El 2015 fue un año agitado para la política. Como nunca, vimos una procesión de políticos acudiendo a los tribunales de justicia para declarar a propósito de una serie de prácticas irregulares o ilegales, en su mayoría relacionadas con el financiamiento irregular para sus campañas electorales, que en algunos casos podrían constituir delito de corrupción. Aunque esto  no signifique que todos los políticos son corruptos, es evidente que el actuar de algunos termina arrastrándolos a todos en un mismo saco.

Por lo mismo, no es de extrañar la mala evaluación con la que terminaron el año los partidos políticos. Según la última encuesta Adimark, el promedio de aprobación de estos no supera el 30%, mientras que la encuesta CEP señala que la aprobación de la Nueva Mayoría y la Alianza no superan el 13 y 10% respectivamente. De hecho, la misma encuesta establece que el 72% de los votantes no se siente identificado con ninguno de los dos grandes bloques políticos.

Sin embargo, esto podría cambiar. Y es que a fines de abril del año pasado la Presidenta Michelle Bachelet anunció en cadena nacional el envío de un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos de Chile. En la instancia, la Mandataria calificó los cambios como “severos” y destacó que “esta será una de las reformas que marcará el legado de mi Gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor de ningún tipo. Porque sé que no habrá desarrollo, democracia, paz social, si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública”.

Nueve meses después, la promesa de mejorar el sistema de partidos se ve cada vez más cerca. Esta semana fue despachado del senado el Proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia, por lo que ahora volverá a la Cámara de Diputados en su tercer trámite legislativo, para que las modificaciones sean revisadas y se espera que esté listo antes del receso legislativo de febrero.

Hasta ahora, son cinco los principales ejes que modificarán el panorama de las colectividades políticas y aquí te los explicamos.

1. Nuevo sistema de financiamiento

Recordemos que hoy en día no existe financiamiento permanente por parte del Estado a los partidos políticos, sino sólo financiamiento de campañas electorales de acuerdo al número de votos obtenidos por cada candidato. Esto empuja a los partidos a recibir donaciones privadas y realizar negocios para pagar sus cuentas, lo que posteriormente genera conflictos de interés durante la votación de leyes.

La nueva regulación comprende un aporte estatal destinado a los partidos políticos debidamente constituidos. Este equivale a un monto anual que superará los $6 mil millones y cuyo 20% se distribuirá de manera equitativa a cada entidad, en función del número de regiones en el que estén constituidas, mientras que el resto será repartido en función de la representación parlamentaria de cada partido.

Lo anterior ha resultado polémico, pues deja afuera a partidos sin parlamentarios, pero con alcaldes o concejales, por ejemplo, que suele ser el caso de los partidos emergentes.

En cuanto a los aportes privados, aún se permitirán las donaciones anónimas, pero no podrán ser realizadas por personas jurídicas (es decir, empresas u otro tipo de sociedades), sino que sólo serán a través de personas naturales (por ejemplo, Juan Pérez).

Las donaciones a partidos, desde las personas que no estén afiliadas a ellos, no podrán superar las UF 300 ($7.500.000). En tanto, quienes pertenezcan al partido podrán aportar hasta UF 500 ($12.500.000).

Respecto al financiamiento de campañas políticas, se redujo el monto máximo de aporte por persona, quedando en UF 30 ($ 750.000) para senadores y UF 20 ($ 500.000) para diputados y alcaldes. Esto corresponde a un cambio drástico, ya que la regulación actual permite sumas de hasta UF 1.250 ($ 28.644.475) en el caso de senadores y diputados.

Así también, se aumentó el monto que financia el Estado a través del Servel a las campañas políticas, en función de la cantidad de votos que hayan obtenido. De esa forma, la cifra pasó de UF 0,03 a UF 0,04 multiplicada por cada voto válidamente emitido a favor del candidato correspondiente.

2. Nuevas exigencias

Como ahora entró en juego el financiamiento público a los partidos, si estos quieren acceder al aporte, deberán cumplir con una serie de requisitos. Además, se instauraron un par de exigencias para la creación y la mantención de estos.

Así, para poder constituirse como partido político, estos deberán reunir un número de firmas equivalente a por lo menos el 0,25% de los votos válidamente emitidos de la última elección de diputados en las regiones donde estén buscando constituirse como partido. Esto, en el fondo, se mantiene sin cambios respecto a la ley actual; sin embargo, durante la discusión en la Cámara Baja, se había aprobado aumentar la exigencia a 0,5% de los votos, generando un fuerte rechazo en varios sectores, los que argumentaban que de esa forma se estarían subiendo las barreras para dificultar el ingreso de nuevos actores. De esa forma, el Senado restituyó la fórmula a 0,25% nuevamente.

Otra medida cuestionada por las mismas razones, se refiere al número mínimo de regiones en que un partido puede constituirse. Actualmente, un partido en formación puede constituirse en tan solo una región, dentro del plazo impuesto por el Servel para reunir las firmas necesarias. Sin embargo, con la nueva normativa, los partidos deberán estar constituidos en a lo menos tres regiones contiguas u ocho regiones a nivel nacional.

Lo anterior podría poner en jaque a los partidos regionalistas, ya que, por ejemplo, el Partido Regionalista de Magallanes podría no convocar a la misma cantidad de gente en otras regiones.

En tanto, para mantenerse como partidos, estos tienen que obtener a lo menos cuatro parlamentarios o sacar el 5% de los votos de la elección parlamentaria anterior (al igual que en la regulación actual)en las regiones donde estén constituidos.

Por otra parte, se extendió el período de precampaña para las candidaturas presidenciales a 200 días antes de la elección. Esto, en contraste con ese supuesto mes que se le dedicaba a este período antes de las votaciones (y que en varias ocasiones no se respetaba). 

3. Nuevas sanciones

Uno de los temas principales de la nueva regulación de “Fortalecimiento y transparencia de la democracia”, es el endurecimiento de las sanciones a quienes infrinjan la ley. Ahora, los políticos que reciban aportes de empresas o personas jurídicas podrán arriesgar presidio menor en su grado mínimo a medio (es decir, de 61 días a 3 años).

Además, se estableció una multa que equivale al triple de lo obtenido a través del incumplimiento de lo contemplado en la ley. Y como si fuera poco, quienes sobrepasen el 25% del límite del gasto electoral permitido, se arriesgarán a perder su cargo, siempre que la suma sea superior a UF 100 ($2.500.000).

En parte, la “nueva mano dura” se explica porque ahora los partidos constituirán personas jurídicas de derecho público, por lo que ahora deberán adscribirse a una serie de nuevas regulaciones, como por ejemplo, que las directivas sean elegidas de forma democrática (algo que no ocurre en todos los partidos). Esto cambia rotundamente el escenario actual, en donde la mayoría de las decisiones al interior de las agrupaciones políticas se llevan a cabo de forma privada.

4. Nuevo rol del Servel

Además de las facultades con las que ya cuenta el Servicio Electoral, ahora estará habilitado para destinar a uno o más de sus funcionarios a presenciar las elecciones internas de los partidos políticos. De esta manera, podrán funcionar como ministros de fe en caso de alguna presunta irregularidad.

También, el organismo tendrá la posibilidad de dictar sanciones a las colectividades que incurran en irregularidades, además de poner fin al acceso a financiamiento público y, en última instancia, disolver el partido.

5. Nuevas cuotas de género

Con 22 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, el senado aprobó la moción que establece que ninguno de los dos sexos podrá superar el 60% de presencia en los órganos internos de un partido.

La idea de esto es equiparar los géneros en término de representatividad al interior de los partidos. Algo que tiene sentido si se considera que las mujeres constituyen más del 52% del padrón electoral, pero no alcanzan el 22% de representación en las mesas directivas de los partidos, y sólo participan en un 15,8% de los cargos legislativos.

Al respecto, la senadora Isabel Allende (PS), quien impulsó esta medida durante la discusión, sostuvo que "las mujeres estamos sub-representadas, es cosa de ver lo que pasa en esta Sala, por eso queremos mejorar la participación”.

¿Qué te parecen las nuevas regulaciones? ¿Crees que mejoran o empeoran la situación?