Los poderosos –económicos y políticos–, no suelen ser objeto de nuestro afecto y, muchas veces, con justa razón. Aunque hay honrosas excepciones de profesionalismo, filantropía, desapego y generosidad, lo habitual es verlos aferrarse a sus enormes fortunas y cotas de poder como un koala a un tronco, contratar especialistas para elaborar toda clase de gimnasias tributarias para evitar los impuestos como la peste y poner el grito en el cielo cuando alguien osa sugerir un alza de impuestos o una rebaja a la dieta parlamentaria. Y es que, si bien es legítimo proteger tu negocio, tu patrimonio y tomar el camino que menos costos te significa, muchas veces cuesta entender por qué gente que tiene tanto más de lo que realmente necesita, no está dispuesta a compartirlo, cuando un pequeño porcentaje de su fortuna podría cambiar vidas de miles de personas.
Pues bien, no parece ser el caso de estos millonarios de EE.UU., que se están movilizando, no para pedir que bajen sus impuestos, sino para exigir que se los suban.
¿Una locura, no? Más suena como un libreto de película navideña que un evento noticioso, pero este hecho es real. Más de 40 millonarios de Nueva York presentaron una petición oficial al gobernador Andrew Cuomo y a los miembros legisladores del estado, para elevar los impuestos a los ciudadanos de mayores recursos, a través de una carta pública titulada “Somos millonarios neoyorquinos y decimos: suban nuestros impuestos”.
“Como líderes de negocios e inversores, sabemos que la estabilidad a largo plazo y el crecimiento de una empresa requiere inversiones tanto en su capital humano como en su infraestructura física. Es lo mismo para nuestro estado (…) Como habitantes de Nueva York que contribuyen y se benefician de la vibrante economía de nuestro estado, tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de pagar una cuantía justa”, señalan los firmantes en la carta, entre los que se encuentran Stephen Rockefeller, miembro de una de las familias más adineradas de Estados Unidos, Abigail Disney, descendiente de Walt Disney y el empresario y filántropo Lewis Cullman (una especie de Farkas gringo).
En la carta, los millonarios dan cuenta de la tremenda desigualdad que reina las calles de Nueva York, la que mantiene a tantos ciudadanos en aprietos económicos y que el estado no cuenta con la infraestructura ni los recursos para ponerle freno.
Los empresarios califican de “vergonzoso” el hecho de que la pobreza infantil en Nueva York esté en un nivel récord, superior al 50% en algunos de los centros urbanos; que tenga el récord también de familias sin hogar (más de 800.000 personas) y que muchos de los residentes carezcan de las calificaciones necesarias para trabajar en una economía del siglo XXI.
Por estas y otras razones, es que proponen que el Estado le eleve los impuestos al porcentaje más rico de la población, para así poder invertir ese dinero en la viabilidad económica a largo plazo de Nueva York para lograr vías de salida de la pobreza, como una educación pública sólida desde la etapa pre escolar hasta la universitaria; invertir en puentes, túneles, líneas de agua, edificios públicos, carreteras, etc., para así producir más trabajo y reducir la desigualdad de ingresos.
El grupo de millonarios presenta el llamado “1% plan for fairness” (plan del 1% para la justicia), el que fue elaborado en conjunto por el centro de estudios Fiscal Policy Institute y la organización Responsible Wealth, que tiene entre sus miembros a 700 de los estadounidenses más ricos, quienes hacen campaña por impuestos más justos y por una responsabilidad corporativa.
Actualmente, en Nueva York, quien gana más de US$ 2 millones anuales, paga sobre esta renta un impuesto de 8,82%. El grupo propone que esa tasa sea aplicada a quienes ganan entre US$ 1 millón y US$ 2 millones.
Sobre ese monto, de acuerdo al plan,el impuesto subiría a 9,35% para quienes ganen entre US$ 2 millones y US$ 10 millones, a 9,85% para los que hagan entre US$ 10 y US$ 100 millones, y a 9,99% para las rentas en exceso de US$ 100 millones. Y esto, según aseguran ellos, elevaría las rentas estatales en US$ 2.200 millones o 1,5 billones de pesos chilenos. Nada mal.