces, es su supuesto "garantismo" y la reticencia a aplicar "prisiones preventivas", que es un encarcelamiento provisorio mientras se investigan las causas y se llega a una condena. Aquí es donde muchos ven la mayor permisividad. Sin embargo, esto tampoco sería efectivo.

El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, desmintió en Enade la existencia de "la puerta giratoria" en la Justicia, ya que, según las cifras del magistrado, desde junio de 2004 hasta 2014, el Ministerio Público ha solicitado 250 mil prisiones preventivas, las que solo se han rechazado en 2.800 casos, poco más del 1%. La cifra, en todo caso, no coincide con algunos estudios independientes, que cifran el rechazo de esta medida entre el 11% y 13%.

El punto, en todo caso, es que más de un cuarto (25,9%) de la población penal chilena, está en prisión preventiva, según datos del ICPS.

¿Será la solución crear más cárceles y endurecer las penas?

Más allá de la existencia o no de una puerta giratoria, la pregunta fundamental a hacerse, es si es buena idea resolver con penas de cárcel la mayoría de los delitos, y si endurecer las penas es una medida efectiva para prevenir la delincuencia. Al respecto, la opinión de especialistas es que no existe una relación directa entre las tasas de encarcelamiento y la incidencia delictual.

La consultora estadounidense Altegrity Risk International ―que asesoró a Piñera en el tema de los indultos con el fin de disminuir el hacinamiento en las cárceles— cuestionó el perfil “castigador” de la justicia chilena y sostuvo que hace un uso excesivo de las condenas que privan de libertad. Según sus estudios, más del 80% de la población penal chilena corresponde a los niveles de peligrosidad bajo y medio, de delitos en contra la propiedad y no contra las personas; y abogó por la aplicación de penas alternativas para estos ilícitos.

Concuerda con esto Patricio Souza, juez de garantía y director de la Asociación Nacional de Magistrados, quien en una entrevista a Ciper Chile (después de la desgracia ocurrida en la cárcel de San Miguel), dijo que no puede creer que aún se insista en que la solución sea construir más cárceles, afirmando que por esa vía sólo se creará un país cada vez más invivible pues la cárcel es una institución que invariablemente se llena al tiempo que las escuelas públicas tienden a vaciarse.

El juez opina que la puerta giratoria en Chile es sólo una caricatura, y que los políticos practican “populismo punitivo”, que consiste en usar el temor que tiene la gente a la delincuencia con fines políticos, agregando que hay que tener políticas sociales para evitar el ingreso de los jóvenes al mundo de la delincuencia y que la educación y el trabajo son las herramientas socializadoras para impedirlo.

El verdadero problema a resolver: la reincidencia

Uno de los problemas más graves del sistema penitenciario chileno, son las altas tasas de reincidencia, es decir, que aquellos que salen libres, vuelven a delinquir. En efecto, el endurecimiento de las penas no ha mostrado ser efectivo para evitar que los delincuentes reincidan y, por el contrario, las largas temporadas en la cárcel parecen más bien favorecer el comportamiento antisocial.

Un estudio de año 2013 de Paz Ciudadana y Universidad Adolfo Ibañez, situó la tasa de reincidencia del sistema chileno en 50,5% en un horizonte de 3 años, es decir, uno de cada dos personas que salen libres, vuelve a la cárcel dentro de los primeros 3 años de haber salido. Además, alrededor del 71% vuelve a entrar en contacto con la justicia.

Aunque con cifras diferentes, el problema también es reconocido por Gendarmería: un estudio en el que se realizó seguimiento a individuos egresados de la cárcel el año 2010, arrojó que la reincidencia total corresponde al 20.78% a los dos años de egresar, es decir, cerca de 1 de cada 5 presos que quedan libres, vuelven a delinquir. De ellos, quienes más reinciden son los jóvenes entre 18 y 29 años.

Las razones de la baja efectividad del sistema penitenciario para rehabilitar a los delincuentes, estaría precisamente en la escasez de programas de reinserción y el alto hacinamiento y violencia que se vive en las cárceles. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en marzo de este año hizo público el informe “Estudio de las condiciones carcelarias en Chile: diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”, el que constató un extremo hacinamiento ―en algunos casos de más de un 300%— y la violencia institucional dentro de las cárceles chilenas. A juicio del organismo, esto es consecuencia de la carencia de condiciones materiales apropiadas, de programas y servicios mínimos en las cárceles, así como de una capacitación insuficiente de los funcionarios de Gendarmería.

La respuesta a la delincuencia, entonces, no se encuentra en seguir endureciendo las penas. Lo importante, es enfocar los esfuerzos del país en buscar soluciones para evitar que más jóvenes caigan en la delincuencia, a través de la educación, incentivos laborales y la prevención e intervención temprana en jóvenes que están en riesgo social o adentrándose en el mundo del delito, como ha sido el caso del exitoso sistema impulsado por Proyecto B para encontrar trabajo a jóvenes del Sename o el plan 24 Horas que interviene de manera decidida el entorno de los jóvenes para favorecer su integración a la sociedad.

Así mismo, es fundamental potenciar y universalizar los buenos planes de reinserción, de los que ya les hemos contado antes, de manera de intervenir tanto sicológica, como social y laboralmente en la población penal, para ofrecerles una puerta de salida real al círculo de la delincuencia.

¿Cuál es tu solución para la delincuencia?