Hemos escuchado tantas cosas que puede ser que estemos un poco perdidos. La reforma a la Educación Superior se viene hablando hace harto tiempo y ha pasado mucha agua bajo el puente, así que es natural que no sepamos para dónde va la gratuidad, qué va a pasar con el sistema de acreditación y con tanta otra cosa más.

Pero este domingo que pasó, la Presidenta Michelle Bachelet anunció por cadena nacional el envió al Congreso de su propuesta de reforma educacional a la Educación Superior, el que se materializó al día siguiente. Al final, el contenido se filtró a los medios, así que podemos contarte con lujo de detalle lo que se empezará a discutir en el lugar de trabajo de nuestros queridos honorables.

Y todo se divide en 5 grandes ejes de modificaciones:

1. Nueva ruta de gratuidad

Como les contamos en diciembre del año pasado, el Gobierno había previsto que el 60% de los estudiantes con menos recursos estudiara gratuitamente en el sistema de Educación Superior para el 2018. Y esa promesa se mantuvo, pero sólo si se cumplen ciertas condiciones.

Hasta ahora, alrededor del 50% de los alumnos con menos recursos pueden optar a la gratuidad, y luego se irá aumentando paulatinamente. Para que el alcance suba a 60%, será necesario que los ingresos estructurales del PIB tendencial (en castellano: la estimación de crecimiento a largo plazo de nuestra economía según un grupo de expertos) lleguen al 23%, es decir, alrededor de un punto porcentual más que el que tenemos ahora.

Para llegar a una cobertura del 70%, este tendrá que llegar a 23,5%; para el 80% se necesitarán unos ingresos estructurales del 25,5% del PIB y para el último decil se requerirá un aumento de 29,5%. En La Tercera, el economista Patricio Rojas comenta que “hoy los ingresos estructurales como porcentaje del PIB están cerca del 22%, por lo que los requisitos que pone para avanzar en deciles son altísimos. Llegar al 29% es un esfuerzo enorme”, así que quizás no sea todo tan color a rosas.

Eso sí, la Mandataria también propuso que por ley “no se pueda volver atrás con la gratuidad”. Es decir, que esta promesa quede instaurada para siempre y que no dependa del presupuesto anual (que es como se llevó a cabo el año pasado).

2. Nuevo sistema de acreditación

En la actualidad, una institución de Educación Superior puede funcionar sin estar acreditada o incluso con una acreditación de años inferior a lo que realmente duran las carreras que imparte, ya que acreditarse o no, es voluntario. La nueva reforma busca cambiar eso. Ahora esto estará a cargo de una nueva entidad, pasando de la Comisión Nacional de Acreditación al Consejo para la Calidad en la Educación Superior. Éste estará formado por 11 miembros elegidos por Alta Dirección Pública y estarán sujetos a una serie de reglas de probidad de este sector.

Por otra parte, la acreditación será obligatoria en cinco áreas: gestión institucional; sistema interno de gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación; y vinculación con el medio. Entre otras cosas, esto significa que las universidades estarán obligadas a realizar investigación para poder funcionar. Por cierto, la acreditación será entregada por un plazo de ocho años y contará con tres niveles: A, B y C (yendo de mejor a peor).

Aquellas instituciones que no logren acreditarse, pasarán a una especie de limbo “condicional” en el que podrán estar sólo una vez. Si no logran acreditarse quienes estén ahí, será nombrado un Administración Provisional (es decir, el Estado intervendrá hasta que se mejore la situación). Si esto no se logra en tres años, el plantel deberá cerrar.

3. Sanción al lucro

Si bien a las instituciones de Educación Superior no se les permite lucrar (independiente de si reciben aportes del Estado o no), no existe una figura penal al respecto, ni tampoco sanciones claras. Algo de eso sigue con esta reforma y algo de eso cambiaría. La nueva propuesta contempla penas de hasta cinco años de cárcel para el desvío de fondos en estos planteles, aunque no se tipifica el delito del lucro.

Esto se considerará en aquellas instituciones que reciban fondos públicos, incluyendo Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Además, quienes desvíen fondos para fines que no sean educacionales deberán devolver dicho monto y pagar una multa de hasta el 50% de los fondos que se malversaron: de no ser así, se considerará apropiación indebida (que es lo que comentamos anteriormente que podría llegar a ser castigado con cinco años de cárcel).

4. ¿Nuevo sistema de admisión?

¿Es el fin de la temida PSU? Sobre esto no se maneja tanta información, pero la propuesta considera la instauración de Sistema Común de Acceso a la Educación Superior, a cargo de la subsecretaría de Educación Superior, en vez del Consejo de Rectores (quien se hace cargo de eso actualmente). En la cadena nacional, la Presidenta Bachelet sostuvo sobre este tema que “proponemos un mejor sistema de acceso, más justo, y una revisión del actual sistema de acceso a través de la PSU”. Así que quizás podríamos decirle adiós a esta no-muy-querida prueba de selección.

5. Aranceles regulados para algunos

Lo que cobra cada universidad puede llegar a variar mucho. Mientras que el arancel de algunas bordea los dos millones de pesos, en algunas esto puede superar los cuatro millones. Y si bien, esto está sometido a una serie de factores como la calidad, infraestructura, investigación, y otros, también es un dilema para muchos alumnos que no cuentan con el dinero para pagarlo.

Es por eso que la nueva reforma propone regular el arancel de aquellas universidades adscritas a la gratuidad o en el caso de aquellos alumnos que reciban aportes de becas estatales. Sobre este asunto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que “las universidades de mayor calidad evidentemente son más caras, pero tenemos que hacer un ajuste en una situación que está completamente desregulada, que sólo la ha manejado el mercado”.

La fijación de precios también ha sido un tema controversial y hay quienes creen que "esto afecta la autonomía de las instituciones en crecimiento y desarrollo, y hace competir a universidades jóvenes con otras que tienen más de un siglo”, como comentó en La Tercera el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas.

¿Qué dice Educación 2020? 
La organización top en temas de educación subió a su página los seis puntos indispensables que se deberían discutir sobre la Educación Superior en este momento. Este es su manifiesto al respecto: 
1. Acceso: la admisión a la educación superior debe ser inclusiva, reconociendo las particularidades de la educación universitaria y la técnica profesional y creando un Sistema Único de Admisión obligatorio. Se requiere aumentar la ponderación del ranking de notas y replantear el excesivo protagonismo de la PSU, evaluación que debe ser revisada para reducir sus sesgos (género, nivel socioeconómico). 
2. Institucionalidad: El sistema requiere de una institucionalidad estatal que facilite su organización y la articulación de sus políticas públicas, y garantice el cumplimiento de normas comunes. Las anunciadas Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, junto con el Marco Nacional de Cualificaciones, son un importante avance en esta materia. 
3. Educación Pública: La educación pública es esencialmente estatal y el Estado debe prestarle especial atención. No estamos ante un sistema mixto si sólo el 14% de la matrícula superior corresponde a instituciones estatales. Urge revisar la burocratización de estas instituciones, aumentar su matrícula trabajando en la retención de estudiantes y favorecer redes entre ellas (colegios públicos y CFT y Ues estatales). 
4. Financiamiento: La gratuidad es un avance pero no cambia la lógica de financiamiento a la demanda en la educación superior. Es imperativo crear una nueva estructura de financiamiento, que combine aportes basales y variables, determinados por una fórmula objetiva, orientados a resultados y recogiendo la perspectiva territorial. 
5. Articulación: se necesita un sistema articulado horizontal y verticalmente. Esto se logra facilitando la movilidad de estudiantes entre carreras, instituciones e incluso entre Ues, IP y CFT. El anuncio de la creación de un Marco Nacional de Cualificaciones es un avance, que debe considerar tanto la opinión de los colegios profesionales como las expertises de la educación media técnico profesional. 
6. Calidad: El sistema de acreditaciones requiere avanzar hacia un verdadero sistema de aseguramiento de la calidad obligatorio para todas las instituciones de educación superior y a cargo de una agencia estatal. Para igualar hacia arriba es necesario definir estándares mínimos de funcionamiento, que garanticen la sustentabilidad, calidad y pertinencia de las carreras impartidas.

¿Qué te parece este proyecto? ¿Qué otro tema te parece que se debería incluir en esta discusión?