Que una AFP estatal daría más competitividad al mercado, que bajaría las comisiones, que las pensiones mejorarían, que las utilidades se repartirían entre los afiliados y no entre los accionistas, son sólo algunos de los argumentos para la creación de una administradora de fondos de pensión controlada por el Estado.
Por un lado, es la opinión pública la que ha manifestado una desconfianza hacia las AFP y por el otro, una parte del sector político tiene a la administradora estatal entre sus prioridades. El 2008, el entonces ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, llevó al congreso un proyecto de ley que buscaba la creación de una AFP estatal. “Tenemos que no exponer los fondos de los trabajadores en acciones de empresas en el exterior, donde siempre la situación económica es compleja”, señaló en esa ocasión como argumento en favor de la administradora pública. El proyecto nunca prosperó por razones de admisibilidad.
El año 2010, la entonces Concertación volvió a ingresar un proyecto de ley que tampoco llegó a puerto. A principios de este año, el diputado Andrade presentó una iniciativa que fue acogida por la cámara de diputados y revisada por la comisión de Trabajo. En esta ocasión el argumento era tener más competencia en el mercado de las AFP, el mismo que actualmente usa la candidata presidencial Michelle Bachelet para sostener la idea de una AFP estatal en sus propuestas.
Le pedimos a dos expertos, Cecilia Cifuentes economista de la Fundación Libertad y Desarrollo y Eugenio Rivera, director del programa económico de la Fundación Chile 21, que analizaran los principales argumentos que se usan para promover esta idea. A continuación te presentamos sus conclusiones:
Afirmar que se necesita más competencia es decir que hoy no existe o es relativamente baja, pero ¿es realmente así? Actualmente, hay seis administradoras en el mercado. En cuanto a tasas de comisión, la más baja es Modelo que cobra el 0,77% del sueldo imponible, mientras que la más alta es PlanVital que cobra una tasa de 2,36%. El resto de las AFP tienen comisiones que van entre el 1,27% y el 1,54%. Es decir, existe variedad de opciones y precios para los usuarios del sistema.
Sin embargo, Eugenio Rivera, director del programa económico de la Fundación Chile 21, señala que a través de las economías de escala, el desarrollo de la informática y las tecnologías de la información, una AFP podría cobrar comisiones muy inferiores. “La AEFP (Administradora estatal de fondos de pensiones) puede operar con comisiones entre un 0,1 y un 0,3%. Esto se hace posible porque no operará buscando altas rentabilidades, sino que simplemente cubrirá los costos de operación. Con esa comisión, la AEFP atraerá afiliados, lo que obligará a las AFP a competir en el campo de las comisiones”, asegura Rivera.
Para Cecilia Cifuentes, economista del programa Económico y Social de Libertad y Desarrollo, es muy difícil que una AFP estatal pueda cobrar comisiones más bajas que Modelo y logre financiarse, por lo que, por el lado de precios, no parece factible introducir más competencia en el mercado. “Está bastante estudiado que esa comisión que cobra Modelo estaría dentro de las más bajas del mundo por administración de carteras. Es muy difícil, yo diría que imposible, que una AFP estatal pueda cobrar una comisión inferior a esa, sin tener pérdidas”, señala Cifuentes.
Además, la especialista pone en duda que la gente aproveche esas menores comisiones: “De hecho, hay un actor que cobra comisiones equivalentes a la mitad del resto de las administradoras, pero no se han producido traspasos masivos (de usuarios). Eso hace pensar que los problemas de competencia no se corrigen con otra AFP más con precios similares”, agrega.
La forma en que las pensiones de los afiliados aumentan es a través de la rentabilidad que generan las AFP con los fondos que manejan, a través de las diferentes herramientas de inversión. Para ello, cada AFP cuenta con equipos de especialistas que intentan predecir el mercado y buscan las mejores alternativas de inversión disponibles ¿Cómo una AFP estatal mejoraría estas rentabilidades?
“La única posibilidad de que dé mejores pensiones, bajo la misma tasa de contribución e igual tiempo de cotización, es que lograra mayor rentabilidad para los fondos, lo cual es poco probable. ¿Por qué el Estado va a tener ventajas a priori sobre los privados manejando fondos? De hecho, el sistema de pensiones chileno muestra históricamente las mayores rentabilidades dentro de los países de la OECD”, dice Cecilia Cifuentes.
A esto, Eugenio Rivera responde que “la administradora estatal contribuye a mejorar las pensiones mediante una reducción fuerte de las comisiones (si es que lo ahorrado va a la cuenta individual)”. Esto, en el entendido que la AFP Estatal efectivamente lograse cobrar comisiones inferiores sin incurrir en pérdidas y que el usuario utilizara esa diferencia para mejorar su pensión.
Otra propuesta es que una AFP estatal podría invertir en Pymes (Pequeña y mediana empresa) que, según Rivera, tienen una rentabilidad superior. “El uso de los fondos previsionales en instrumentos de financiamiento de la Pyme impactaría positivamente en la rentabilidad de los fondos de pensiones y en el costo del crédito al cual acceden las Pymes”, dice Rivera.
Sin embargo, diversas estadísticas señalan que las Pymes tienen una alta tasa de fracaso, que algunos sitúan en hasta un 80% antes de los primeros cinco años de vida. Esto plantearía un riesgo alto frente a la posibilidad de invertir los fondos en este tipo de empresas.
Según Cecilia Cifuentes, para poder repartir utilidades, primero una AFP debe tenerlas. Considerando que una AFP pública operaría a tasas de comisión relativamente bajas, ya que es uno de sus objetivos, la posibilidad de obtener utilidades es incierta.
“No parece muy probable que una AFP estatal pudiera finalmente generar altas rentabilidades cobrando precios inferiores al promedio del sistema. No parece un camino razonable para mejorar pensiones y, de hecho, como de por sí la pensión depende de variables que no son controlables totalmente por las administradoras, podría generar finalmente un problema de frustración en los afiliados, que agravaría las críticas al sistema”, dice Cecilia Cifuentes.
Para Eugenio Rivera, si bien las utilidades no generarían un aumento considerable en las pensiones de los afiliados de una AFP estatal, todo lo que contribuya a un aumento de la jubilación es bueno. “Aun cuando no sería tan significativo, todo es relevante para mejorar las pensiones”, asegura.
Otro argumento que se escucha, es que las AFP no estarían interesadas en ciertas personas. También que habría preferencias por ciertos clientes y que por esto una institución pública sería más igualitaria y no habría discriminación entre clientes.
Al respecto, el artículo 6° del reglamento que corresponde al decreto ley 3.500, que regula el sistema de AFP, señala que “Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no pueden rechazar, por motivo alguno, la incorporación de un afiliado, no pudiendo hacer ninguna discriminación entre ellos, ya sea en cuanto a la forma de afiliarse, de efectuar las cotizaciones o respecto del otorgamiento de las prestaciones o beneficios que establece la Ley”.
Entonces, en el supuesto caso de que las AFP realmente estuviesen incurriendo en estas prácticas, sería razonable preguntarse si esto no debería ser abordado mediante una mejor fiscalización, más que por medio de un competidor estatal.
Si bien uno de los argumentos más utilizados para sostener la creación de una AFP estatal está dado por la competencia del mercado, la crítica más fuerte hacia el sistema es por las bajas pensiones. Por lo que hay que preguntarse si se pueden mejorar las pensiones sin la necesidad crear una AFP controlada por el Estado.
Para Cecilia Cifuentes, hay que partir de una realidad, que es que las expectativas de vida han aumentado, pero la edad de jubilación no. En su opinión, para poder tener mejores pensiones se debe ahorrar más. “Este mayor ahorro debe venir de una combinación de mayor cotización obligatoria, mayor edad de jubilación (especialmente para mujeres) e incentivos al ahorro voluntario individual y colectivo”, dice Cifuentes.
Para el economista Eugenio Rivera, lograr el apoyo a medidas como el aumento de la tasa de cotización o el aumento de la edad mínima de jubilación es muy difícil. Esto se debe a que existe la percepción de la ciudadanía de que todas estas medidas irían en beneficio de las administradoras y de los grandes grupos. Es por esta razón que otorga un rol fundamental a la creación de una AFP estatal, pues “viabiliza este cambio al generar confianza en la población y da el tiempo necesario para introducir una reforma global que aprenda de la experiencia nacional e internacional para avanzar a un sistema previsional moderno y solidario que responda a las necesidades no satisfechas de la mayoría de la población”.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que una AFP estatal ayudaría a mejorar el sistema actual de pensiones? Cuéntanos tus argumentos.